Por orden del juez federal Federico Villena agentes de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron la cárcel de Ezeiza en la investigación sobre espionaje ilegal en busca de evidencias sobre un sistema de escuchas a exfuncionarios y empresarios detenidos en ese penal, que no sólo habría funcionado con intervenciones a los teléfonos públicos que hay en el lugar sino con la instalación de micrófonos, cámaras y otros implementos. Sobre el final del día habían sido hallados, según pudo confirmar Página/12 por allegados a la investigación, elementos que conforman ese “cableado” o “alambrado”, como lo llaman los espías. Lo mismo ocurrió en otro allanamiento, el día anterior, en el penal de Melchor Romero. También hubo procedimientos en los domicilios de cuatro hombres claves del Servicio Penitenciario Federal (SPF): Claudio Suriano, titular de la Dirección de Análisis de Información (el área de inteligencia), Miguel Angel Perrota, jefe de Asuntos Internos, el director principal de Seguridad, subprefecto Juan C. Silveira y Fernando Carra, asesor del jefe del SPF, Emiliano Blanco, que renunció días atrás cuando esta pesquisa comenzaba crecer. Alberto Fernández anunció la intervención de esta dependencia (ver aparte).

Mientras todo esto ocurría, en el juzgado de Villena se presentaba Horacio Rodríguez Larreta para que le muestren el espionaje que hizo sobre él la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, que seguía a personas de su propia fuerza política. En la causa hay fotos, videos, grabaciones de diálogos entre espías, informes de inteligencia, fichas y chats, entre otras tantas cosas, que muestran los seguimientos ilegales a políticos oficialistas y opositores, jueces, organizaciones sociales y hasta miembros de la iglesia católica. Los damnificados podrán ser querellantes e intervenir en la causa como víctimas. Así como Cristina Fernández de Kirchner pidió serlo en cuanto vio en persona los abundantes seguimientos, Larreta también. Había ido junto con su abogado Mariano Mendilharazu. Sobre el jefe de gobierno porteño en la causa hay, en especial, seguimientos fotográficos extensos.

La pista que une las maniobras de la AFI que comandaba Gustavo Arribas y el SPF a cargo de Blanco –y ahora imputado-- es una arista clave de la causa judicial. Villena ya había allanado las direcciones de Seguridad y de Información, esta última también conocida como “Area 50”. La gran sospecha es que en esta última se habría pergeñado y desarrollado buena parte del espionaje a los ex funcionarios kirchneristas y empresarios presos. Como anticipó Página/12 por el material secuestrado y otro tanto obtenido de celulares de agentes de inteligencia que están bajo investigación se pudo establecer la relación con el SPF. Suriano, el jefe del Area 50, de hecho renunció la semana pasada con la excusa de su jubilación después que se supiera de su contacto con los espías implicados en toda esta ingeniería y el grupo que se hacía llamar “Súper Mario Bros”, donde el que mandaba era Alan Ruiz, jefe de operaciones especiales de la AFI, y hombre de confianza de la ex ministra Patricia Bullrich, con quien había trabajado.

Pero además surgieron indicios de que una elaborada operación de inteligencia se había implementado en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. Los espías lo llaman “alambrado”: había, todo indica, micrófonos en celdas y en la sala donde los presos se reúnen en forma confidencial con sus abogados/as y tienen encuentros privados con sus familiares, lo que representa una violación del derecho a la intimidad, del derecho de defensa y de los derechos humanos en general.

Los agentes de Gendarmería y PSA entraron a la madrugada al penal de Ezeiza sabiendo que era posible que los penitenciarios hubieran dejado una suerte de “trampa” para distraerlos. En efecto, en celdas del sector que el macrismo bautizó como IRIC (programa de Intervención para la Reducción de los Indices de Corruptibilidad), donde estaban los detenidos de las causas por corrupción, encontraron un “cableado” falso. Pero siguieron hurgando y hallaron elementos que sí se habrían usado para espiar, que serán peritados. Un testigo del allanamiento relató que había cables de red y telefonía a la vista en lugares donde no se explica por qué deberían estar, como tomas de luz y otros, por los techos que podrían servir para transmisión de datos.

En el “Area 50”, en la calle Varela 266, en Flores, se habían encontrado dos pantallas desde las cuales los investigadores creen que se monitoreaba el pabellón de los presos por causas por corrupción. El presunto vínculo entre Suriano y la AFI hace suponer que ésta última iba accediendo al material allí recabado.

Una grabación que difundió el periodista Rolando Graña, de una reunión en la que se escucharía hablar a Ruiz, dirigiéndose a otros agentes, alude al operativo de espionaje en la cárcel y la vinculación AFI-SPF. Decía: “Lo primero que tenemos que definir con Cristian Suriano es una unidad que sería Ezeiza o Marcos paz, hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar (en alusión a poner micrófonos). Lo vamos a equipar todo, los vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro. Están operando (Julio) De Vido, Boudou, el cuervo Larroque que está yendo siempre a visitar a (Fernando) Esteche (…) La idea es armar todo, todo preparado para pasar información a algunos sectores que están complicados (…) Por ejemplo hay chabones de la política que no los tenemos en la lista y están yendo a visitar a tipos que están presos. La idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas, ese lugar le tenemos que meter un equipo técnico y después van a dejar los celulares y ahí empezamos a chorear información (en alusión a sacar información de los teléfonos). Y después vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas porque son las que van a operar políticamente en contra”.

Las personas que aparecen mencionadas allí eran, en efecto, algunos de los detenidos en Ezeiza, donde también estaban alojados otros funcionarios como Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Carlos Zannini, y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y el dirigente Luis D’Elía. El año pasado fueron conocidas las filtraciones de conversaciones privadas de Schiavi, Baéz y de Roberto Baratta con las que se armó el llamado “operativo Puf” para intentar contrarrestar la causa conocida como D’Alessio gate que tramita en el juzgado Federal de Dolores, que desnudó también maniobras de espionaje y extorsiones con expedientes judiciales. Algo que siempre llamó la atención de algunos de estos detenidos es que los mezclaban con presos acusados de narcotráfico, a quienes existía la excusa de vigilar por peligro de fuga. Las pinchaduras a los teléfonos públicos de Ezeiza se hicieron en una investigación contra el “rey de la efedrina”, Mario Segovia. Las ordenó el mismo juez Villena, que ahora tiene a cargo la investigación sobre megaespionaje. Su difusión comenzó cuando se hizo eco de ellas Elisa Carrió y llegaron a manos del fallecido Claudio Bonadío. De aquel papel de Villena se agarran algunos de los espías involucrados ahora para recusarlo.

El origen de esta causa está vinculado también a un “narco”, llamado Sergio Rodríguez, apodado Verdura o Tomate, que tras lograr escapar varias veces, finalmente al ver cercada su organización, fue detenido y ofreció algunas informaciones. La que aquí resultó clave, fue que relató que un ex agente de la AFI, llamado Facundo Melo, lo había contactado para encomendarle poner una bomba de trotyl en la puerta del edificio donde vivía José Luis Vila, ex subsecretario de Defensa y también ex agente de la ex Side. El allanamiento de anteayer en el penal de Melchor Romero, en provincia de Buenos Aires, está vinculado en parte con la actuación de Melo, que era abogado y la AFI lo había puesto a trabajar en la causa sobre una supuesta asociación ilícita en Independiente, donde se intentó detener a Hugo y Pablo Moyano, al frente del club. Melo tenía el doble papel de abogado de un barra de Independiente, Damián Lagaronne, y de espía. Lo dijo él mismo en una denuncia que presentó ante el juzgado de Ariel Lijo, donde denunció que lo habían echado de la AFI porque no se quiso prestar a convencer a Lagaronne para incriminar a los Moyano. En ese entonces apuntó a ahora célebre Ruiz. Lagaronne estuvo detenido en Melchor Romero, donde fueron encontrados también elementos de posible espionaje en una sala donde concurren los abogados que serán analizados por Gendarmería.

Cuando se empezó a investigar a Melo y la pista penitenciaria, el camino condujo hacia otros agentes como Jorge Sáez, ex integrante del Area 50, y Leandro Araque, que también pasó por la Policía de la Ciudad. El celular de Araque, secuestrado en un procedimiento, se convirtió en una fuente sorprendente de información con gran cantidad de archivos de seguimientos. Buena parte de lo que se le mostró a CFK, por ejemplo, había salido de ahí. La causa cuenta con 1500 legajos de espionaje, y las personas afectadas son muchísimas. Además de la vicepresidenta y Rodríguez Larreta, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Graciela Camaño, el obispo de Lomas de Zamora monseñor Jorge Lugones, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el periodista Hugo Alconada Mon, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el ex titular de la Cámara de Dipuados Emilio Monzó, entre muchísimos otros.

Melo y Araque intentan llevar la causa a Comodoro Py. Pidieron declarar, ofreciendo información, ante la Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia, algo que ocurriría esta misma semana. Todo hace pensar que apuntan a cortar la cadena de responsabilidades en Ruiz. Pero el volumen y tenor del material que junta el juez Villena sobre muchísimas personas sugiere muchas más responsabilidades y del máximo nivel.