"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de llegar a una solución. Pero esa solución tiene que garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro. No nos hemos encerrado en dogmas ni en actitudes tercas, el acuerdo no debe hipotecar el futuro de Argentina", dijo este viernes el presidente, Alberto Fernández, en declaraciones televisivas.
La actual etapa de negociaciones con los bonistas para reestructurar la deuda externa bajo legislación extranjera cierra el próximo 12 de junio. Se rumorea que la diferencia entre la oferta del gobierno y la de los bonistas ronda entre un 7 y un 10 por ciento del valor neto de los bonos.
El gobierno avanzó hasta un 47 por ciento de oferta en relación al valor total previsto en los títulos en capital e intereses, mientras que los acreedores reclaman un número algo inferior al 57 por ciento. En el gobierno esperan llegar a un buen nivel de aceptación alrededor de un valor presente neto del 50 por ciento que permita cerrar una primera etapa del canje y seguir negociando con los tenedores más duros.
“Sería como si Macri hubiese emitido la mitad de la deuda que tomó”, grafica una fuente allegada al gobierno nacional en relación al impacto del acuerdo de reestructuración cerrado en un 50 por ciento del valor presente neto de los bonos. El acuerdo al que podría llegar el Ejecutivo con los bonistas implica una sustancial quita en los intereses comprometidos, mientras que el capital que asciende a unos 66 mil millones de dólares no se afecta de sobremanera. El paso posterior al canje con los privados es el acuerdo para refinanciar los 44 mil millones de dólares que el FMI prestó en 2018/2019.
Las posiciones se acercaron considerablemente en relación a las ofertas originales. Si bien no hay documentos formales que demuestren las pretensiones de los bonistas, se estima que la posición inicial en torno al 75 por ciento del valor presente neto que querían los bonistas ya está 20 puntos abajo, cerca del 57 ciento, mientras que el gobierno se estiró de un 35 a un 45/47 por ciento. En este último caso, parte de la mejora vino con la presentación de una “oferta revisada” de parte del ministro Martín Guzmán, que redujo en un año el período de gracia (de tres a dos años), entre otras cosas. Adicionalmente, se añade un título en dólares con vencimiento en 2034 que paga un cupón del 1 por ciento desde 2022. En el mercado aparece la idea del cupón PBI como un elemento que los bonistas quieren que se incluya en la oferta.
Los próximos días serán de intensa negociación. Guzmán tiene el mandato político de llegar a un acuerdo y las ganancias de los títulos públicos nacionales en el mercado financiero dan cuenta de la expectativa del acuerdo. Sin embargo, entre los bonistas está Blackrock, que tiene férrea oposición a la postura argentina. En cambio, otro grupo de bonistas como Fintech, Gramercy y Greylock estarían más cercanos a la posición del ministro.
El cierre en el 50 por ciento del valor presente neto tomó fuerza con la declaración del Fondo Monetario Internacional (FMI), que dejó entrever que por encima de esa suma sería difícil mantener la "sostenibilidad" del acuerdo. Se trata de una declaración más bien política, porque con el grado de incertidumbre sanitaria, en la macroeconomía nacional y en las finanzas globales, la "sostenibilidad" es un rótulo difuso. La posición del FMI marca la cancha de la negociación porque muestra que habría apoyo posterior para acordar un plan de refinanciamiento de la deuda con el organismo. Ese apoyo es indispensable para que el país cuente con los dólares para pagar a los privados.
Ahora, la intención del gobierno nacional es mejorar sustancialmente el grado de aceptación de la propuesta del canje. Se estima que el primer cierre de la negociación cosechó un grado de adhesión de apenas el 18 por ciento de los bonistas. Ese número tendrá que subir hasta una franja del 60 por ciento en promedio para que el gobierno pueda reasignar bonos con porcentaje de aceptación del 75 por ciento y dar por cerrados algunos tramos del canje. Por debajo del 75 por ciento de adhesión promedio, volvería a resurgir el problema de los holdouts, que hizo célebre al juez Thomas Griesa de Nueva York.
Un factor adicional que le juega al gobierno como motor para llegar a un acuerdo es la creciente presión en el mercado cambiario, que se refleja en las nuevas medidas del Banco Central para restringir aún más el acceso a los dólares, lo cual promete tener efectos negativos sobre la inversión y los precios.
