Los diputados del Peronismo para la Victoria-Movimiento Evita cruzaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su decisión de disolver por la fuerza las protestas sociales en el espacio público. “Si Bullrich reprime, que se haga cargo de las consecuencias”, sostuvo el diputado Leonardo Grosso. También cuestionaron al diputado massista Facundo Moyano que definió el derecho a huelga como el único método constitucional de protesta. Hoy, la bancada del PpV-ME presentará un proyecto de ley para regular “la protesta social” y “los derechos de los manifestantes”; la propuesta crea una comisión permanente como “mediadora” en la solución de los conflictos e incluye una serie de “criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas”, que promovió la ex ministra de Seguridad y actual diputada Nilda Garré, siguiendo estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.

“Ante el avance represivo del Gobierno y las amenazas latentes de la ministra de Seguridad, creemos que es necesario que el Congreso juegue un rol en proteger un derecho y la paz social. La última vez que un ministro amenazó a las organizaciones sociales terminamos con dos muertos en el Puente Pueyrredón”, dijo Grosso, uno de los referentes del Movimiento Evita. Como integrante de la CTEP, esa organización impulsó –con Barrios de Pie y la CCC– la Ley de Emergencia Social, cuya implementación el Gobierno sigue postergando.

Los cuestionamientos también se extendieron al diputado massista Facundo Moyano, que definió a la huelga como el único derecho de protesta contemplado en la Constitución. “Moyano se olvida de que hay 12 millones de trabajadores que no tienen patrón, ni fábrica, y el único lugar para visibilizar sus reclamos es la calle. Pareciera que se olvidó de sus orígenes de dirigente sindical”, le recriminó Grosso.

“Queremos discutir el problema de la pobreza en el país, pero el Gobierno prefiere discutir sobre los piquetes sin resolver los problemas que los originan”, dijo Grosso a PáginaI12. Desde el bloque de diputados también decidieron dar el debate sobre las protestas callejeras con su propio proyecto de ley. La iniciativa que presentarán hoy tiene como objetivo “promover y proteger el derecho a la protesta social y las manifestaciones públicas que se realicen en todo el territorio de la Argentina, asegurando el ejercicio de los derechos de manifestación, asociación, reunión y tránsito contemplados en la Constitución Nacional y cuyo fundamento emana de los derechos de libertad de expresión, de reunión y asociación pacífica y de petición en el espacio público”.

El proyecto también apunta a crear una comisión bicameral permanente, como autoridad de aplicación de ley, para “coordinar la derivación pertinente con las distintas instancias del Estado que sean interpeladas en forma directa o indirecta por los manifestantes, generando canales institucionales de diálogo a fin de encauzar el conflicto planteado”; también para “velar por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en el accionar de las fuerzas policiales y de seguridad”.

Allí también se propone modificar el artículo 194 del Código Penal, donde se establece que quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes” o “los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. Sobre la base de esa tipificación se judicializa la protesta social y centenares de militantes tienen causas penales abiertas y condenas en suspenso. Para esas personas, el proyecto propone una amnistía.