Un nuevo escándalo de espionaje ilegal involucra al macrismo. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra los ex titulares de la agencia y del ex presidente Mauricio Macri por "producción de inteligencia ilegal" en perjuicio de unas 500 personas, entre periodistas, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios. El escrito se fundamenta en las carpetas con fichas encontradas en una caja fuerte del organismo, confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales, que se dedicó a investigar afinidades políticas y vínculos de quienes se acreditaron para cubrir las cumbres de la OMC y del G-20 realizadas en Buenos Aires en 2017 y 2018, en flagrante violación de lo establecido en la ley de Inteligencia Nacional. 

El lunes, Caamaño presentará la prueba material hallada en la AFI a fines de enero pasado en tres sobres con las leyendas "2017", "Periodistas G20" y "Varios". Se trata de 403 fichas confeccionadas a cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos argentinos y del exterior acreditados para los eventos que luego de la investigación recibían la calificación de verde, amarillo o rojo, de acuerdo al veredicto de la agencia. Entre los considerandos de cada ficha se analizaba su participación en los medios y en las redes sociales con frases como "Siempre con posturas contra el Gobierno", "Hay una foto con Estela Carlotto" o "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista". También había favorables: "Se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio 'Me Gusta' es a la de Laura Alonso", subraya sobre un editor del diario La Nación. 

Además, se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, principalmente empresarios y sindicalistas, confeccionadas con motivo de la Conferencia de la OMC de diciembre de 2017. Estas fichas, muy en el estilo de los servicios de inteligencia, cuentan con la correspondiente fotografía personal y entran en detalles de la vida privada tales como cuentas bancarias, vínculos familiares, propiedades y automóviles a su nombre, participación en sociedades y hasta el salario que percibían sus empleadas domésticas. 

La documentación también incluye informes de inteligencia sobre las organizaciones que planteaban objeciones a los eventos como el Trasnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo "Julio Godio", con varias páginas detalladas sobre sus miembros y sus contactos. Entre las observaciones figuraba su pertenencia a "grupos economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de corte kirchnerista como Página 12". También hay otro informe elaborado a partir de "fuentes propias" -es decir, que tuvieron un informante o un espía que concurrió- sobre un acto del PTS en el Hotel Bauen contra la organización de la cumbre.

Sótanos de la democracia 

A propósito de la reciente denuncia de la AFI sobre el espionaje de mails de políticos y periodistas, el presidente Alberto Fernández sostuvo en La Pampa que "la Argentina no soporta más la miseria del Estado espiando a otros ciudadanos. Y los que han hecho esto en democracia, que se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe". Las afirmaciones del Presidente sirven también para este nuevo caso. "Tengo un compromiso frente a la sociedad argentina, y es que a esos sótanos de la democracia, donde estas miserias se asomaron, los vamos a clausurar para siempre y no vamos a dejar que los recursos de inteligencia del Estado se usen en desmedro de ningún ciudadano argentino, piense como piense", agregó. Añadió un párrafo dedicado a los periodistas, que aparecen como el principal blanco: "la mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el Gobierno no los va a espiar".

Según se detalló en la denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y en la fiscalía de Paloma Ochoa, el origen de semejante trabajo de inteligencia es un documento interno elaborado por el Ministerio de Seguridad -a cargo de Patricia Bullrich-, calificado como "Confidencial", donde adelantaba las locaciones y recursos necesarios para la organización de cada evento. En un anexo, titulado "Criterios para la acreditación de los Medios de Comunicación para la OMC en las Conferencias Ministeriales", establecía los lineamientos a tener en cuenta para otorgar las acreditaciones. Una metodología similar se utilizó meses después para el G-20, evento muy promocionado por la gestión de Cambiemos como su certificado de "ingreso al mundo", en el que Macri lloró de emoción en el Teatro Colón. 

"Las tareas de inteligencia que en ese acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich",   sostiene Caamaño en el escrito. Allí se detalla que a partir del documento interno de la ministra, las autoridades de la AFI que encabezaba Arribas dispusieron la producción de inteligencia ilegal. La Dirección de Eventos Especiales se encargó de la producción de las fichas que eran remitidas a la Dirección Operacional del Area de Contrainteligencia que se encargaba de la evaluación.

"A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos", sostiene la denuncia por la que solicita la indagatoria de los agentes de inteligencia involucrados -de quienes se reserva el nombre-, de Arribas y de Macri como "responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".