El juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño que pague a artesanos un subsidio de diez mil pesos mientras perduren las medidas e aislamiento que les impiden trabajar sobre la calle Perú. El fallo llega después de meses en los que distintos colectivos de artesanos le reclamaron al Gobierno porteño alguna forma de continuar vendiendo sus productos como -por ejemplo- de manera online por una web oficial. Al no tener respuesta, algunos de ellos acudieron al Poder Judicial.
Cuatro integrantes del colectivo de artesanos y manualistas de la calle Perú hicieron una presentación el 18 de abril y la causa recayó en el juzgado de Gallardo. En un escrito, sus abogados indicaron que "la suspensión obligatoria de sus actividades (…) genera un daño grave en sus ingresos y pone en riesgo la vigencia de derechos básicos a la vivienda, la salud y a la alimentación". También advirtieron que "debido a la gravedad de la situación actual, se adoptaron diversas medidas, como el Ingreso Familiar de Emergencia dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, y el aporte único extraordinario del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, pero los artesanos no pudieron acceder a dichas asignaciones, en el primer caso por existir omisiones y/o errores en la base de datos de la ANSES, y en el segundo caso, porque el aporte incluye sólo a los titulares del Programa de Atención para Familias en Situación de Calle y no abarca a los trabajadores artesanos y manualistas".
De hecho, previo a la acción judicial, los artesanos habían intentado conseguir una respuesta de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Según señalaron en un comunicado artesanos de Plaza Francia hace algunas semanas, presentaron ante el Gobierno porteño "un sinfin de documentos" por la situación de 3000 trabajadores y trabajadoras. Pedían, entre otras cosas, una entrega de un bolsón alimentario, créditos blandos para volver a producir tras el parate y que generaran una plataforma digital para vender online mientras dure la cuarentena.
Sin una solución pautada desde el Ejecutivo, todo terminó en el Poder Judicial, que tuvo su primer fallo. El juez Gallardo consideró que "resulta indispensable tomar medidas de excepción destinadas a la población en situación de extrema vulnerabilidad social para mitigar la actual coyuntura económico- social y facilitar el acceso a los bienes y servicios básicos". El magistrado consideró que "el Estado (ya sea el local o el nacional) no puede dejar abandonada a su suerte a las personas que como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad".
Gallardo, como otros jueces, tiene sus oficinas a la vuelta de la feria de la calle Perú. Describió en su fallo que "en tiempos de covid-19, las mañanas profundizaron su silencio, se ahuyentaron a las decenas de personas que transitaban la calle Perú y el piso se transformó en territorio prohibido para paños que exponen trabajo, obra, dignidad y sustento. Viven de su trabajo, en un momento que el trabajo escasea". "También desapareció la presencia estatal que amortigüe los efectos económicos de la ya angustiosa situación sanitaria", observó el juez. "La venta de artesanías constituye la fuente inobjetable de trabajo y medio de subsistencia del frente actor, como máxima expresión del derecho a trabajar del que gozan y que se encuentra consagrado en nuestra Constitución Nacional (artículo 14)", advirtió.
En el fallo, Gallardo dispuso que el Gobierno porteño deberá pagar a los cuatro artesanos que se presentaron una suma de 10 mil pesos mensuales y "deberá abonar la misma suma a aquellos integrantes del colectivo actor que eventualmente se presenten invocando una situación de emergencia que justifique el otorgamiento de la asistencia extraordinaria cautelar aquí acordada".
La legisladora Lorena Pokoik (FdT) recordó que el pasado 23 de abril había presentado un proyecto de ley para que, justamente, el gobierno de la Ciudad brindase un ayuda económica a las y los artesanos y trabajadores de la cultura porteño. “Nuevamente la justicia tiene que obligar al Jefe de gobierno proteño a ayudar a los que peor la están pasando, apaludimos esta decisión del juez Gallardo”, señaló. Aquel proyecto incluía no solo a artesanos y manualistas (unos 3 mil, según se calcula en la ciudad), también a artistas callejeros e independientes, técnicos y libreros de las diferentes ferias de la Ciudad de Buenos Aires.
“Por más que una ya esté acostumbrada a que Larreta priorice sus negocios personales y no la situación económica de las y los vecinos, no deja de sorprendernos que la legislatura no quiera discutir el proyecto que presentamos en el mes de abril, precisamente para resarcir económicamente a este sector de laburantes que hace prácticamente 90 días que no tienen ingresos”, agregó la diputada.
