La política de precios máximos para combatir la inflación y las medidas del Banco Central para contrarrestar la especulación con el dólar ubican al Gobierno en estado de tensión con buena parte del poder económico y financiero. Industrias alimenticias, automotrices, grandes cadenas de supermercados, importadoras, productores rurales, exportadoras del complejo agropecuario, bancos, agentes de bolsa y fondos comunes de inversión son los actores principales que participan de la pulseada en alguno –o ambos- de esos frentes. El objetivo de las autoridades de domar los precios y controlar el mercado cambiario con instrumental heterodoxo pretende ser alcanzado al mismo tiempo que se busca cerrar un acuerdo sustentable con los acreedores para la reestructuración de la deuda. Todo ello bajo el “paraguas” de la pandemia, que da margen para avanzar con iniciativas que en otras circunstancias políticas generarían mayor resistencia, y provoca un hundimiento de la economía como en la mayor parte del mundo.
Si la jugada a tres bandas con los precios, el dólar y la deuda sale bien, como se esperanza el equipo económico, quedarán sentadas las bases para el resto de la gestión del Frente de Todos, con expectativas de un crecimiento a tasas chinas en 2021, cercano al 9 por ciento, y un escenario favorable para las elecciones de medio término. Un triunfo en esos comicios, se animan a proyectar en el oficialismo, reforzaría sus mayorías parlamentarias para cambios estructurales, por ejemplo en materia impositiva. Destacan que Juntos por el Cambio pone en juego mayor cantidad de bancas porque finalizan mandatos que arrancaron con su mejor elección, la de 2017, y eso aumenta las posibilidades del FdT.
En lo inmediato, la instrumentación de precios máximos desde la Secretaría de Comercio Interior para prácticamente todo el universo de productos que se venden en los supermercados mostrará el próximo jueves su resultado más exitoso. Ese día el Indec informará que la inflación de mayo fue menor al 2 por ciento por segundo mes consecutivo. Pasaron 28 meses, casi dos años y medio, desde la última vez que eso ocurrió en la Argentina. Solo que en aquel momento fue apenas una pausa en un proceso inflacionario descontrolado como el que se vivió durante el macrismo, entre devaluaciones y tarifazos.
Pero la novedad más importante del resultado de la inflación de mayo será que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, el más sensible por su impacto en los sectores populares, también estará por debajo del 2 por ciento por primera vez desde diciembre de 2018. De ahí en más los productos de la canasta alimentaria se encarecieron 58,8 por ciento en 2019 y 15,2 por ciento entre enero y abril de este año. El freno que exhibirán en el dato del mes pasado es producto de la efectividad de los precios máximos, que lograron contener uno de los factores más potentes de propagación de la inflación. El éxito, además, se mide en que los supermercados están abastecidos. El principal riesgo de políticas como esa es el faltante generalizado de productos, situación que no se ha producido en esta oportunidad.
El argumento del Gobierno frente a los empresarios es que los precios máximos son una medida de emergencia por el descalabro que causó el coronavirus. Los funcionarios también sostienen que no hay margen para autorizar los aumentos que les piden cuando la demanda está siendo sostenida por los planes de socorro del Estado a empresas, trabajadores y sectores que perdieron sus fuentes de ingresos. En mayo, además, se detuvieron los incrementos en carne, huevos, frutas y verduras, más allá de algún alza puntual por factores estacionales.
Aunque los precios máximos, que retrotrajeron los valores al 6 de marzo pasado, son una acción en la emergencia, el Gobierno avanza con medidas heterodoxas para controlar la inflación que permanecerán cuando pase la pandemia. Por ejemplo, la fijación de precios de referencia en el Mercado Central y la delegación de facultades a provincias y municipios para inspeccionar y sancionar a los comercios que apliquen subas injustificadas. Lo primero que hizo el gobierno de Cambiemos fue desarticular las capacidades regulatorias y de fiscalización del Estado sobre las empresas. Comercio Interior trabaja ahora en la tarea de reconstrucción. También el área de Defensa del Consumidor está desplegando una agenda intensa para combatir abusos empresarios, como ocurrió esta semana con las imputaciones a las aplicaciones de delivery, que derivaban a tribunales de España cualquier queja por problemas con el servicio.
En relación con el dólar, el otro gran desafío que afronta el Gobierno, el Banco Central avanzó las últimas semanas con una sucesión de medidas para neutralizar maniobras especulativas de distinto tipo. Una de ellas involucraba a los importadores, que en el último bimestre compraron 1700 millones de dólares más que los productos que ingresaron al país, en una acción irregular para dolarizarse frente a las expectativas de devaluación que se habían instalado en el mercado. Cuando grandes empresarios expusieron el tema esta semana a Alberto Fernández, el presidente les dijo que le pidan a sus gerentes que reingresen las divisas que se fugaron.
Las terminales automotrices estuvieron entre los sectores que más dólares demandaron antes de las medidas del Central. Las cerealeras y los productores agropecuarios bajaron a niveles mínimos la liquidación de exportaciones y la venta de cosechas. Agentes de bolsa operaron fuerte en el contado con liquidación y el MEP. En la autoridad monetaria entienden que la combinación de resoluciones de su directorio para contrarrestar las presiones devaluatorias y las señales de acercamiento con los acreedores por la reestructuración de la deuda, con gestos contundentes del FMI a favor de la postura argentina, permitieron controlar la situación.
Aunque economistas de la city y medios de comunicación que suelen reproducir los intereses de los bonistas le restaron trascendencia a los apoyos que consiguió el Gobierno en su estrategia de negociación, desde organismos multilaterales hasta premios Nobel de economía, lo cierto es que están teniendo peso para acercar un entendimiento. Ese arreglo intenta ser una plataforma para desarrollar políticas de crecimiento. Es decir, lo contrario a lo que hizo el macrismo cuando le pagó a los fondos buitre, desreguló los mercados financiero y cambiario, aplicó un plan ortodoxo y abrió un endeudamiento inédito para nutrir la fuga de divisas que terminó llevando al país al default.