Cuatro de los miembros de la patota policial que atacó y torturó a la familia qom Fernández-Saravia en Fontana, Chaco, fueron detenidos: el oficial Cristian Foschiatti, el sargento Cristian Benítez, el cabo Cristian Flores y el agente Orlando Cabrera terminaron detenidos luego del impacto nacional que generó el ataque a la familia indefensa. Habrían sido imputados por los fiscales de la causa Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala por los delitos de vejaciones agravadas y allanamiento ilegal. Página12 pudo saber que esta calificación es provisoria porque los investigadores aún deben determinar qué sucedió en la comisaría, donde los jóvenes denuncian haber sido torturados y abusados. Quedaron presos en el departamento de Bomberos y en la comisaría de Colonia Benitez, pero la defensa de dos de ellos pidió arresto domiciliario y traslado a una clínica, por tener un tobillo fracturado y por temor a contraer Covid-19.

Los policías aparecen en el video que los muestra ingresando a las patadas a la vivienda de la familia de la comunidad qom, donde secuestraron a cuatro jóvenes, entre ellos una menor de edad, de la que abusaron. En la comisaria, a los jóvenes les dieron una paliza, los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego al tiempo que les decían "indios infectados". La fiscalía a cargo del caso señaló que las declaraciones por videoconferencia de tres de las víctimas y una testigo fueron fundamentales para reconstruir los hechos.

El fiscal Sergio Cáceres Olivera declaró que a los cuatro policías podrían sumarse nuevos imputados. “Tratamos de avanzar en saber lo que pasó posteriormente al video, porque las cosas no terminaron ahí, siguieron posteriormente. Entonces, estamos tratando de recabar probatorios para saber qué fue lo que pasó luego y si hay algún otro personal policial involucrado”.

A pesar de las profusión de imágenes sobre el ataque, los testimonios y la denuncia urgente del Comité de Prevención de la Tortura en Chaco, anoche no había ningún policía imputado por lo sucedido el domingo 31 a la madrugada en el barrio Bandera Argentina, cerca de Resistencia. La fiscalía de Derechos Humanos provincial se constituyó en querellante e identificó a algunos de los uniformados que ingresaron a la fuerza a la casa de Elsa Fernández, golpearon a sus hijos y sobrino, los llevaron a la comisaría y allí los sometieron a tormentos y abusos, entre ellos manoseo a una chica menor de edad. Ese organismo y el Comité que preside Silvio Del Balzo había pedido hace varios días la detención al menos de quienes ya estaban identificados, porque uniformados había regresado al barrio para amedrentar a las víctimas.

Los efectivos que participaron en el ataque habían sido apartados de sus funciones pero permanecían en libertad y sin haber sido acusados judicialmente. La familia está recibiendo contención y asistencia por parte de la secretaría de Derechos Humanos provincial, están mejor de los golpes y uno de los varones comenzó a trabajar. Sin embargo, siguen nerviosos porque el resto de los policías de la comisaría Tercera de Fontana sigue en funciones y el barrio aún se siente amenazado, según refirió a este diario una allegada a los Fernández-Saravia

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich evitó pronunciarse los primeros días, incluso luego de que el presidente Alberto Fernández dijera por Twitter que las imágenes del ataque eran "inaceptables", pero hace pocos días pidió disculpas por el accionar de los uniformados. Sin embargo, los abusos policiales en el marco de los operativos de cumplimiento del aislamiento social obligatorio continuaron. Este jueves por la tarde, en una reunión con autoridades de la Policía provincial, Capitanich dijo a los hombres de la fuerza: “Los hechos de violencia de Fontana de ningún modo pueden ser avalados, ni por la fuerza policía, ni por la provincia ni por ningún habitante de nuestro país. En virtud de mi experiencia personal y política, con muchos errores cometidos de los cuales me arrepentí, es necesario pedir perdón a todos los que se consideraron agredidos”.

Los hechos habían sido filmados por un integrante de la familia, y el video fue difundido por PáginaI12 a partir de la revelación de revista Cítrica.

 

"Estamos garantizando un abordaje jurídico con perspectiva de derechos humanos y de género, por ello la querella del Estado es clave para terminar con la impunidad y garantizar justicia a las víctimas", manifestó la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, acompañada por el abogado de la secretaría Kevin Nielsen. Además, la cartera provincial pidió que la imputación formal vaya acompañada de la prisión preventiva ante el riesgo procesal que implica, tanto por peligro de fuga en los delitos graves a los que se le acusa, como por el peligro de entorpecimiento de la investigación.

La funcionaria consideró que "este tipo de prácticas no solo violentan los derechos humanos de chaqueñas y chaqueños, sí no que desprestigian a las fuerzas de seguridad", por eso insistió en que "caerá todo el peso de la ley sobre aquellas personas que ejerzan violencia o abusos de poder", ya que "éstas prácticas no son toleradas en el Chaco de 2020".