Desde hace días el diputado provincial Gustavo Orozco, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, está en el centro de la discusión pública. Primero fue su defensa de los policías investigados por la falta de respuesta al pedido de auxilio de la docente Rosa Sulca, asesinada el 28 de mayo. Esto derivó en una confrontación con la Procuración General de la provincia. Luego se fijó fecha para juzgarlo por vejaciones, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, una acusación de cuando era jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta en Metán. Y ahora se supo que está acusado por violencia de género.
En la última sesión de la Cámara de Diputados Orozco anunció que pedirá licencia desde el 17 de junio, día en que comenzará el debate oral, hasta que termine este juicio.
No había terminado de extinguirse el eco de esas novedades cuando ya se supo que el juez de Violencia y de Género del Distrito Judicial Sur Metán, Carmelo Paz, le impuso una orden de restricción en una causa iniciada por la ex pareja, quien lo acusa de haber ejercido violencia en su perjuicio.
Según se informó desde el Poder Judicial de Salta, en un primer momento el juez dispuso que el diputado no podía acercarse a 200 metros de la vivienda que ocupa su ex esposa en la ciudad de San José de Metán, y tampoco puede entablar contacto con ella por cualquier vía.
La mujer se radicó allí luego de haber vivido en la vecina ciudad de Rosario de la Frontera, de donde es oriundo el legislador provincial, que preside la comisión de Seguridad.
La ex pareja del diputado tramita el divorcio vincular en el fuero Civil de Personas y Familia y que la disputa que provocó la agresión tuvo que ver con la posesión de una camioneta.
Sin embargo, a pesar de esta orden de restricción, el legislador alquiló un drugstore con vivienda a 60 metros de la casa que ahora habita su ex pareja. "Orozco se había instalado allí para habitar, violando las restricciones de acercamiento a la víctima", se indicó en la información oficial.
A raíz de este incumplimiento de la decisión judicial, hubo un operativo que incluyó una persecución por las calles de Metán y tras eso el juez Carmelo Paz amplió las medidas de restricción contra el diputado provincial y directamente le prohibió el ingreso a la ciudad de San José de Metán.
En respuesta, el legislador denunció a su ex pareja, acusándola también "por violencia de género", y pidió el apartamiento del juez Paz en el trámite de la causa, lo cual fue aceptado y el proceso recayó, por sorteo, en la jueza en lo Civil de Personas y Familia, Frida Bosernitzan, quien como primera medida le impuso medidas de restricción a la ex mujer del diputado.
La jueza también corrió traslado a la Asesoría de Menores e Incapaces respecto del pedido de Orozco para que se le permita ingresar a la ciudad de San José de Metán, invocando que la medida de Paz que le prohíbe entrar a esa ciudad le impide el contacto con su hija menor de edad.
Está previsto que el 17 de este mes comience en Metán el juicio oral contra Orozco y ocho policías que están imputados por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.
El debate será dirigido por la jueza Carolina Poma Salvadores, y se prevé que se desarrollará también los días 22, 25 y 30 de junio.
