La justicia tucumana suspendió la audiencia convocada para resolver el pedido de prisión domiciliaria que había presentado E.A., el condenado por la violación de Lucía , la niña que quedó embarazada por ese abuso y que debió dar pelea para acceder a la interrupción legal del embarazo, que era su derecho. 

El hombre, abuelastro de la niña, había solicitado acogerse al beneficio por temor a contagiarse coronavirus en la prisión donde cumple la condena a 18 años. Sin embargo, la suspensión de la audiencia se resolvió tras un pedido de la propia defensa de E.A., detallaron fuentes judiciales. El informe del servicio penitenciario no indicaba que el pedido de domiciliaria tuviera fundamentos, porque el condenado no integra ninguno de los grupos indicados como de riesgo ante la pandemia.

La audiencia iba a realizarse ante el juez de ejecución de sentencia, Roberto Guyot. De momento, no hay nueva fecha establecida, detallaron  Andhes y Cladem, las ONG que acompañaron a la joven y su madre durante el proceso judicial. "Hasta ahora", aseguraron, no fueron "notificados de una posible reprogramación ni de los motivos de la suspensión de la audiencia".

Las organizaciones se habían opuesto a que la justicia accediera al peiddo de E.A., porque "es necesario priorizar el interés superior de la niña" y el beneficio de la domiciliaria, en este caso, no está en esa línea. 

De acuerdo con el informe médico del Servicio Penitenciario tucumano, advirtieron las organizaciones en un comunicado conjunto, "el condenado no presenta enfermedad aguda en curso ni cumple con el requisito de ser mayor de 70 años, por lo que no corresponde otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria". 

De hecho, el informe indica que "el condenado no debe residir en un lugar donde vivan menores de edad ni personas de vulnerabilidad" y, no obstante eso, el domicilio en el que E.A. pidió alojarse "residen un niño y una persona con síndrome de down, por lo que ni siquiera cumpliría el requisito necesario".

Las organizaciones también reiteraron que el Estado tucumano incumplió con su parte de la sentencia judicial , en lo que a "la asistencia psicológica gratuita para Lucía, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia".  "El Poder Ejecutivo tucumano no cumplió lo que la jueza de Familia Valeria Brand, le ordenó: un trabajo y una casa para que la mamá de la niña pueda vivir con sus hijos, y asegurar el acceso a la educación de todos ellos dentro de la jurisdicción de su nuevo centro de vida", recordaron.

Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y dejó embarazada en febrero de 2019, caso que tuvo amplia repercusión a nivel nacional e internacional. Por las obstaculizaciones que el sistema público de salud le presentó ante su pedido a la ILE, la niña debió someterse a una microcesárea para terminar la gestación.