El abogado Martín Plaza, de la Asociación de Pensamiento Penal, planteó que ni las fiscalías penales ni el Ministerio de Seguridad de la provincia están tomando medidas ante las denuncias de violencia policial realizadas por hechos cometidos durante la cuarentena. 

Destacó la situación de José Mercado, quien perdió un ojo luego de que policías de General Ballivián lo golpearan y le dispararan con balas de goma en el rostro, a muy corta distancia. También refirió el caso de Rodolfo Churquina, a quien le dispararon en una pierna durante el desalojo del asentamiento que estaba en el ingreso de barrio Solidaridad, que se conoce como Primera Etapa y también como barrio Sanidad.

Plaza, junto al abogado Josué Díaz Cueto, son querellantes en la denuncia por José Mercado. "Primero denunció la madre el 22 de mayo, cuando José estaba internado, después interpusimos la ampliación de denuncia con el relato de él en la Fiscalía de Embarcación. Hasta la fecha no fue apartado de la fuerza ningún policía. La fiscal Gabriela Souto se comunicó con nosotros mostrando buena predisposición, dijo que iba a imputar al jefe de operativo pero eso no ocurrió", explicó Plaza.

En su denuncia, Mercado relató que estaba con sus hijos de 4 y 6 años en la vereda. Ya había visto pasar a los policías frente a su casa, pero dijo que no le habían advertido que entrara. Relató que cuando un móvil frenó de forma repentina entró junto a sus hijos a la vivienda y cerró con un alambre un portón de madera. "Un policía se baja, y sin dar ninguna explicación salta con una patada pegándole al portón, destruyéndolo, violentando mi casa como si tuviera una orden de allanamiento", recordó el joven. 

Dijo que entre dos policías lo sacaron "rameándolo" para afuera y lo golpearon y le dispararon a menos de un metro en el rostro. Su hijo de 6 años presenció los hechos. Sostuvo que estaba levantando las manos para que lo lleven sin oponer resistencia. "Yo quería que me lleven si me tenían que llevar, el policía me miró a la cara, yo lo miré y él me disparó a la cara. Ahí sentí el impacto, caí en el suelo y le decía 'me arruinaste la vida delante de mis hijos'". 

Mercado contó que hubo vecinos y vecinas de testigos, de hecho, amigos del joven arrojaron piedras al móvil policial para evitar que se llevasen a Mercado. El joven se descompensó. "Desperté en Salta, con el oculista que me dijo que perdí el ojo izquierdo y que iba a poder recuperar de a poco el derecho. Ahora veo borroso con el derecho. No tuvimos ninguna comunicación con la Fiscalía de Tartagal ni de Embarcación, ninguna se comunicó con nosotros", expresó Mercado. 

Plaza dijo que cuando ocurrió este hecho que se conoció en los medios "el Ministerio Público Fiscal sacó un parte de prensa diciendo que fusionaron dos fiscalías para investigar este caso, la de Embarcación a cargo de Souto y la Fiscalía de Graves Atentados contra las personas, de Tartagal, a cargo de Pablo Cabot. Decían que iban a investigar, pero no habían consultado a la familia", indicó el letrado.

El letrado sostuvo que hasta el momento las fiscalías no han identificado a los policías denunciados. Dijo que Mercado los puede identificar en una rueda de reconocimiento. "Hasta la fecha no apartaron a ningún policía. El Ministerio de Seguridad no inició un sumario administrativo", sostuvo.

"No han avanzado en nada. Uno espera que hablen con las familias. Y que se aparte a los policías. No hubo ni audiencia de imputación. Una investigación de estas características no requiere grandes medidas de pruebas", afirmó Plaza. Añadió que la identificación de los uniformados no es tan difícil en un pueblo chico como General Ballivián. De hecho, el policía que hizo los disparos fue identificado con nombre y apellido por parientes de Mercado. 

En relación a este hecho también tomó intervención la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que tiene a María Morales My como representante en Salta. La Fiscala Souto habría informado a Morales My que los policías están con "licencia extraordinaria", sin embargo, el dato se contradice con el hecho de que no estén identificados y no haya ningún imputado.

Herido en un asentamiento

La otra causa que no avanzó tiene que ver con la denuncia realizada por las hijas de Rodolfo Churquina, de 52 años. "Cuando empezó la toma de terrenos de Solidaridad fue una de sus hijas a querer asentarse. Primero eran 20 familias, después eran más. Cuando empieza a desalojar la Policía el 24 de mayo, el padre fue a buscar a la hija que no había logrado ni asentar la carpa, ve como un policía la empujó, él se interpuso. La policía lo empujó, le pegaron, y le dispararon", relató Plaza.

Churquina tiene una herida en la rodilla de 7 centímetros de profundidad. "No puede caminar, en el hospital le dijeron que van a esperar a que se reconstruya el tejido para una operación. Me sorprende que los perdigones de goma hayan generado eso. Las hijas recogieron cartuchos de perdigones. Pediremos la historia clínica. Uno aunque no sea médico ve que su situación de salud es complicada y que podría no volver a caminar. Estuvo internado hasta esta semana", detalló el letrado.

Plaza dijo que van a ejercer la defensa de Churquina porque, luego de que fue gravemente herido, se lo imputó por "usurpación y violación al artículo 255 (que prevé sanciones para quien viole la cuarentena), está con detención domiciliaria y con consigna policial fija". 

El abogado anunció que este viernes denunciarán lo ocurrido con Churquina en la Fiscalía de Derechos Humanos. "Cuando las hijas fueron a realizar la denuncia en la Comisaría de Solidaridad no se la quisieron tomar. En la Comisaría 1 las tuvieron varias horas, a la 1 de la mañana les tomaron la denuncia. No sabemos si le dieron curso, tienen un plazo de 5 días para elevar a la Fiscalía. O tal vez sí lo hicieron y la Fiscalía no hizo nada, porque no se notificó hasta el momento a las hijas.  Se pedirá que se remita si es que hubo actuaciones en la Comisaría".

La Asociación de Pensamiento Penal y la agrupación HIJOS vienen relevando los casos de violencia policial durante el aislamiento social, preventivo, obligatorio. "No hubo respuesta en otros casos que denunciamos. No hubo imputaciones, apartamientos, prisión preventiva, no se citó a la víctimas, no hubo ningún movimiento administrativo judicial en relación a las causas de estos días. Tampoco se tomaron medidas de prueba ni se citaron a declarar a los policías o comisarios responsables de las dependencias", sostuvo Plaza. 

El abogado aclaró que estos delitos cometidos por la Policía "son de acción pública, es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal investigar. Todos los casos tomaron estado público".  También dijo que es "urgente" que el procurador general tome medidas sobre la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Vilar Rey, que "está para investigar estos casos", sin embargo, el abogado planteó que no está avanzando.

"No hay que perder de vista el racismo y violencia institucional que pasa a nuestro lado y mientras no siga en agenda en los movimientos sociales y partidos políticos va a seguir sucediendo", expresó Plaza.