La justicia de La Matanza confirmó la prisión preventiva de 9 policías detenidos por abuso sexual y vejámenes en la comisaría 3ª de La Tablada, luego del pedido de la fiscalía y los abogados querellantes. Según lo determinó el fallo de la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mabel Mari Castillo, las 28 mujeres que fueron víctimas sufrieron consecuencias "nefastas y traumáticas" tras haber estado detenidas en un sitio similar a un "campo de concentración".
Mari Castillo, coincidió con la acusación planteada por los fiscales de la causa, Fernando López y María Julia Panzoni, de la Ayudantía Fiscal especializada en delitos de Gravedad Institucional.
Los fiscales requirieron el procesamiento con prisión preventiva de nueve policías acusados de los delitos de "severidades, abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial y vejaciones agravadas", cometidos entre septiembre de 2019 y enero último, en la seccional 3ª, de La Matanza, con jurisdicción en La Tablada.
"Habré de compartir lo sostenido por la fiscalía en cuanto a que resultan más que notorias las consecuencias nefastas y traumáticas que los hechos denunciados provocaron en ellas", sostuvo la jueza.
En el escrito, Mari Castillo agregó que hubo "situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias que generaron -en mayor o menor medida- sentimientos de indefensión, temor y angustia, siendo la piedra angular de tales diagnósticos, asimilables a los episodios narrados en autos".
La magistrada tuvo en cuenta las declaraciones de los integrantes de los equipos de Inspecciones y Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que entrevistaron a las víctimas.
"Y ello encuentra asimismo sustento en los testimonios juramentados de los miembros de la CPM, quienes, en alguno de los casos, han sido las primeras personas en tener contacto directo con la situación y las víctimas, al acercarse a la comisaría en cuestión, entrevistarse con las femeninas alojadas escucharlas y observar las condiciones en que aquellas se encontraban", sostuvo.
Al respecto, uno de los integrantes de la CPM afirmó que al salir del lugar tuvieron "la sensación de que fue como haber estado en un campo de concentración" y que hace doce años recorren cárceles y comisarías para inspeccionar pero este "nivel de tortura y vejámenes" no lo veían "hace tiempo".
Otra integrante de la CPM declaró que hace ocho años se dedica a escuchar personas privadas de su libertad pero "esto fue terrible, por la magnitud del hecho y la continuidad en las vejaciones".
Según las fuentes, el principal acusado fue identificado como el subcomisario Lionel Gómez, quien estaba a cargo de la seccional cuando se produjeron los hechos y fue imputado como "coautor" de los delitos de "severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial reiterado -ocho hechos-, todos ellos en concurso real entre sí".
Dos subinspectores, Javier González y Ángel Reales, fueron acusados como "coautores" de las "severidades " y "partícipes secundarios" de las "vejaciones" y de los ocho casos de "abuso sexual agravado". En tanto, a la oficial subayudante Maida Celeste la imputaron como "coautora" de las "vejaciones" en concurso real con los abusos sexuales. El oficial inspector Cristian Aliaga está acusado de ser "partícipe secundario" de "vejaciones" en concurso real con las violaciones. Mientras que el comisario Leandro Maidan, el oficial Ariel Pasquale, la oficial Silvina Suárez y la sargento Johana Romero del Grupo Apoyo Departamental (GAD) fueron señalados como coautores de "vejaciones agravadas".
Por su parte, la jueza Castillo negó el pedido de excarcelación de las defensas y dictó la prisión preventiva por la "existencia de riesgos procesales" dada "la posibilidad de que los imputados en libertad influyan para que otros coimputados o testigos declaren falsamente o se comporten de forma desleal o reticente en el proceso".
De acuerdo a los voceros, cuatro de los acusados se encontraban en funciones al momento de ser detenidos el 13 de mayo y los restantes ya habían sido desafectados en enero de este año, cuando la CPM y la Defensoría General de La Matanza denunciaron los hechos y el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la intervención de la seccional.
