La Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa de ley que fija nuevas pautas procesales judiciales, de carácter transitorias mientras dure la pandemia, en tanto permanece restringido el normal desarrollo de la Justicia salteña.

La aprobación fue por mayoría, únicamente con los votos del oficialismo, ya que varios de los diputados de la oposición solicitaron su abstención, al considerar que el proyecto debía tener una mayor discusión en comisión, por lo que plantearon que se lo devuelva a esa instancia, pero la moción fue rechazada.

El proyecto fija que las audiencias podrán celebrarse de manera virtual, total o parcialmente remota y deja librado al juez la posibilidad de convocar al juzgado a aquellas personas cuya presencia considere que resulta indispensable para el desarrollo del acto.

También permite que dichas audiencias sean flexibles y multipropósito “pudiendo someterse a la decisión judicial cuestiones diferentes de aquellas por las que fueron fijadas”.

Los abogados deberán constituir, al iniciar el proceso, un domicilio electrónico al que se enviarán todas las notificaciones, a su vez los particulares involucrados en el proceso también deberán presentar un correo electrónico distinto a los de sus letrados.

De esta manera todas diligencias se harán por estas vías, reduciendo lo máximo posible el contacto con el soporte papel, ya que el préstamo y remisión del expediente sólo será proveído de ser absolutamente indispensable.

Finalmente el proyecto fija que “las entrevistas, exámenes y demás diligencias que deban cumplir los auxiliares de justicia y los distintos departamentos forenses del Poder Judicial y del Ministerio Público se practicarán, en la medida de lo posible, de manera remota y según los procedimientos que establezca la reglamentación”.

El diputado Santiago Godoy (PJ) presentó un dictamen en minoría, en el que limitaba estas modificaciones solo para el fuero Civil y Comercial, ya que consideró que es en el único que se podrían aplicar sin que se reclamen nulidades procesales.

Además aclaró que votaría en contra del dictamen de mayoría, porque considera que tal como está el proyecto traerá más inconvenientes que soluciones para la Justicia, y por ello prefiere dejar sentada su postura al respecto.

Por su parte, Héctor Chibán (UCR) señaló que este proyecto viene a subsanar errores de la Corte de Justicia que estaba dictando normas procesales que le corresponden a la Legislatura, y que a su criterio lo hizo en forma deficiente. Igualmente, consideró que a algunos puntos les faltaba discusión y dijo no entender el apuro por aprobarlo, por lo que pidió retornarlo a comisión y convocar, por ejemplo, al Colegio de Abogados.

Además, reclamó que la Justicia no avanzó en materia de digitalización, y sostuvo que si el costo económico para hacerlo es alto, se debería destinar para eso el dinero que se va a utilizar en la estructura que demanda tener dos nuevos jueces de Corte.

Javier Diez Villa (Salta Tiene Futuro) fue el encargado de justificar la postura del oficialismo de aprobarlo ayer mismo y no acceder al pedido de volver el proyecto a comisión. Entre sus argumentos indicó que muchas de las objeciones que se marcaron en la discusión como cuestiones imprecisas, en la reglamentación de la ley quedarían especificadas.

También subrayó que la necesidad de darle media sanción lo antes posible es porque la provincia no está exenta de retroceder en las flexibilidades si surge un brote de coronavirus y de esta manera se evitaría la paralización de la Justicia.

Finalmente el oficialismo impuso su mayoría y aprobó la iniciativa, aunque se abstuvieron prácticamente todos los diputados opositores, con la excepción ya mencionada de Godoy, que votó en contra.

Piden médicos para una comunidad guaraní

Otro de los reclamos sobre Salud se plasmó a través de un proyecto de declaración solicitando la designación de personal médico clínico, como así también de las áreas de ginecología, pediatría y obstetricia para el Centro de Salud denominado “Mini Hospital” que funciona en la comunidad guaraní de Yacuy, ubicada entre los municipios Tartagal y Aguaray.

Los diputados del norte aprovecharon el tratamiento de esta iniciativa para marcar la ausencia de un política sanitaria, que ya viene de varias décadas atrás, tal como ejemplificó la diputada y médica Gladys Paredes (FdT).

Además. graficó que los niños son revisados por un neonatólogo cuando nacen y difícilmente después vuelvan a tener asistencia médica, lo mismo para las mujeres que carecen de controles ginecológicos.

En tanto, Ramón Villa (FdT) también señaló que los reclamos ya suman varios años sin respuestas. “De tanto llorar me voy a convertir en un cacuy, hace mucho que lloro aquí y nadie me escucha”, ironizó el diputado acerca de sus constantes pedidos.

La iniciativa de los radicales Valeria Fernández y Matías Monteagudo se aprobó por unanimidad.

También se le dio media sanción al proyecto de ley presentado por Laura Cartuccia (Salta Tiene Futuro) para incluir dentro del departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigadores Fiscales, el área de Odontología Legal y Forense.