Desde España

España se dispone a enfrentarse a uno de los temas tabú que la han acompañado desde la recuperación de su democracia tapado por un manto de silencio: la corrupción del anterior monarca, Juan Carlos I de Borbón, que reinó desde la muerte de Franco, en 1975, hasta su abdicación, en junio de 2014.

Ya en aquel entonces el rey se vio empujado a renunciar al trono ante los casos de corrupción que involucraban a su hija, Cristina de Borbón, y a su yerno, Iñaki Urdangarín, condenado a cinco años y diez meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, delitos que lo llevaron a cárcel.

Sin embargo, ahora es el propio Juan Carlos de Borbón el que está bajo la lupa judicial después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiera el pasado lunes investigar un presunto cobro de comisiones millonarias por la construcción del tren de alta velocidad entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca.

Este miércoles, más de 70 diputados pertenecientes a partidos situados a la izquierda del PSOE, incluido sus socios de gobierno de Podemos, y nacionalistas acordaron pedir la creación de una comisión parlamentaria que investigue las finanzas de monarca.

Debido a que la Constitución española consagra la inviolabilidad de la figura del rey para toda clase de delitos, tanto la investigación judicial como la parlamentaria, si ésta finalmente se concreta, solamente podrá comprender el periodo comprendido a partir de su abdicación, es decir desde junio de 2014.

El caso por el que se investigarán las presuntas coimas cobradas por el padre y antecesor del actual monarca, Felipe VI, se abrió en diciembre de 2018 para desvelar el destino de 80 millones de euros que según la ex amante de Juan Carlos I, la aristócrata alemana Corinna Larsen zu Sayn-Wittgenstein, habría cobrado el rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

La investigación judicial se centra en determinar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución de 1978 reconoce al jefe del Estado. "Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", indica una nota informativa remitida por la Fiscalía.

La Fiscalía del Tribunal Supremo de España está a la espera de recibir el resultado de la comisión rogatoria remitida a Suiza tiempo atrás en la que solicitaba información sobre este asunto.

Aunque las cuentas del anterior monarca llevan años bajo sospecha -recientemente el New York Times le atribuyó una fortuna de 1.800 millones de euros pese a que cuando accedió al trono carecía de patrimonio- no fue hasta el pasado marzo, cuando la opinión pública española estaba aún conmocionada por la declaración del estado de alarma a causa del coronavirus, cuando volvió a la primera línea. Informaciones publicadas en la periódicos suizos y británicos revelaron la fortuna que Juan Carlos escondía presuntamente en bancos del país helvético. Estas informaciones provocaron que su hijo y actual monarca, en un intento por preservar el golpeado prestigio de la monarquía, anunciara su renuncia a la herencia de su padre y suspendiera la asignación anual de 194.000 euros que hasta entonces le concedía la Casa Real proveniente de fondos públicos.

Hasta ese momento, Felipe VI figuraba como segundo beneficiario de la Fundación Lucum, que aparece como titular de la cuenta off shore donde se ingresó la presunta donación de 100 millones de dólares (80 millones de euros) de Arabia Saudita.

El pasado 15 de marzo, un día después de decretarse el estado de alarma, la Casa del Rey aseguró a través de un comunicado que Felipe VI supo un año antes de su "supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos". La información le llegó al monarca, según la nota oficial, a través de un despacho de abogados británico que no adjuntaba documentación que lo acreditara.

Según esa nota, el rey Felipe VI escribió una carta a su padre en el que le informaba que "si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación".

Todo el asunto saltó durante la investigación del conocido como 'caso Tándem', que tenía como centro al excomisario José Manuel Villarejo, un oscuro personaje de lo que se conoce como 'cloacas del Estado' entre cuyas grabaciones se encontró el audio de una conversación entre Corinna Larsen y un empresario en la que aristócrata revelaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una unión temporal de empresas españolas de las obras del tren de alta velocidad entre Media y La Meca y señalaba a la Shahpari Zanganeh, esposa del traficante de armas ya fallecido, Adnan Khashoggi, como la encargada de repartirlas.

Esa investigación se cerró provisionalmente debido a la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos en el momento de los hechos por el privilegio consagrado en la Constitución. Sin embargo, el juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación de las obras del tren a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles coimas.

La Fiscalía abrió en ese momento unas diligencias secretas por la sospecha de presuntos delitos de cohecho (soborno) y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias.

Sin bien el presunto cobro de las coimas se produjo cuando Juan Carlos aún reinaba, por lo que no se lo podría investigar, el supuesto blanqueo de ese dinero se habría producido posteriormente, cuando su conducta sí podría ser punible.

Tanto la viuda de Kashoggi como la ex amante del anterior monarca español ya han comparecido como testigos ante los investigadores.