Mujeres feministas exigieron que se dé prioridad al tratamiento del proyecto de ley que establece la creación de un programa provincial de promotoras territoriales, y que para ello se convoque a las organizaciones sociales con perspectiva de género e inserción en territorio.
El pedido está incluído en el documento "Violencias contra las mujeres y diversidades sexuales. Situación, obstáculos y propuestas", que elaboraron la licenciada en filosofía Violeta Carrique, la abogada Josefina Arancibia Lemos y la licenciada en ciencias de la educación y ex presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, Alicia Ramos, todas de extensas trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.
El documento fue entregado a la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dado a la difusión pública con la pretensión de "ser un aporte a las organizaciones sociales que trabajan en Salta con perspectiva de género a favor de las mujeres y disidencias sexuales", reconociendo quen son éstas organizaciones las que tienen la experiencia “de haber escuchado, asistido y acompañado, a cientos y miles de compañeras".
Tras afirmar que "las mujeres somos parte de la solución", las autoras del documento destacan que la demanda de creación de un programa de promotoras territoriales en cuestiones de género, "tiene antecedentes que evidencian su necesidad".
En 2017 "les diputades Horne, De Ponti, Grosso, Ferreyra y Carlotto, presentaron un proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de capacitación de Promotores Territoriales en Género", allí "se define como promotora o promotor territorial en género, al referente barrial capacitado para incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres en zonas de alta vulnerabilidad social".
En la provincia la diputada Jorgelina Juárez presentó en abril pasado un proyecto de creación del Programa Provincial de Promotoras Territoriales en prevención de violencia de género, que también prevé que se asignen partidas y recursos a ministerios involucrados en la emergencia sanitaria, para destinarlos a programas de prevención, sanción y erradicación de violencias contra la mujer.
Carrique, Arancibia Lemos y Ramos opinan que el tratamiento de esta iniciativa sería "una buena oportunidad" para que el trabajo en comisiones "cuente con la intervención de las referentes de organizaciones sociales que con perspectiva de género, asisten y acompañan a víctimas de violencia contra las mujeres y disidencias". Y señalan que si se crea el programa debería significar también "un reconocimiento institucional y económico, para que esas mujeres continúen y potencien su trabajo militante".
En este sentido destacaron que la Nación "ya está dando señales de este reconocimiento de la labor de las promotoras, cuando con fecha 18 de mayo del año en curso, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, emitió la Resolución de Creación del Registro de Promotores y Promotoras Territoriales" en la que se destaca que desde hace años, en los distintos territorios del país, "miles de personas vienen formándose y capacitándose para promover a nivel comunitario los derechos de las mujeres y personas LGBTI+", y crea un registro de ellas.
Asimismo, en el documento se insiste en que el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia del coronavirus "desnuda los déficits de las desigualdades de géneros y las violencias que la discriminación genera", así como "la falta de políticas sostenidas de prevención, de asistencia oportuna e integral a las víctimas y sobre todo de actuaciones policial y judicial ajustadas a derecho".
Medidas urgentes
En el documento se exigen una serie de "Medidas urgentes en la provincia de Salta" para prevenir y erradicar la violencia de género, entre ellas la "incorporación de mujeres con perspectiva de género al Comité Operativo de Emergencia (COE)"; la articulación entre el COE y organismos de seguridad y de la justicia, "garantizando la vigencia de derechos y el acceso a justicia de las víctimas de violencias de género".
Que se aplique el "Instructivo para personal policial y formulario de denuncia en la toma de denuncias por violencia de género durante el aislamiento preventivo y obligatorio por Covid-19", elaborado por organismos del Gobierno Nacional; que se brinde "asistencia alimentaria, económica y habitacional para mujeres y disidentes sexuales en situación de riesgo".
También se exige la "prórroga con modificaciones de la Ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género”, incorporándole como anexo el Plan Provincial con indicadores de monitoreo y evaluación de resultados, así como partidas presupuestarias y mecanismos de rendición de cuentas" y que "les legisladores nacionales por Salta" apoyen el dictado de la Emergencia Nacional en Violencia de Género.
El documento critica la falta de políticas públicas del gobierno de Salta, que el área de la mujer haya quedado dentro del Ministerio de Seguridad, y se vea la problemática de la violencia de género como un tema de desarrollo social.
"Las áreas mujer", sean secretarías, agencias, ministerios, "no son desarrollo social, no son institutos de vivienda, no son bolsas de trabajo", sino que "son espacios estatales que, sobre la base de las reivindicaciones de las mujeres y disidencias organizadas, más el saber acumulado de las luchas de esos colectivos en tiempos y espacios diferentes, formulan las políticas públicas destinadas a superar las desigualdades y desarrollan políticas de poder dentro del propio gobierno".
"Les desiguales no queremos asistencialismo, queremos las prácticas sociales, las leyes, la educación, los diseños urbanos, el cuidado del ambiente, la salud, la soberanía alimentaria, etc. etc. donde se nos valore conforme nuestra especificidad, no se nos discrimine, y se respete nuestro derecho a una vida libre de violencia", afirma.
