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Una fiscal y profesora de Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Córdoba fue denunciada ante el Inadi “por los actos discriminatorios expresados en el Manual de Derecho de Familia” que usa como bibliografía obligatoria en su cátedra. Alicia García de Solavagione, fiscal en lo Civil, Comercial y laboral en proceso de jubilación, tiene a su cargo la cátedra de Derecho Privado VI, una materia que, según la denuncia, "es central en la currícula y formación de lxs estudiantes de Abogacía". En el libro, que compila escritos de ella y otros integrantes del cuerpo docente, se hacen “afirmaciones absoluta y claramente discriminatorias” sobre el matrimonio igualitario, considera como patologías las identidades trans, critica consensos internacionales y nacionales en temas de derechos humanos, y manipula nociones de filiación y de identidad de género para fomentar la discriminación de las familias de la diversidad, a las que tilda de ilegales, entre otros detalles.
El manual es un volumen de casi 900 páginas por la editorial Advocatus en 2016, lleva textos de la propia García de Solavagione, del coordinador de la cátedra, José Luis Báez, y los docentes Martín Andrés Flores, Mariano Frulla, María Julieta Rojo Cantos y Agostina Tula. Según explica la titular de la cátedra en el prólogo, es "el resultado de cuatro años de reflexión en proyectos de investigación, seminarios, conferencias, clases de grado y pos grado" y "abarca la totalidad de la materia" tal como se imparte, con un enfoque "objetivo y fundamentado, conforme la concepción familiarista".
En 2016, poco después de editado, fue declarado "de interés legislativo por el Concejo Deliberante" de la capital cordobesa. Como la cátedra misma, el de García de Solavagione es uno de los nombres más tradicionales en esa casa de estudios, que desde 2018 no casualmente tiene como decano a Guillermo Barrera Buteler , integrante del think tank antiderechos Academia del Plata y quien firmó el fallo por el cual en Córdoba, durante años, no se aplicó el protocolo de aborto no punible.
El libro denunciado asegura, por ejemplo: “si las relaciones homosexuales hoy son aceptadas, ello no implica que estén absolutamente legitimadas. La sociedad puede hacerse más tolerante y no penalizar las conductas homosexuales, y con ello evitar la discriminación. Pero la tolerancia no cambia la realidad. Ni siquiera la legalización de determinadas conductas, utilizando la ficción jurídica. El orden público atiende a los datos de la realidad y a la biología. La sociedad está en su derecho a proteger determinados modelos de matrimonio que están acordes con los datos biológicos". Por eso, asegura que "aunque existen ciertos argumentos para excluir a los homosexuales de ciertas formas de protección jurídica", Argentina, al sancionar el matrimonio igualitario "perdió una oportunidad histórica de sancionar una muy buena ley de unión civil para parejas de igual o diferente sexo, inclinándose por injertar dentro de un estatuto conyugal para personas heterosexuales un matrimonio entre personas de igual sexo, que tiene severas contradicciones constitucionales".
La denuncia radicada por Martín Apaz, presidente de la ONG cordobesa Devenir Diverse advierte que usar bibliografía como esa en la Universidad, “máxime al tratarse de un material de lectura básica y obligatoria como lo es un manual, que constituye el primer acercamiento de las estudiantes de Abogacía a la temática” constituye “un acto de discriminación en la formación de lxs abogadxs”.
La presentación, que contó con el testimonio de la abogada Marisa Herrera y la adhesión de diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez (FdT), advierte sobre la gravedad de que las y los abogados en Córdoba se formen con una perspectiva discriminadora, y que ignora que “las grandes reformas legislativas” de los últimos años, en particular desde la nueva definición de matrimonio civil y la ley de identidad de género, “han permitido ampliar dd en clave de igualdad y no discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad y expresión de género”.
Otros de los textos sostienen que la ley de identidad de género atenta contra el matrimonio, entre otras cosas, porque no considera que la identidad trans sea una enfermedad. "Es altamente cuestionable (…) que no se haya previsto ningún recaudo para averiguar la condición física o de salud" de quien solicita al Estado el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. "Solo los profesionales especializados (médicos, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos, etc.) pueden determinar si un individuo padece disforia de género, única posibilidad aceptable para iniciar el proceso judicial de rectificación de partida . Sucede que los mentores de la ley entienden que no se está rente a una patología, sino que obedece a una vivencia personal”, dice el Manual.
No son, sin embargo, los únicos pasajes puestos bajo la lupa en la presentación.
Denunciar el contenido del Manual no implica limitar la libertad de expresión, advirtió la presentación de Apaz. Se trata, en cambio, de dejar en claro que “en un Estado constitucional y social de Derecho no se puede admitir y avalar este tipo de actitudes académicas que, abiertamente, violan derechos humanos y atentan contra una sociedad democrática". “Enseñar derecho constituye una gran responsabilidad ética y ello conlleva hacerlo en el marco de la legalidad. Máxime en un contexto como el que promueve la denominada ley Micaela”, de capacitación y sensibilización obligatorias en perspectiva de género para funcionarias y funcionarios públiques.
La presentación contó, también, con adhesiones de funcionaries y organizaciones de la sociedad civil , como el director del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la socióloga y asesora presidencial Dora Barrancos, centros de estudiantes universitarios, y referentes de organizaciones de la diversidad sexual, entre otres.
