No dejó de sorprender ayer en el Concejo Deliberante el tenor del proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal, por el cual se crea la Secretaría de Movilidad Ciudadana.
La iniciativa se da en pleno desarrollo de un conflicto con el personal del área conocida históricamente como “Tránsito Municipal”, que resiste, sin mucho éxito hasta ahora, pasar a un rol de prevención, educación y de orden, sin la posibilidad de realizar infracciones de tránsito y por consiguiente, impedido de hacer operativos de control los cuales quedarán, mediante un convenio vigente, bajo responsabilidad de la Policía vial de la provincia.
Contrariamente a lo que se esperaba por el volumen político que la actual administración le impuso a la movilidad ciudadana, el proyecto de ordenanza resulta extremadamente escueto en sus soportes, muy escaso de fundamentos, tanto que en su formalidad los vistos y considerandos, adoptan casi la categoría de pretexto.
Se hace una cita expresa a la ordenanza que regula la estructura de cargos, otra cita del artículo de la Carta Orgánica Municipal que habilita la iniciativa del Ejecutivo de fijar el número de secretarias y se pasa a la parte dispositiva que por el artículo primero, modifica la ordenanza del cuadro de cargos, incorporando la Secretaría de Movilidad Ciudadana, por el artículo segundo se le establecen competencias y atribuciones que van del inciso a) hasta el inciso i) y hay dos artículos más de forma.
Estas son las competencias y atribuciones: a) Ordenar y ejercer el poder de policía en materia de tránsito vehicular, b) Gestionar los servicios de transporte público impropio; c) Planificar, ejecutar y controlar las competencias asignadas; d) Promover la seguridad vial como aspecto fundamental de la vida comunitaria; e) Organizar el observatorio de la seguridad vial; f) Analizar, estudiar, sugerir y ejecutar políticas vinculadas a la seguridad vial; g) Garantizar la óptima movilidad, seguridad y efectivo control sobre el tránsito y seguridad vial generando conciencia colectiva de prevención y autorregulación ciudadana mediante una cultura institucional de excelencia, transparencia y compromiso; h) Ordenar el tránsito de personas y vehículos en la vía pública; i) Organizar el desarrollo de la seguridad vial urbana.
El proyecto de ordenanza del Ejecutivo tendrá este martes dictamen de la comisión de Legislación General y podría recibir sanción en la sesión de mañana miércoles, pero al menos las dos primeras funciones están ya claramente delegadas, una en la Policía de la provincia y otra en la Autoridad Metropolitana de Transporte, mediante un convenio que se ratificó hace un par de semanas.
Movilidad Ciudadana sigue hasta hoy siendo una subsecretaría, ya que el proyecto todavía no fue aprobado por el cuerpo de ediles. Sin embargo, el 1 de junio el Ejecutivo Municipal emitió el decreto 161 por el cual la intendenta dejó sin efecto a partir del 29 de mayo, la designación de Gilberto Pereyra como subsecretario (designado para esa función por decreto 1190/19) y le asigna a partir de ese mismo día la conducción de la Secretaria de Movilidad Ciudadana, que en la práctica no está creada.
El mismo 1 de junio, Gilberto Pereyra emitió como secretario la resolución número 1, fundada en extensos párrafos contenidos en nueve considerandos, por la cual dispuso que “el personal de la Secretaría asignado a cumplir tareas en la vía pública deberá cubrir funciones de prevención, direccionamiento, regulación y ordenamiento del tránsito vehicular en general y peatonal, además todas las tareas de señalización relacionadas a la Seguridad Vial”.
El artículo segundo expresa que “las modalidades de los operativos y el alcance de su instrumentación serán determinadas diariamente por la el Secretario de Movilidad Ciudadana, quedando prohibido labrar actas de infracción, sin autorización expresa de esta Secretaría”.
Pereyra, como titular de la Secretaría que recién se aprobaría mañana, establece que “la fiscalización y detección de infracciones en la vía pública, con la confección de actas de infracción respectivas, se desarrollarán en el marco del Convenio suscripto con el Gobierno la Provincia de Salta, con personal de la Dirección de Seguridad Vial dependiente de la Policía de la Provincia y siempre bajo dependencia y estrictas directivas de esta Secretaría de Movilidad Ciudadana”.
