Con la intervención de Vicentin, el gobierno tomó un atajo, le dio respuesta a un tema urgente y trazó una línea: a partir de aquí, el Estado ocupará el lugar que le corresponde para defender el interés social. 

"Intervención" es la palabra que define el paso adelante que ha dado el gobierno. "De utilidad pública", es la clave para entender qué asuntos el Estado debe tomar en sus propias manos. "Soberanía alimentaria" indica un objetivo social y económico, y "empresa testigo en el mercado de granos y el cambiario" es una definición indicativa de los espacios estratégicos, vitales, en los que el país no puede permitir que "las fuerzas del mercado" los lleven en sentido contrario al interés nacional. La intervención, además, le pone un dique a los intentos de grandes cerealeras internacionales que ven en Vicentin un bocado más que apetecible.

Vicentin es un enorme holding en el área de procesamiento de granos y en la exportación de harinas y aceites. Trepó hasta el primer lugar en el ranking de exportadores durante los cuatro años de macrismo y, curiosanmente, terminó en cesación de pagos y convocatoria de acreedores unos pocos días antes del cambio de autoridades nacionales. 

Su mayor acreedor individual es el Banco Nación, del cual obtuvo 300 millones de dólares en préstamos por prefinanciación de exportaciones, la tercera parte de los cuales se transfirieron a su favor en los 30 días previos a su presentación en convocatoria. 

Nadie podría explicar cómo una empresa que exporta más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, después de una megadevaluación entre agosto y octubre en la cotización oficial, y con semejante financiamiento estatal en noviembre, puede haber caído en cesación de pagos en diciembre. 

Lo que es más explicable es que, al menos, tres de sus principales competidoras se disputen el control de Vicentin, gran exportador, con empresas de acopio (boca de entrada de los granos al holding) y puerto propio (boca de salida), que sumada a cualquiera de sus rivales supondría una concentración de mercado insuperable.

Bocado tan apetecible para estas firmas como peligroso para el país. El proyecto de expropiación dirá que la medida se toma por razones "de utilidad pública". También podría decir "en defensa propia" y no faltaría a la verdad. Un buen acuerdo para reestructurar la deuda sin resolver un buen control sobre la principal puerta de entrada de divisas, nos puede llevar a una nueva situación de escasez de divisas, o dejar al país sometido a las presiones devaluacionistas de quienes tienen la única lleva de esta puerta. El gobierno acaba de reclamar una copia de la misma.