"Este es un capítulo que se tiene que cerrar en Argentina, esto de andar espiando o buscando información, este tipo de servicio tiene que estar sólo en manos de la Justicia”, respondió ayer el periodista Sergio Roulier, quien figura en el listado de colegas espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Mauricio Macri. El cronista calificó de “papelón” el hecho de “que te identifiquen como más o menos cercano al oficialismo para la acreditación de una cumbre internacional”, en referencia al G-20 del año pasado. Por eso dijo que  es muy importante investigar “hasta dónde llegaron y quién fue el que pidió este tipo de espionaje”. Desde el Sindicato de Prensa de Rosario repudiaron el hecho.

Roulier forma parte de una lista de 402 trabajadores de prensa que fueron espiados por la AFI, en el marco de la realización de la Cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018, según denunció la titular del organismo Cristina Caamaño. 

El analista político de El Tres refirió a la situación en la que se vio envuelto: “Aparecemos en la lista porque es la lista de la acreditación al G20 de 2018, ese es el listado que la AFI va a presentar hoy en la Justicia Federal. Por otro lado, está la causa de juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, donde ahí sí hay todo tipo de escuchas. Desde colegas sobre sus publicaciones en redes sociales y su vida privada hasta la ex presidenta Cristina Fernández o el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta”, explicó y consideró: “Son dos cosas diferentes pero las dos graves”.

En la lista, figuraban los periodistas con sus nombres completos, el detalle de los respectivos medios a los que pertenecían, y observaciones a partir de sus intercambios o posteos en las redes sociales, en la que se incluía información sobre participación sindical, su ideología o asistencia a marchas, por ejemplo. Algunos fueron definidos como "kirchneristas" o por tener "ideas afines a Cambiemos"; o por subir tuits "en reclamo de la actividad de prensa"; o si era "miembro de ARGRA"; o de "Satsaid"; "Sipreba"; o si estaba "a favor del aborto"; para citar algunos ejemplos más.

“No me parece normal que te pongan en rojo, amarillo o verde. Lo veo como papelonesco , es patético”; observó el cronista quien confió: “No me dieron ni pedí explicaciones sobre esto, sí recibí la solidaridad del Sindicato de Prensa de Rosario. No quiero ser protagonista de algo que hay que cambiar en Argentina, estos servicios tienen que estar en manos de la Justicia”.

“Es un capítulo que se tiene que cerrar en Argentina, esto de andar espiando o buscando información, este tipo de servicio tiene que estar sólo en manos de la Justicia”, reiteró. Finalmente, Roulier sostuvo la importancia de investigar “hasta dónde llegaron y quién fue el que pidió este tipo de espionaje”.

Desde el Sindicato de Prensa de Rosario expresaron su repudio a través de un comunicado, en el que se destaca: “Se usaron los mismos métodos condenables en los cuales imperó la bajeza y la persecución con el estilo que conecta, en mímesis, con la dictadura cívico militar cuyo saldo fueron 30.000 detenidos- desaparecidxs, entre ellxs, cerca de 110 periodistas y trabajadorxs de prensa a quienes no olvidamos y por quienes no perdonamos".

El texto denuncia que "el gobierno de Mauricio Macri espió sobre todo por motivos ideológicos, en el caso de periodistas por su particularidad profesional, aunque para ello haya usado como excusa la realización de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio, a fines de 2017, y la también Cumbre del G20 en el 2018. La obtención y clasificación de datos personales, familiares, de pertenencia ideológica y muchos otros que tienen que ver con las opiniones profesionales respecto de una diversidad de hechos y acontecimientos, se encontraron en la propia AFI como abominable copia de los métodos dictatoriales".

Finalmente el documento sindical expresa "toda la solidaridad del SPR con las personas víctimas del espionaje macrista, de Bullrich y su dependiente Arribas y el pedido de que todo lo conocido se investigue hasta las últimas consecuencias, se aplique toda la rigurosidad de la ley a quien corresponda y se informe de manera detallada a esas mismas víctimas y a toda la sociedad que tiene el derecho de conocer la verdad”.