El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación publicó la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que incluía el trabajo sexual como una modalidad laboral. Sin embargo, a las pocas horas eliminó esa categoría. Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, lo explicó así en su cuenta de twitter: “Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”. El episodio reavivó un viejo debate que atraviesa los feminismos y aún no está zanjado. Incluso mujeres y trans que ejercen o estuvieron en situación de prostitución tienen miradas diferentes. Algunas lo consideran un trabajo, otras una forma de violencia de género.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, lanzó el jueves pasado el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), una herramienta que permitirá acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación. Y facilitará la participación en redes de comercialización y la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera. El Registro --que se estima tendrá unos 8 millones de usuarios-- tiene una primera instancia de inscripción on line y una segunda presencial.

Entre sus beneficiaries incluía a las trabajadoras sexuales, lo que hizo generó un revuelo en las redes. Por ley, Argentina es un país abolicionista, que no persigue la prostitución sino la explotación de la prostitución ajena. El tema es tal vez una de las grietas más grandes que atraviesa al feminismo. Los hashtags lo sintetizaron: #TrabajoSexualEsTrabajo por un lado, #Prostituciónnoestrabajoesviolencia, por el otro.

“Hoy es un día histórico para las trabajadoras sexuales en Argentina: el Estado las reconoce como trabajadoras. El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular y aparecen en el formulario de inscripción. #TrabajoSexualEsTrabajo”, tuiteó ayer la periodista Florencia Alcaraz. “Increíble!!!! Entre gallos medianoches, a partir de mañana entra en vigencia la resolución que reglamenta a "las trabajadoras sexuales" a través del registro de trabajadores de la economía popular”, publicó la activista feminista Monique Alstchul en Facebook.

Sin embargo la categoría “trabajadoras sexuales” solo duró unas horas on line. Lo que pasó en el medio es difícil reconstruirlo. Pero ante la noticia de la baja de la categoría, las mujeres que se reconocen trabajadoras sexuales mostraron su enojo con la medida. “Las putas existimos, lo único que hacen es tirarnos a más clandestinidad. Sigan creyendo que el sexo es sagrado. Sigan confundiendo trata con prostitución. Al no reconocernos como trabajadoras nos estan matando! Nos matan de hambre, nos echan a la calle”, dijo Lola en su cuenta de Twitter.

Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) hizo un hilo de tuit al respecto: “Ayer en menos de cinco horas 800 Trabajadorxs Sexuales se inscribieron al Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular, otrxs quedaron en el intento. Era la primera vez que en un registro estatal nos podíamos inscribir con el trabajo que verdaderamente realizamos”: “El trabajo sexual NO es un delito aún así la clandestinidad del mismo y el no reconocimiento del estado nos imposibilitan acceder a derechos laborales o sociales. Siempre teníamos que mentir y figurar bajo otra categoría de manera engañosa para inscribirnos a un monotributo!”; “En minutos nos quitaban esa posibilidad. Podíamos decir q hoy la sociedad fue un poco + justa para las últimas de la fila pero nos despertamos viendo cómo celebran habernos negado esa posibilidad. Mientras tanto no le han salvado la vida a nadie. Seguimos en la clandestinidad”.

La discusión no está zanjada. “Si el Estado quiere censar o conocer nuestras necesidades, no nos dejen afuera a las desocupadas en situación de prostitución y a las sobrevivientes. No queremos llamarnos trabajadoras sexuales para acceder a políticas públicas. #LaProstituciónNoesTrabajoEsViolencia, lo sabemos porque lo vivimos”, publicaron en la cuenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (Amadh), un desprendimiento de Ammar que se dio en los años 90 cuandoe estas últimas decidieron sindicalizarse. Una posible reglamentación de la prostitución como trabajo podría dar por tierra con las políticas de restitución de derechos: ¿por qué el Estado destinaría recursos para la inclusión laboral por una actividad que se considera trabajo? Se preguntan las mujeres y trans de AMADH.

La filósofa feminista Diana Maffía también aportó al debate con un hilo: “Se definan como se definan las personas en un sistema prostituyente, como trabajadoras sexuales, como esclavas, como sobrevivientes, es una definición que hay que escuchar con respeto porque pertenece a sus experiencias y sus alianzas, lo que las fortalece como colectivo”. “Por eso, negar que hay personas en prostitución que son abolicionistas es negarles su identidad y expulsarlas como interlocutoras de la construcción colectiva de derechos. El acceso a los derechos lxs necesita a todxs, respetando sus modos de designarse. Se puede actuar en común”; “Las alianzas para una acción en común deben ser respetuosas. Pero es inaceptable que esas alianzas encubran la justificación de la explotación sexual bajo una figura mercantil que justifica al proxeneta y lo denomina con eufemismos que ocultan su condición de explotador”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social dijeron que dado el debate generado con “algunas categorías” escucharon distintas opiniones y decidieron armar “una mesa de trabajo a la que convocaremos a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas”. Hasta tanto eso suceda (sin fecha aún), se eliminó la categoría.