La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa en la que se investiga al ex intendente de Rosario de Lerma, Sergio Omar "Topo" Ramos, por el delito de peculado, por el desvío de poco más de $340 mil que la provincia había enviado para la construcción de dos viviendas, en 2013. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal, en su calidad de intendente, Ramos gestionó ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo de Salta el envío de estos fondos en el marco de un Proyecto de Empresa Social destinada a la construcción de casas prefabricadas. 

Este Proyecto se enmarcaba en el Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional que por entonces llevaba adelante el gobierno de la provincia. Según reseñó la Fiscalía, el proyecto fue efectuado por Ramos en su carácter de intendente el 24 de abril de 2013. Como contraprestación la Municipalidad se comprometió a aportar un “espacio físico y la mano de obra para remodelaciones edilicias necesarias”, con el propósito de que los vecinos de esa localidad "cuenten con una vivienda digna y el trabajo mancomunado de unión y solidaridad a través del cooperativismo”.

La gestión municipal recibió un dictamen favorable del entonces coordinador administrativo en el Ministerio de Trabajo provincial, Carlos Enzo Cuellar. La razón fue que iba a posibilitar la “inclusión social a través del trabajo genuino para trece ciudadanos desocupados de la zona”.

El monto de $ 341.715 incluía la compra de maquinarias, herramientas, moldes e insumos para placas, insumos para dos viviendas, elementos de protección personal, mobiliario de oficina, construcción edilicia, capacitación, coordinación de proyecto e imagen e impresión, y fue aprobado por resolución por el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Costello.

Los $341.715 fueron liquidados a la Municipalidad de Rosario de Lerma a través de la cuenta corriente bancaria que ese municipio tiene en el Banco Macro. Se hicieron dos acreditaciones: el 26 de agosto de 2013 la provincia transfirio $250.715 y el 13 de noviembre de ese mismo año remitió $91.000. 

Sin embargo, la obra no se concretó. "De las medidas dispuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se pudo establecer que la obra que debía ejecutarse no fue llevada adelante, ya que en el lugar donde debía concretarse no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra" y tampoco pudo comprobarse que se haya realizado en otro sitio, sostuvo la Fiscalía en el requerimiento de juicio para el ex intendente, que era quien debía rendir estos fondos.

El Ministerio Público Fiscal precisó que esto fue corroborado en una inspección ocular realizada por personal de la División Delitos Económicos y por un testigo que refirió haber efectuado un relevamiento para verificar la obra y que en el inmueble donde debía realizarse no encontró indicios de movimientos de terreno, que debían necesariamente ser llevados a cabo para iniciar la obra.

Además, un integrante de la Cooperativa Edificarg, que debía realizar el proyecto, informó que cavó pozos con pico y pala para el cercado perimetral y que nunca le pagaron por ese trabajo. Añadió que en la actualidad los pozos se llenaron de tierra y que el lugar es un terreno baldío.

También se realizó una auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto, y"pudo establecerse que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelines por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715", sostuvo la Fiscalía.

En la misma línea, se comprobó que el municipio no hizo pagos a la Cooperativa Edificarg, o a alguno de sus miembros o en concepto del proyecto en cuestión.

"Cabe destacar que la responsabilidad final en la ejecución del proyecto era del Municipio de Rosario de Lerma, cuya máxima autoridad detentaba el imputado Sergio Omar Ramos", insistió el Ministerio Público Fiscal. 

En este sentido, reseñó que el 8 de febrero de 2017, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo, informó que esta área financia proyectos de economía social descentralizando los fondos al municipio correspondiente y que “éste último resulta el encargado de la ejecución”, y para estos fines resulta "indiferente" que se haya encomendado esta tarea a una cooperativa de trabajo conformada a ese efecto.

La cartera de Trabajo ratificó posteriormente que al ser librados los fondos al municipio, "es éste el que debe efectuar la rendición de cuentas".

"No pudo acreditarse el destino de los montos que se exteriorizan como abonados por la Provincia de Salta al Ente municipal, ni de los bienes adquiridos por el Municipio para la realización del proyecto referido, a pesar que ellos estaban determinados a cumplimentar un fin específico, habiéndoseles otorgando en consecuencia un destino extraño al que estaban direccionados", concluyó la Fiscalía.