Finalmente la Honorable Legislatura de Tucumán dio sanción a la adhesión a la Ley Nacional que conocemos como Micaela. El primer proyecto del 2020, precisamente el 3 de enero, lo presentó la legisladora Sara Alperovich acompañada por el legislador Julio Silman. Además habilitaron el diálogo entre el padre de Micaela García y el vicegobernador Osvaldo Jaldo para destrabar el ingreso al recinto, luego que fuera quitado del Orden del Día de tratamiento legislativo el 14 de mayo. La charla con el padre de Micaela posibilitó políticamente su ingreso al recinto y su votación mayoritaria a favor. Afuera de la legislatura la Multisectorial de Mujeres con la histórica Casa de las Mujeres Norma Nassif y otros espacios hacían la vigilia para que la ley saliera.

Posterior a la votación las redes sociales se llenaron de mensajes con la palabra “celebramos”, como si esta adhesión bastara para olvidar que en ese mismo recinto se intentó prohibir el acceso a la interrupción del embarazo en niñas y mujeres violadas, mediante una ley provincial. (Curiosamente su autor hoy es funcionario nacional en el gobierno del compañero Alberto Fernández. Pero sería largo si abordáramos lo selectivo de las indignaciones locales). El mismo recinto en el que legisladores y legisladoras hablan de “Ideología de género” sin ningún pudor cuando hay acabadas muestras de que legislan siguiendo los dictámenes de espacios confesionales.
Esperamos que la adhesión a la Ley Micaela se transforme en una bisagra que habilite otras deudas pendientes como la adhesión de la provincia a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), el tratamiento con su correspondiente adhesión a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), la propuesta local de la Ley para Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti, entre otras. Las primeras capacitaciones de la Ley Micaela fueron anunciadas para junio de este año. ¿Serán incluidas ESI y (SSyR) en los contenidos que se impartirán en el marco de la aplicación provincial de la ley?
La aplicación de la Ley Micaela debería ser fundante de un nuevo Estado, uno que al incluir la perspectiva de género revisara y erradicara prácticas como la vivida por la abuela, madre y tías de Facundo Ferreyra, quienes fueron revictimizadas en una conferencia de prensa local en la que las autoridades provinciales, lejos de buscar justicia por el niño asesinado, entretejieron todas las estigmatizaciones sobre el niño que soñaba con jugar al fútbol. También fueron objeto de ataques en la cadena nacional del horror. Ese ministro de Seguridad provincial es el mismo que en estos días, en relación al crimen de Luis Espinoza (desaparecido en el contexto de una represión realizada por la policía de Tucumán), dijo que el hallazgo del cadáver de Espinoza "lastima" a la Policía de Tucumán.
O como la que padecieron Margarita Mamani y las comuneras de El Mollar, quienes fueron reprimidas y violentadas por las fuerzas policiales provinciales cuando realizaban un bloqueo parcial para impedir que ingresaran vehículos foráneos a los Valles Calchaquíes. Bloqueo que contó con la adhesión del intendente de Tafí del Valle y otras comunidades originarias de los valles. Un bloqueo no muy diferente al que se realizó en otros lugares del país como en Pinamar, para evitar que la cuarentena fuera el veraneo de algunos. Pero la violencia desatada contra Mamani y las mujeres originarias no fue casual, eran ellas las que sostenían una cuarentena comunitaria y garantizaban que provisiones, medicamentos y recursos ingresaran al valle, logrando que sea el único lugar en la provincia sin casos de coronavirus. Las mujeres de los valles conocen bien, son el sostén de los cuidados y tomaron las riendas para garantizar que no se expandieran los contagios en sus comunidades. El Estado les agradeció con golpes y causas judiciales. Los veraneantes se impusieron no sólo aislando a Margarita y a las mujeres de su comunidad, también haciendo saber que no estaban dispuestos a perder un solo día de descanso en los valles, y para eso cuentan con las dos instituciones que no han sido democratizadas y para las cuales las mujeres organizadas son motivo de preocupación: la Justicia y la Policía.
La aplicación de una ley que sensibilice y cimente la importancia de la perspectiva de género en el Estado, debería posibilitar que nuestro terruño cuente con otra calidad de atención, de gestión y por sobre todo con un Estado verdaderamente presente. Los femicidios y transfemicidios ocurridos en la provincia tienen en algún pasaje de su recorrido previo, la deficitaria atención en comisarías, intervenciones de áreas del Estado que conocen al dedillo sobre “sexo, género y sexualidad” pero en su atención reproducen microviolencias, la ausencia de trabajadoras/es con formación, carentes de recursos, la precarización de lxs trabajadoras/es. Con todo esto, la perspectiva de género sólo podrá echar raíces en el Estado si cuenta con presupuesto y con un rediseño institucional.
Es un panorama complicado, hay muchos factores que van a tener oscilaciones protagónicas, como el avance de la movida punitivista (cuyas referentes se autoperciben como feministas), que se suma a las otras manifestaciones fundamentalistas que existen en la provincia, y que juega un rol central al traccionar a los movimientos feministas, de mujeres, de diversidad hacia las internas partidarias que efervecen en la provincia. Comunicados condenando a un vicegobernador mientras se camufla bien la responsabilidad del Ejecutivo en todas las violaciones a los derechos humanos antes mencionadas. Abundan los ejemplos que muestran cómo se montan operaciones sobre algunos antiderechos. Otros quedan resguardados de los montajes de escraches. Serán estas sommeliers del punitivismo las que participarán de la aplicación de la Ley en la provincia?
Hay una frase que dice “los ejemplos no son pruebas”, quizás por eso de los dos lados del mostrador...celebran.

*Biblioteca Popular de Género, Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos.