El militante Eduardo Fronda y el periodista Héctor Luciano Jaime se cuentan entre las primeras víctimas fatales del terrorismo estatal, que en Salta se inició a fines de 1974, con la caída del gobierno popular del médico Miguel Ragone. 

Al periodismo salteño le costó recuperar la memoria del periodista asesinado en esos años. Después de mucho tiempo, la insistencia del histórico dirigente revolucionario Armando Jaime, de la mano de organismos de derechos humanos y, finalmente, la actuación de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), permitió que en 2013 se llegue a una condena contra uno de los responsables de este crimen. Esta Asociación recordó ayer a Luciano, como ejemplo de buen periodismo, que dio testimonio de su tiempo hasta las últimas consecuencias. 

Para cuando ocurrieron estos hechos definitivos, Luciano Jaime se había ganado fama a fuerza de denunciar la violencia policial, la práctica sistemática de torturas y vejámenes que llevaban adelante los integrantes de la que se conoció como "la banda de los comisarios", con el represor Joaquín Guil a la cabeza. Este grupo de tareas llegó a detentar amplio poder sobre vida y recursos de la gente en Salta, a tal punto que hasta confrontó, y derrotó, a un gobernador. 

Armando Jaime, que era primo de Luciano, sostuvo hasta su muerte que el periodista fue señalado como un objetivo a eliminar por su confrontación con los sectores de poder en la provincia, que en la década de los 70 persiguieron, y en muchos casos aniquilaron, a los cercanos al depuesto gobernador Ragone, también desaparecido. 

Para Armando, su primo venía marcado desde 1969, cuando los canillitas que vendían el diario El Tribuno hicieron una huelga en reclamo de que el matutino les reconociera el 50% del precio de tapa. La huelga terminó en represión. Luciano Jaime había colaborado con la huelga. 

La historia de aquellos años en Salta ubica a Luciano Jaime en otro lugar que también pudo haberle valido el odio de los represores: acompañó la inspección a los calabozos de la Central de Policía, donde 109 detenidos, la mayoría de ellos por delitos leves y contravenciones, permanecían "en condiciones infrahumanas" en 18 celdas con capacidad para 30 personas. Fue el 26 de mayo de 1973, al día siguiente de la asunción del jefe de Policía designado por Ragone, Antonio Rubén Fortuny, que se proponía cambiar la estructura policial para que dejara de ser un órgano de represión y se convirtiera en una organización al servicio de la seguridad del pueblo. 

En esa línea, los comisarios represores fueron puestos en comisión, y se iniciaron investigaciones por las denuncias de torturas y vejámenes. Pero la presión de la derecha fue tan intensa que el 22 de octubre de ese mismo año Fortuny tuvo que dejar su cargo y la noche del 27 de noviembre de 1973, el ex policía y ex senador justicialista Emilio Pavicevich lo asesinó a tiros en pleno centro. 

La represión se volvió más descarnada tras la intervención al gobierno de Ragone, a fines de noviembre de 1974. Se desató entonces una persecución contra los cercanos al mandatario. 

Eduardo Fronda integraba el Frente Revolucionario Peronista (FRP), militaba en la Lista Verde y en el 73 había festejado el triunfo y la asunción de Ragone. También era parte del sindicato de vendedores ambulantes. 

Su cuerpo acribillado fue encontrado el 8 de enero de 1975, en el camino a Lesser, en el departamento La Caldera, al lado del campo militar, cuyo frente linda con el ejido municipal de la ciudad de Salta. Se sabe que estuvo en la Central de Policía (donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura) y en la delegación Salta de la Policía Federal. Por entonces Luciano Jaime escribía en la Sección Policiales del diario El Intransigente. Ocupado en esas tareas vio a Fronda en la Central de Policía. 

Cuando supo del hallazgo de un cadáver en el camino a Lesser, fue con un fotógrafo, y lo reconoció ni bien lo vio. Los policías hacían la pantomima de tratar de identificar el cuerpo, en medio del enojo de Guil por la presencia de los periodistas, y no pudo contenerse: "Cómo no van a saber quién es, si ustedes lo tenían detenido anoche en la Central de Policía", les recriminó.

Jaime hizo una cobertura minuciosa del hallazgo del cuerpo. El fotógrafo lo retrató junto al cadáver señalando un detalle. La crónica del día siguiente en El Intransigente puso en evidencia el crimen violento. Y, aunque no publicó que lo había visto en la Central de Policía, buscó a la familia del joven asesinado para contarle lo que sabía. El 10 de enero volvió a confrontar con las autoridades policiales y militares al publicar un informe médico que daba cuenta de que Fronda había sido torturado.

El diario, el único que se había atrevido a reseñar la tortura, sufrió un apriete feroz. Su jefe de redacción, Rodolfo Plaza, fue citado a dar explicaciones en la delegación de la Federal. El comisario Federico Livy le recriminó la crónica sobre Fronda, sobre todo le molestaba la información de la tortura. 

Las cosas empezaron a empeorar para Luciano Jaime. Como a los diez días fue detenido por la policía provincial, lo llevaron a la Central y pasó la noche en una celda, con presos comunes. Al día siguiente lo interrogaron, le preguntaban particularmente sobre su primo Armando Jaime (en ese momento prófugo) y por los autores de otras notas en el diario. Todo ese día y esa noche siguió el interrogatorio, a veces en presencia de Guil. Al otro día fue llevado a la Federal, donde Livy lo interrogó e insultó. A la tercera noche recuperó la libertad y, desoyendo las recomendaciones de los amigos, decidió seguir trabajando.

Pero las amenazas le ensombrecieron los últimos días. Él mismo había contado que el Sapo Toranzos y otros policías lo habían señalado. El 12 de febrero de 1975, tras recibir otra llamada, avisó: "Si mañana no vengo, mové cielo y tierra, porque Joaquín Guil me va a matar", pidió a su compañera de trabajo, la periodista y ex diputada nacional Sylvia Troyano.

Sus compañeros vieron una camioneta con tres hombres estacionada frente a la redacción. Pasadas las 20, Jaime se fue en taxi, pero en Alberdi y la avenida San Martín los frenó una comparsa y decidió bajarse para tomar el colectivo en la avenida. Su rastro se pierde en ese punto. Su mujer, María Rosa Chica, lo esperó esa noche y al día siguiente fue a buscarlo al diario y a la Central de Policía, hasta que el 14 de febrero recibió la terrible noticia: partes de su cuerpo, destrozado por el gelamón (un explosivo que se importaba desde Estados Unidos), habían sido encontrados en el paraje El Encón Chico, en el departamento de Rosario de Lerma, cercano a la ciudad de Salta.

Rosa reconoció los restos de su marido por un pedazo de la camisa a rombos que había estrenado el día de su desaparición. Fuera de sí, arremetió contra los policías: “¡Ustedes me lo han matado!”. La venganza no se hizo esperar: días después un grupo de policías con armas largas la arrancó de su casa y la subió en una camioneta, en un descampado la interrogaron, y la abandonaron en medio del monte.

La Justicia Federal concluyó que Jaime fue asesinado por miembros de la Policía de Salta y la Federal. Era conocido el encono de Guil con el periodista, ya desde la época en que era corresponsal del diario Norte en Orán.

El sumario que la Policia instruyó en la “investigación” de su muerte, parece apuntar en esa dirección. El jefe del Departamento de Investigaciones era el comisario Ofelio Sallent, de él dependía (a través de la Sección Robos y Hurtos) el jefe de Criminalística que intervino, Ramon Eduardo Luna, sin embargo, todo el sumario se instruyó en la órbita de la Dirección de Contralor, que dependía de Guil. 

En 2013 el TOF Salta condenó a este comisario por el homicidio de Jaime. En la sentencia reseñó algunas irregularidades del procedimiento: el informe de la escena del crimen no menciona la presencia de un maletín, en su testimonio Luna no recordó que se encontraron cinco vainas servidas calibre 11.25 (que correspondían a las armas que utilizaba la Policía), tampoco explicó por qué no se hizo un informe con restos de la dentadura de Jaime que se consignaron como trasladados para su análisis, y tampoco pudo dar razones del motivo por el que le remitió un informe a Guil a pesar de que no era su jefe directo y no era a quien debía reportar. 

Para completar la suma de irregularidades, el propio Guil firmó una nota dirigida al director del Cementerio de la Santa Cruz para que entregara los restos de Jaime a su mujer. Como conclusión, las “graves irregularidades” del sumario policial “no hace(n) más que probar el manejo que la Policía efectuaba para que, como corolario, la investigación quede sin resolverse”, sin culpables, “todo lo cual, finalmente, no hace otra cosa que dar cuenta de que esa institución tenía en sus mandos a los responsables del crimen”.

Para Sylvia Troyano, el homicidio de Luciano Jaime tuvo el doble objetivo de callar a un rebelde y, a la vez, disuadir a otros periodistas.