“Esperemos que ahora la Iglesia tome la determinación que debió tomar hace tiempo y expulse a Grassi”, dijo Fortunato Mallimaci, docente de la UBA, investigador del Conicet, y especialista en sociología de las religiones al ser consultado por PáginaI12.

“La condena es importantísima –dijo el sociólogo– porque reafirma lo que los tribunales ya habían resuelto. Es fundamental para otros juicios iguales que la Corte Suprema haya ratificado lo que dictaminó un tribunal de alzada”, aunque agregó que “hay que señalar que la Corte se tomó su tiempo”.

–¿En qué situación queda la Iglesia frente a la convalidación de la sentencia a 15 años de prisión por abuso sexual de menores, con el agravante de que era sacerdote?

–La Iglesia, que se ha tomado su tiempo interponiendo recursos, lo tiene que expulsar. No puede ser que la Corte Suprema es la que diga está probado y la Iglesia tenga que actuar. Es la propia comunidad católica la que debería haber tomado esa decisión. A diferencia de otros países, en cuanto un tribunal condena, no esperan a otro tribunal superior para suspender o expulsar, que es lo que ha hecho la Iglesia Argentina, además de dilatar todo lo posible el proceso. Esperemos que mañana mismo (por hoy) la Conferencia Episcopal, dado que son tan rápidos para algunos temas, sean mucho más para este caso, expulsen a Grassi, y expliquen por qué se tomaron tanto tiempo.

–¿Qué rol cumplió el papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio?

–Hay que recordar que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), cuyo presidente era Bergoglio, encomendó al estudio del jurista Marcelo Sancinetti que sostuviera la defensa de Grassi para que la Corte lo dejara en libertad, y la redacción de dos tomos, uno de 423 páginas y el otro de 646, que recibieron los obispos, para decir que no eran verdad las denuncias. Todo esto lo afirma la contratapa de uno de los tomos que dice: “La Conferencia Episcopal Argentina encomienda la realización de un dictamen al profesor Marcelo A. Sancinetti, consistente en un estudio del procedimiento en el que fue perseguido penalmente, enjuiciado y condenado respecto de dos hechos de abuso sexual y absuelto por muchos otros, el reverendo padre Julio César Grassi”. En marcada contraposición a lo que pedía en esos años el papa Benedicto XVI.

–¿Qué posición sostenía?

–Benedicto XVI pedía acompañar a las víctimas, que se las escuche, y había sacado normativas e instó a que en cada país, según la legislación vigente, se hicieran protocolos para intervenir. Muchos países europeos lo hicieron, la Argentina no cumplió. Acá se hizo lo contrario, en lugar de acompañar se sospechó de la víctima y se acompañó al victimario, se lo defendió. En el caso de Grassi ya tenía denuncias, tenía denuncias con otros obispos y sin embargo seguía circulando por los ambientes eclesiásticos. Y cuando vinieron las denuncias, no se les creyó a las víctimas.

–¿Una posición recurrente cuando se trata de la Iglesia?

–Hay todavía, sobre todo en América Latina, una tolerancia muy grande a que los sacerdotes pedófilos sigan teniendo privilegios. Hay un mundo de complicidades que están presentes entre los diferentes poderes, políticos, judiciales, eclesiales, pero esto empieza a mostrar que se pueden quebrar esas complicidades porque hay un periodismo que denuncia, porque las víctimas son creíbles y escuchadas, y esto hace que los sacerdotes culpables por abuso reciban condenas definitivas. De todos modos, no es un tema prioritario, especialmente en América Latina, el combatir la pedofilia, sí es más importante en Europa y Estados Unidos, donde tuvieron que pagar sumas millonarias en dólares, lo que encendió todas las alarmas.

–¿Cuál es la postura que asume el Vaticano, cambió respecto a lo que proponía Benedicto?

–Siguen vigente las directivas de Benedicto, y Francisco ha continuado en la línea de que hay que denunciar los casos, se refuerza la idea de que los pedófilos no tienen que tener espacio. Pero en los hechos sigue siendo fuerte la idea primero de enviarlos a otro lugar, segundo, que las denuncias son tomadas como persecución a la Iglesia y tercero, no se confía en la víctima. En este sentido, hace menos de un mes, la líder irlandesa Marie Collins renunció a su cargo en la Pontificia Comisión Vaticana para la Protección de Menores, porque insistió en que hay demoras en los procesos y que el abusador sigue siendo protegido. Y esto más allá de tal o cual persona, los mecanismos de protección han cambiado muy poco para que se cumplan las decisiones de Benedicto XVI. Con Francisco se anuncian cosas que se van a hacer pero que después quedan encarpetadas.

–¿Cree que la condena pude servir para aquellos que son o fueron víctimas de abusos?

–Muchas personas no hacen la denuncia, ojalá que esto sirva para que se cree un clima que permita a las víctimas de abuso sexual denunciar los casos que se dan tanto en ámbitos religiosos, como culturales o educativos. Porque cuando hay caso y no son castigados se crea el temor. Si bien los tiempos del poder judicial son largos y las alianzas entre este poder y el poder eclesiástico existe, al igual que hay un respeto o una aureola sacral de utilización política de lo religioso, la idea de que en algún momento necesito del poder religioso para poder legitimarme y desde los religiosos una necesidad del poder político para defender sus intereses en la sociedad, también es cierto que esas alianzas se rompen.