La Cámara Nacional de Casación Penal urgió al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín a que fije “en lo inmediato” fecha de realización del juicio contra ex directivos de Ford imputados por el secuestro de 24 trabajadores de la planta de Pacheco, en el norte del Gran Buenos Aires, durante la dictadura. La causa está lista para ser debatida en juicio oral y público desde 2014. En enero pasado, el TOF 1 suspendió por segunda vez el debate, que iba a realizarse este mes. Junto con la Secretaría de Derechos Humanos, la querella que representa a los obreros presentó un recurso de reposición para pedir a los jueces que declinen la suspensión. Aún aguardan respuesta. 

El representante de la querella, Tomás Ojea Quintana, calificó como “reprobable” la demora en el inicio del juicio y responsabilizó a la Justicia. “Un juicio que desde 2014 está en el tribunal para que se lleve a cabo es reprobable que aún no haya sucedido. Uno de los tres procesados ya falleció y las víctimas son gente de mucha edad y están muy enfermos, con lo cual es claro el impedimento de hacer justicia”, apuntó en diálogo con este diario. 

En uno de sus pasajes, la resolución de la sala II de la Cámara de Casación que urgió a los jueces de San Martín a ponerle fecha al debate insistió en la misma línea que Ojea Quintana, al hacer hincapié en que en tres años el debate fue suspendido dos veces y “todavía las víctimas y los familiares de la causa siguen esperando ansiosamente un juicio”. 

Los camaristas Pedro David, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar resolvieron un recurso de amparo presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a propósito de la segunda suspensión que el TOF 1 de San Martín realizó del debate, que debía haber comenzado el 14 de marzo pasado. Los camaristas rechazaron el recurso, pero urgieron al TOF “a agilizar el trámite y realizar los debates en los distintos tramos elevados a juicio, originados en la causa Nº 4012 ‘Campo de Mayo’”, entre ellos el que investigó los crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de la Ford.

En el mismo sentido, la Sala II recordó “la vocación aplicativa de lo dispuesto por esta Cámara en la Acordada Nº 1/12, en orden a la necesidad de realizar la justicia bajo resguardo del debido proceso, en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta las características que revisten causas de lesa humanidad como la especie”.

Los hechos por los que están imputados ex directivos de Ford fueron denunciados incluso durante la vigencia de las leyes de impunidad y en 2002 el fiscal Félix Crous pidió la apertura de la causa, pero pasaron más de diez años hasta que la Justicia procesó a tres directivos, uno de los cuales falleció el año pasado sin ver el comienzo del juicio.

“El tribunal suspendió el juicio con argumentos no válidos”, apuntó Ojea Quintana. Cuando fijó al 14 de marzo como nueva fecha de inicio, tras la primera suspensión, “no dijo nada de los otros juicios que debía afrontar, ni las prisiones preventivas que debe atender, como expuso en enero cuando suspendió el de Ford”, continuó el abogado. “Este es un juicio que no puede esperar”, añadió.

En la causa se investigó el funcionamiento de un centro de detención clandestino dentro de la planta de Ford en Pacheco, uno de los casos s emblemáticos de la responsabilidad empresarial en crímenes del terrorismo de Estado. Los secuestros en la Ford se produjeron por “oleadas” desde el 24 de marzo, se extendieron durante unos dos meses y abarcaron a delegados gremiales y otros trabajadores que, en su gran mayoría, pasaron por el “quincho” de la Ford  y luego por un circuito represivo que incluía la comisaría de Tigre.