El represor Martín Sánchez Zinny presentó una acusación por falso testimonio contra la periodista Bárbara García, la víctima que lo reconoció como responsable del grupo de tareas que secuestró a su madre, Rocío Ángela Martínez Borbolla, en la localidad de Haedo durante la última dictadura militar. La denuncia del militar fue rechazada por el juez Rodolfo Canicoba Corral y también por la Cámara Federal y desde el jueves se encuentra en Casación Penal. En caso de prosperar podría poner en riesgo el juicio oral por delitos de lesa humanidad que debe afrontar el represor.

“Desde el viernes, cuando me enteré la noticia, mi vida es un caos de dolor y llanto. Yo no soy una persona de llorar y lloré mucho. Me siento amenazada, perseguida e intimada por este tipo”, dijo Bárbara García a Página/12. “Estamos en un momento del país donde no podes confiar en la justicia. Yo tengo miedo de que en Casación o en la Corte Suprema encuentre jueces amigos que los ayuden. Hoy a mi nadie me garantiza que aparezca un juez que dé lugar a la acusación de Sánchez Zinny”, agregó la víctima, quien se encuentra con asistencia psiquiátrica desde entonces.

En la madrugada del 13 de junio de 1976, un grupo de comando del Regimiento de Infantería Mecanizada N°6 de Mercedes liderado por Sánchez Zinny, entonces subteniente, ingresó al domicilio de Rocío Ángela Martínez Borbolla y la secuestró. Rocío era docente, delegada de Ctera zona oeste, militante del ERP y editora de la revista “El Combatiente”. En una habitación de la casa de la docente estaban escondidos sus hijos Bárbara y Camilo, de 9 y 4 años respectivamente. Cuando Sánchez Zinny los encontró golpeó a Bárbara con la parte de atrás de su escopeta para inmobilizarla. Mientras se reía, el represor deliberaba con otros militares qué hacer con los niños. “A Camilo se lo querían llevar para darlo en adopción, pero a mi me querían matar porque era grande y podía saber cosas”, recordó García. Finalmente, ambos niños fueron dejados en la casa de un vecino. “Siempre dije que si a mi me ponían adelante la cara del tipo que había estado esa noche en mi casa yo lo reconocía. Por las cosas que hizo ese tipo era imposible olvidarme de su cara”.

Sánchez Zinny, junto a otros represores, está involucrado en la megacausa de “La masacre de la quinta de Moreno” en la que se investigan secuestros y detenciones de militantes del ERP-PRT y la Juventud Guevarista relacionados con la imprenta clandestina que esas organizaciones tenían en la localidad bonaerense de San Andrés. En el 2018, el Juez Daniel Rafecas citó a García para que participe de un reconocimiento e identifique al máximo responsable de la desaparición de su madre. García estuvo frente a más de 500 fotos de mala calidad donde había diferentes personas -incluso inocentes- y del montón eligió tres. Las tres fotos pertenecían a Sánchez Zinny por lo que, además de la megacausa, quedó procesado en la desaparición de Martínez Borbolla. 

En base a esa declaración, Rafecas resolvió el procesamiento y la detención de Sánchez Zinny y otros militares del regimiento de Mercedes y en octubre de 2018 elevó la causa a juicio oral y público. Pocos días antes de ser detenido, el ex militar había presentado en la Feria del Libro su novela histórica “La Alumna del Inglés”. Sin embargo, a los pocos meses de estar en Campo de Mayo, el militar señalado por García logró el beneficio de arresto domiciliario, argumentando que debía cuidar a su hijo que tiene autismo. “Yo vivo en estado de alerta desde que soy niña. Cuando le dieron la domiciliaria volví a sentir miedo y temor porque no estamos hablando de gente normal. Son asesinos”, comentó García, quien recordó que en ese entonces se comunicó con ella la exmujer de Sánchez Zinny y le contó que el represor estaba manipulando y usando a su hijo para obtener el beneficio. La exmujer de Sánchez Zinny nunca se atrevió a declarar por miedo. 

No conforme con el beneficio de la domiciliaria, desde enero de este año los abogados del represor comenzaron una causa por “falso testimonio” contra García, porque afirman que luego de tantos años no es posible que recuerde un rostro. La denuncia fue rechazada en dos oportunidades, y de ser rechazada en Casación puede ser elevada a la Corte Suprema. 

“Hoy estoy con pánico. No sabemos a quién le van a dar la causa. Estamos hablando de tipos poderosos económica y políticamente”, dijo García. “Si el tipo me saca a mí de encima safa bastante. Sino va ser el que peor condena tenga”. 

García no confía en la justicia y reconoce que hoy la mejor custodia que puede tener es el acompañamiento de los organismos de derechos humanos y la visibilización mediática de la causa. Incluso recibió apoyo por parte del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y de Alberto Fernández, quienes siguen de cerca el caso y están en comunicación constante con ella.