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El diputado estadual por San Pablo del PSL (Partido Social Liberal), Douglas García, es la versión brasileña de Joseph McCarthy. Acaba de desatar una caza de brujas como el senador estadounidense en la década del ’50 contra toda aquella persona que huela a comunista, anarquista o cuestione a Jair Bolsonaro y su gobierno ultraderechista. Se filmó en su despacho de la legislatura paulista para decir que enviaría una lista de casi mil militantes de distintas expresiones de izquierda a la policía, la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso a la embajada de Estados Unidos y los consulados de Washington en su país. Cumplió y los denunció como tales porque los considera terroristas. El 1° de junio ya les había pedido datos a sus seguidores en twitter sobre “algún autodenominado antifacista” para delatar. Su tuit tenía 23 mil me gusta, lo que prueba que discursos como el suyo todavía tienen audiencia en Brasil. En su perfil como parlamentario cita que marchó en defensa de la familia, por la vida de los policías militares y en acciones por la Escuela sin partido y la infancia sin pornografía, las ideas fuerza para la educación que pregona el presidente sin barbijo que definió al Covid-19 como una “gripezinha”.
La gravedad institucional que tuvo la conducta de García, un diputado de 26 años, que graba sus posteos a los gritos y viste de manera informal, le valió la réplica judicial de sus damnificados que empezaron a denunciarlo. Danilo Araújo, un estudiante de Historia que participó del acto Pro-democracia en San Pablo la semana pasada, lo acusó de incluirlo en el dossier que contiene los casi mil nombres de jóvenes de todo Brasil con varios de sus datos personales. Presentó lo que en el país vecino se conoce como Boletín de Ocurrencia – una denuncia policial – que ahora la Justicia deberá definir si es procedente.
Jair Krischke, abogado y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos con sede en Porto Alegre le dijo a Página/12: “el diputado cometió una violación al derecho humano de la privacidad y ése es un crimen grave, porque buscó fragilizar a las personas que denunció. Como García es un parlamentario está sujeto a las normas de la Asamblea paulista y será llevado a la comisión de Ética, además de que instaremos a una acción del Colegio Nacional de Abogados por la seriedad que tiene el tema”.
Entre las víctimas del diputado del PSL, el partido que utilizó Bolsonaro para acceder a la presidencia y después abandonó, hay una abrumadora cantidad de jóvenes. Músicos, periodistas, tatuadores, gastronómicos, caricaturistas y hasta un DJ (disc-jockey). También hinchas de la torcida Gavioes da Fiel, la barra de Corinthians, el club más popular de San Pablo o ignotos jugadores de fútbol, en una lista variopinta que combina a militantes feministas, comunistas, de organizaciones sociales, cooperativas de comunicación como Sul de Santa Catarina – que publica el medio digital Desacato – y blogueros de varios estados de Brasil. Incluso aparecen seguidores de la autodenominada URSAL (Unión de las Repúblicas Socialistas de América Latina) que nació casi como una parodia política producto de la ocurrencia de un candidato conservador y bombero militar, el llamado Cabo Daciolo. Si hay algo en común que tiene la mayoría es que al pie de cada ficha personal figura la inscripción “sigue diversas páginas antifascistas” o “antifa”, el grupo que Donald Trump quiere declarar terrorista en Estados Unidos.
García mostró en su video del 1° de junio el voluminoso dossier con las fotografías, documentos, direcciones, números telefónicos, ocupaciones, redes sociales como facebook, instagram, linkedin y twitter de cada uno de los denunciados. Pero se cuidó muy bien de que esa información se viera a cámara difuminada con un efecto digital de los que se usan para deformar imágenes. Tres días después, el 4 de junio, subió otra grabación en un tuit donde se mostró exaltado. Negó que hubiera hecho delaciones y amenazó con demandar a quienes lo acusaran.
“El dossier al que tuvo acceso el sitio web (no precisó a cuál se refería) no es el mismo que envié a las autoridades competentes. No publiqué esos documentos. Este no es un dossier contra opositores del Gobierno, sino más bien una ayuda para investigar crímenes, incluidos aquellos de los que fui víctima”, intentó aclarar, aunque ya había oscurecido. En la lista que se jactó de tener mientras se filmaba y que circuló en un extenso PDF – atribuido en Brasil a un hackeo de la organización Anonymus- había jóvenes que residen en ciudades europeas como Bristol y Lisboa, muy alejadas del epicentro de la conspiración que García percibe con el propósito de derrocar a Bolsonaro.
Raúl Fittipaldi es un experimentado periodista de Desacato, el medio de la cooperativa digital Sul que aparece varias veces mencionado en la denuncia de García. El sitio digital con trece años de vida independiente en Santa Catarina cuenta con un staff que ahora vive atemorizado. Cinco de las cronistas citadas en la nómina son muy jóvenes. “Creen que podrían ser víctimas de grupos nazifascistas en este estado del sur de Brasil. Nuestro portal y redes publican textos sobre política y cultura básicamente”, le cuenta Fittipaldi a este diario desde Florianópolis.
La primitiva conducta del diputado y su reacción contra los fantasmas de la Guerra Fría, quedó en evidencia también en alguna de sus frases a cámara, que parecían debidamente estudiadas: “Para los Antifas el sueño de visitar Disney o conocer Estados Unidos tendrá que mudarse a Cuba, China o Corea del Norte” dijo el aliado del clan Bolsonaro. García parece haber perdido la compostura por las denuncias que ahora pesarán sobre él y se agregarán a una que ya tenía como propalador de fake news en el Superior Tribunal Federal (STF). Además parlamentarios del PSOL -el partido de izquierda con presencia en la Asamblea Paulista-, pidieron la remoción de su cargo.
Citada por el medio Carta Capital, la presidenta de la Comisión de Protección de Datos y Privacidad de la Organización de Abogados de Brasil, Estela Aranha, explicó que en principio García no habría cometido delito si se prueba que la información “la recibió de otras personas”. Pero agregó que aunque “puede usar la inmunidad parlamentaria para defenderse en este caso, lo que hizo es muy serio, no puede esconderse detrás de la inmunidad para dañar a las personas. Esto es abuso”.
En un comunicado de su oficina de prensa, el legislador atinó a un endeble descargo: “El diputado Douglas García no filtró los datos que recibió, solo los entregó a las autoridades competentes. Las listas que los terceros están filtrando en las redes sociales no son las mismas que las enviadas por el diputado a la policía. Lo acusan de hacer lo que le hicieron, pero es a la luz de esto, que demandará a las personas que mienten y lo acusarán falsamente de filtrar datos en las redes sociales”.
Un editorial de Desacato del jueves pasado señala que “en el dossier transmitido por Anonymus, las personas calificadas como ‘terroristas’ aparecen en fotografías sacadas de las redes sociales, con sus datos personales expuestos, nombres completos, direcciones y hábitos. Es importante aclarar que quien defiende el fascismo es quien comete un delito, no quién está en contra de esta práctica”.
García no es un lobo estepario, aislado, en su cruzada contra los grupos que se oponen al gobierno. Trump hizo escuela en EE.UU cuando anunció que declararía “terroristas” a los grupos Antifa. Bolsonaro lo imitó con la misma imputación en un país fuera de control por la pandemia. Su vicepresidente el general Hamilton Mourao se ocupó de escribir palabras semejantes en un artículo para el diario Estado de San Pablo y los trató de “delincuentes” mientras que el diputado federal Daniel Silveira por el PSL en Rio de Janeiro los amenazó en un video con una respuesta a balazos. Es el mismo troglodita que en plena campaña electoral se fotografió sonriendo después de romper una placa de la calle Marielle Franco, la militante feminista asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018.
