Con el patrocinio del abogado de Mauricio Macri, Gustavo Arribas se presentó en la causa por los mails pinchados y propuso como perito de parte al mismo informático que representó a Sandra Arroyo Salgado en la investigación por la muerte de Nisman.

En un intento por adelantarse a un posible llamado a indagatoria, el exjefe de la AFI entregó un escrito ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el que asegura que es inocente y pide que se designe al perito Gustavo Presman para los estudios sobre el disco rígido en el que se encontraron filtraciones de 88 cuentras de correos electrónicos de políticos, periodistas y dirigentes opositores y oficialistas.

El texto de Arribas lleva la firma del histórico abogado de la familia Macri, Alejandro Perez Chada. Allí, el ex funcionario de inteligencia, hombre de máxima confianza del expresidente –quien también está imputado en la causa— dijo que es inocente: “He respetado y cumplido siempre los lineamientos establecidos en la ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Por tanto jamás dispuse formal o informalmente la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie”, afirmó.

Tras la denuncia de la intervención de la AFI a cargo de Cristina Caamaño, el fiscal Jorge Di Lello imputó a Arribas y pidió una batería de medidas de prueba que fueron ordenadas por el juez la semana pasada, entre ellas, el peritaje del disco rígido marca Western Digital. Arribas se refirió a dicho estudio y solicitó la incorporación de Gustavo Presman, un funcionario judicial inscripto en el listado de peritos oficiales. Se trata del mismo especialista en informática designado por Sandra Arroyo Salgado en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Nunca ordené ni encomendé a nadie la realización de aquellas actividades de inteligencia ilegales”, se defendió Arribas, quien, como está imputado, tiene el derecho de presentarse en la causa en cualquier momento.

Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá analizar el pedido. En caso de considerar que no se trata de una maniobra disuasiva por parte de Arribas, no habría impedimento para incorporar al informático.

Los seguimientos clandestinos detectados por la actual AFI comenzaron en junio de 2016, a pocos meses de la asunción de Macri. Según la denuncia, políticos de la oposición y de la propia alianza gobernante, dirigentes sindicales, un gobernador, intelectuales y periodistas fueron espiados por la gestión de Arribas. Entre las víctimas figuran Laura Alonso, Nicolás Massot, Mario Negri, Ernesto Sanz, Angel Rozas, Luis Majul, Mario Barletta, Alberto Weretilneck, Héctor Daer, Rodolfo Tahilade, Elizabeth Gómez Alcorta, Gabriela Cerruti, Martín Sabatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el diputado del FdT Marcos Cleri, la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés y el actual embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, entre otros.

Si bien parte del material había sido borrado, todo parece indicar que la maniobra se hizo en forma muy rudimentaria, por lo que parte del contenido pudo ser recuperado. Lo que pudo verse fueron los nombres de los titulares de los mails, las extensiones de las cuentas y los asuntos de cada uno de ellos.

En su presentación, la gestión de Caamaño afirmó que hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”. Y pidió la indagatoria Gustavo Arribas y del expresidente Mauricio Macri, por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del jefe de Estado, por lo que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval.

Al mismo tiempo, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de ochenta correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, fue identificado. La AFI pidió también que él y otros cinco empleados sean indagados por la Justicia.