PáginaI12 En Colombia
Desde Medellín
Varias audiencias sobre Colombia se realizaron ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dos fueron solicitadas por organizaciones sociales y corporaciones jurídicas, y una más por la Fiscalía, quien expuso su estrategia de investigación ante las agresiones a defensores de derechos humanos, las cuales preocupan al país por el incremento suscitado a partir del acuerdo de paz con las FARC.
Con la vocería de la vice fiscal general María Paulina Riveros, ex negociadora de gobierno en los Diálogos de La Habana, el Estado expuso en Washington las que considera son las causas fundamentales de la violencia contra defensoras y defensores. Según la institución, la disputa por las rentas ilegales tras la salida de las FARC de los territorios es una de las principales razones. También, que ciertas disidencias de la guerrilla buscan mantener control territorial. En tercer lugar, la corrupción administrativa, así como la falta de creencia en las instituciones estatales. La falta de conectividad de los territorios apartados de los centros urbanos y la violencia como lenguaje transversal a la realidad colombiana, son las demás explicaciones para dichos homicidios.
Las organizaciones presentes reclamaron al Estado no contemplar entre las razones la existencia y avanzada del paramilitarismo en Colombia, y también criticaron y señalaron de peligroso el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía insistan en que no existe un patrón sistemático en dichos homicidios. En lo que van del año sumarían 26, mientras el año pasado fueron 80 según la ong Somos Defensores. Los abogados de organizaciones sociales presentes en la sala en la capital norteamericana, portaban fotografías de los hombres y mujeres baleados por promover el acuerdo de paz en sus territorios. Que la paz no nos cueste la vida, se leía en carteles que pegaron a sus mesas.
La Fiscalía explicó que a la fecha tienen 74 personas vinculadas a procesos por dichos homicidios, y de ellas 58 están privadas de la libertad. En cuatro casos, aseguran, ya tienen sentencia judicial y también existen ocho casos con órdenes de captura vigentes. En total, desde 2012 han sido 500 los líderes atacados según informe de la Defensoría del Pueblo, por eso los resultados de Fiscalía no fueron satisfactorios para las partes civiles presentes en la CIDH.
También se dieron audiencias sobre Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia y una más sobre obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial de Paz en Colombia. Cada parte intervino durante veinte minutos antes los comisionados James Camalaro y José de Jesús Orozco. Allí participaron además el ministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo y el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Al respecto, la semana pasada la Oficina de Derechos Humanos de ONU en Colombia entregó su informe anual dejando sabores amargos. En él Tood Howland pidió a la CPI aclarar si cree que la interpretación del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cumple con las obligaciones internacionales del Estado.
En la audiencia, Byron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad aseguró que “generan mucha preocupación tantos beneficios para Fuerza Pública a cambio de nada” en la Jurisdicción aprobada la semana anterior en el Congreso de la República. Esta sufrió varios cambios pues la Justicia que se acordó en La Habana y se firmó en Bogotá el año pasado contemplaba similares condiciones para todos los actores del conflicto: guerrillas, Estado y particulares. Pero en su trámite de aprobación en el Congreso varios parlamentarios introdujeron modificaciones que, a juicio de las víctimas, revierten de impunidad a favor del EsTado y los empresarios. “Vuelven imposible la cadena de mando, por ejemplo en los casos de más de 5 mil víctimas en el caso de las ejecuciones judiciales (falsos positivos)” como lo expresaron los peticionarios en la Comisión ayer. “Alertamos libertades de militares sin compromisos claros ante la JEP” advirtió el abogado Góngora.
Por su parte, en la audiencia sobre Garantías de No Repetición, Yomari Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recalcó que dichas garantías “son la esperanza de que cada crimen sea el último” señalando que el sistema interamericano de DD.HH. y Naciones Unidos han señalado que éstas son fundamentales para garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Las garantías de no repetición, explicó Ortegón, son el futuro y deben atacar las causas, realizar reformas estructurales, y, en casos como el Acuerdo de Paz, contemplan medidas que aún no son implementadas. El llamado “desmonte del paramilitarismo” y las garantías para la defensa de los derechos humanos son las más urgentes a juicio de los representantes de la sociedad civil que participaron en las audiencias de Washington ayer.
