No es un buen año para el fiscal Fernando Rivarola, el hombre que acordó un juicio abreviado con los imputados de una violación en manada a una joven de 16 años en Chubut, por considerar que sucedió por su necesidad de "desahogo sexual" y luego dio ridículas explicaciones. https://www.pagina12.com.ar/270599-un-descargo-que-no-repara-el-agravio

La mala nueva para el funcionario es que la sala tercera de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que debe ser anulada la resolución judicial en la que que había sido sobreseído junto a su par María Bottini por espionaje ilegal a vecinos y dirigentes de Esquel. 

En el año 2015, las comunidades mapuches en Chubut fueron espiadas ilegalmente por un agente de la AFI de la delegación Trelew con la anuencia de fiscales de la justicia provincial de Chubut.  No había requerimiento judicial alguno y se violó la ley de inteligencia y se incorporaron ilegalmente pruebas fotográficas y datos personales de Facundo Jones Huala al legajo abierto por el delito de usurpación cuyo denunciante fue la estancia Leleque, del grupo Benetton. 

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sobreseyó a los fiscales provinciales Rivarola y Bottini, junto al comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez. Sólo siguió involucrado el agente de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), cuya identidad tiene las iniciales D. C. G., que habría espiado al grupo denunciante que abarcaba a dirigentes, periodistas y militantes por el No a la mina. Ese espía proporcionó material de forma ilegal contra movimientos sociales y fue partícipe de la detención del lonko Facundo Jones Huala. 

La espuria conexión que implica la ilegal intromisión de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo en la criminalización de la protesta ambiental y de los pueblos originarios llegó hasta agosto de 1916, cuando el abogado Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presenció la audiencia de extradición de Jones Huala en Esquel junto a Guillermo Frankenberger, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En febrero de 2017 el juez federal de Esquel, Guido Otranto, redactó un escrito de casi setenta páginas para explicar las razones por las que acusaba --a los dos fiscales, los dos polícías y al agente de la AFI-- de haberse relacionado de manera prohibida con el integrante de la AFI, dependiente de la delegación Trelew, que actuó de manera ilegal en la zona cordillerana. Sin embargo, en noviembre de 2019 de manera sorpresiva e irritante para los denunciantes espiados terminó sobreseyendo a todos, salvo al espía. Esa decisión fue confirmada por sus superiores de la Cámara de Comodoro Rivadavia, pero ahora Casación revocó ese sobreseimiento. 

La jueza Liliana Elena Catucci mencionó que la querella tachó de arbitrario el fallo liberatorio, por haber efectuado una valoración antojadiza de las probanzas y de las responsabilidades de los funcionarios públicos. A su turno, el Fiscal General Ricardo Wechsler introdujo los mismos agravios que el anterior y consideró que los imputados conocían que el vínculo que entablaron con el agente de inteligencia era ilegal. La magistrada expuso que se debe anular la resolución recurrida, es decir el sobreseimiento, y propuso hacer lugar a los recursos de casación presentados por la querella y por el Fiscal General; apartar a los magistrados de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que la suscribieron, y remitir las actuaciones a dicha sede a fin de que según corresponda se adopte una nueva resolución. En tanto, el espía D.C.G. aguarda ser juzgado en juicio oral y público.

La paradoja quiso que esta causa fuera iniciada por los propios Rivarola y Bottini, a cargo de investigar la ocupación de un predio de la Compañía Tierras del Sud Argentino, del grupo Benetton, en la zona de Leleque. En ese marco, el 28 de mayo de 2015, en la fiscalía provincial en Esquel hubo una reunión entre los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini con una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la AFI. El agente manifestó a los fiscales que desde hacía más de un año trabajaba con el grupo mapuche que había realizado la ocupación territorial, y ofreció aportar información para identificar a esas personas. Los fiscales aceptaron el ofrecimiento y descargaron el disco externo del espía a la computadora del fiscal Rivarola. En junio esa información fue entregada en un “pendrive” a la defensora pública Paola Bagnato y el 28 de agosto tomó estado público cuando el defensor público Fernando Radziwilowski, durante una audiencia, hizo referencia a su contenido. Ese escándalo hizo posible la absolución de Jones Huala y todos los imputados de la Lof en Resistencia de Cushamen.

El espía había llegado a la región cordillerana el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque, en marzo de 2015, y se involucró activamente en la investigación de la Brigada de Esquel. Además, fue al lugar y fotografió a las personas que ocupaban el predio, y a otras que fueron en el momento en que la Policía intentaba identificarlos; tomó datos de los vehículos; realizó averiguaciones para identificar a todas estas personas; se comunicó con el teléfono que usarían los ocupantes del predio y hasta obtuvo la titularidad de los celulares, identificando de ese modo a una mujer relacionada al movimiento “No a la mina”.

En tanto, no sería casual que en esta causa el abogado defensor de Rivarola sea el mismo letrado que actúa en defensa de los tres acusados que ya se beneficiaron con el juicio abreviado tras la violación en manada de una chica de 16 años en Playa Unión. Se trata de Fabián Néstor Gabalachis, quien en el expediente por el espionaje aparece como Néstor Gabalachis y en el caso de la violación firma como Fabián Gabalachis. Rivarola además tiene vínculos con el procurador provincial Jorge Miquelarena, quien defendió al estado provincial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres.