Una ONG demandó judicialmente al Gobierno porteño para que asegure el acceso a Internet y en las villas y entregue dispositivos a los estudiantes de barrios vulnerables para que puedan continuar con la educación a distancia. Desde el Ministerio de Educación porteño aseguraron que ya llevan prestadas en toda la Ciudad más de cuatro mil netbooks. No obstante, una encuesta que hizo la Coordinadora de Estudiantes Secundarios indicó que un 75 por ciento de los estudiantes no tuvo clases por videollamada, un 33 por ciento no pudo contactarse de forma regular con sus docentes y otro 33 por ciento no consiguió entregar los trabajos prácticos. La encuesta se basa en sectores de la clase media y quienes la hicieron refuerzan la idea de que esos números son aún peores en los barrios populares, que no tienen una infraestructura para tener Internet.

El problema existe desde hace años, pero se agravó con el aislamiento social y la necesidad de acceder a la posibilidad de que los y las estudiantes puedan seguir educándose a distancia. Como informó este diario a través de diversos testimonios de madres y educadoras, ése viene siendo uno de los grandes problemas en los barrios populares porteños, donde el mayor consumo de Internet es con el celular y con un plan de datos.

En base a esto, a fines de mayo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hizo una presentación judicial en la que le exigió al Gobierno porteño que "asegure el acceso a Internet a quienes habitan en todas las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, y que entregue computadoras en préstamo a aquellas niñas, niños y adolescentes que no cuentan con los medios para continuar con las clases durante la cuarentena".

La causa recayó en el juzgado de Andrés Gallardo, donde se está tramitando luego de que el Gobierno porteño lo recusara y la Cámara de Apelaciones les rechazara la recusación el viernes pasado. En la causa hubo otros intentos de frenarla: un asesor tutelar cercano al oficialismo porteño, Damián Natalio Corti, pidió que se cerrara el expediente porque -argumentó- ya había llegado a un acuerdo con el Gobierno porteño para que le diera la información que él pedía. No obstante, en la causa se presentaron otros impulsores de una cautelar, como ACIJ y UTE-CTERA, por lo que continúa activa.

Un derecho vulnerado

"Ante la pandemia de covid-19 y las medidas de aislamiento social obligatorio, la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la escolaridad y la mayoría de los trámites continuaran por vías virtuales. Estas medidas pusieron en evidencia la situación de desigualdad que atraviesan las -aproximadamente- 300 mil personas que residen en las villas y asentamientos porteños, particularmente en lo que se refiere a las condiciones habitacionales, a la provisión de servicios en condiciones de igualdad con el resto de la Ciudad, a la carencia de dispositivos y un acceso a Internet sumamente deficitario", indicaron desde ACIJ al hacer pública la presentación judicial.

"A diferencia del resto de la Ciudad, donde el servicio de Internet es provisto en forma domiciliaria por diversas compañías prestadoras, y por la propia Ciudad en espacios públicos, las villas y asentamientos porteños no cuentan con la infraestructura para que dicho servicio ingrese, lo que agranda aún más la brecha de desigualdad socio-económico-cultural en la cual se encuentran respecto al acceso a derechos. A esto se suma, en el caso de muchas niñas, niños y adolescentes (no sólo quienes habitan en villas), la falta de computadoras para poder continuar con el cursado virtual dispuesto por las autoridades", advirtieron.

E indicaron que sin acceso a Internet y sin computadoras se está vulnerando el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación, a la información, a la cultura e incluso a poder vincularse con sus familias. "El acceso a Internet y al equipamiento tecnológico que requiere su uso, es una condición para que esos derechos puedan realizarse, y su importancia es mayor aún cuando la salud de todas las personas que habitan la Ciudad depende de quedarse en sus casas, respetando el aislamiento social obligatorio", afirmaron. "Si se tolera que las trayectorias pedagógicas de las niñas, niños y adolescentes más pobres de la ciudad se vean afectadas por la imposibilidad material de continuar su educación a distancia, se refuerzan las desigualdades al interior del sistema educativo, tanto entre las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión estatal, como al interior de estas últimas", indicaron.

El codirector de ACIJ, Sebastián Pilo, indicó a este diario que "si el 10 por ciento de la población se encuentra privado de este servicio, y no hay políticas públicas para revertirlo, lo que tenemos es una situación de grave discriminación por condición socioeconómica". "En esta pandemia, las villas son las que están poniendo en mayor proporción los contagios. El Poder Judicial no puede permitir que sea también esa población la que sacrifique su educación", indicó.

Encuesta

Desde el Ministerio de Educación porteño aseguraron que ya están haciendo entregas de computadoras del Plan Sarmiento, con prioridad a quienes cobren la AUH o tengan beca escolar y remarcaron que ya llevan entregadas más de cuatro mil notebooks en préstamo. Además, sostuvieron que hay un servicio de reparaciones que está funcionando. La modalidad por la que prestan los dispositivos, informaron a este diario, es con un correo electrónico a [email protected] donde se debe hacer el pedido.

No obstante, una encuesta que hizo a comienzos de abril la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Familias por la Escuela Pública junto con Barrios de Pie sobre 726 casos en 45 escuelas de nivel medio y primaria -mayormente, de clase media- indica que persisten distintos problemas en la educación a distancia. De los que respondieron a través de esa herramienta, un 24,7 por ciento planteó que no tiene computadora propia y un 14 por ciento indicó que no tiene Internet con WiFi en la casa. "El 33,7 por ciento indicó que que no pudo entregar los trabajos prácticos. El 75 por ciento de las y los estudiantes no tuvo clases mediante videollamada o formatos sincrónicos, y un 33 por ciento no puede contactarse con las y los docentes de manera regular", señalaron desde la coordinadora. La encuesta, que no pretendió ser exhaustiva, buscó mostrar una problemática que se agrava todavía más en los barrios populares.