El gobierno nacional decidió meter mano en todo el sistema penitenciario y designó a la jueza, jubilada, María Laura Garrigós como secretaria de Asuntos Penitenciarios y, a la vez, interventora en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El recambio se demoró en exceso: todo el manejo en las cárceles federales fue escandaloso, con un pico máximo en el espionaje contra los internos, las escuchas y los aprietes a los ex funcionarios y empresarios. Los objetivos fueron quitarles las empresas, obligarlos a vender a los propietarios y, principalmente, para que esos empresarios o los ex funcionarios se "arrepientan" y acepten acusar de delitos al peronismo y al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Garrigós, ex titular de Justicia Legítima, es una personalidad considerada intachable por todas las corrientes --aún las más conservadoras-- y tendrá como misión torcer, desde todo punto de vista, la situación en las cárceles federales. Ayer, el juez Federico Villena, ordenó allanamientos en la causa sobre el espionaje ilegal en los penales (ver aparte) y se encontraron rastros de "cableados", micrófonos y sistema de vigilancia remotos, tal como adelantó Página/12 el domingo pasado.

El presidente Alberto Fernández anunció el recambio ayer por la mañana en Radio 10 y sostuvo que "tengo enorme preocupación por la causa del espionaje. Esos son hechos de los que nos la pasamos hablando y señalamos que ocurrían. Nadie levantó nuestras palabras para investigar y ahora apareció la investigación. Ese es un tema de la justicia y espero que actúe como se debe. Sí debo garantizar como presidente que eso nunca más vuelva a ocurrir. Voy a designar a alguien para ocuparnos del SPF, lo vamos a intervenir. Fui muchas veces al penal de Ezeiza, así que seguramente esté ahí escuchado". Horas más tarde, trascendió el nombre de Garrigós de Rébori y el decreto, con la firma del presidente y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se estaba redactando al atardecer. Estaba previsto que el anuncio fuera informal y el texto del decreto no contiene mayores consideraciones, sino una referencia a la emergencia penitenciaria. En realidad, con las palabras del mandatario quedaron claros los motivos de la caída de toda la cúpula penitenciaria.

Hace una semana, el juez Villena ordenó los allanamientos en dos direcciones claves del SPF: Reunión de Información, que era el área de Inteligencia, a cargo de Claudio Suriano, y la Dirección de Seguridad, cuyo titular era Juan Carlos Silveira. De allí, el magistrado se llevó cinco terabytes de información y, según parece, se encontró documentación probatoria de operaciones de espionaje. Hay versiones que indican que existían sistema remotos que permitían a los hombres del Área 50 --Inteligencia-- monitorear reuniones de los detenidos con sus abogados y familiares. En paralelo, en la investigación de la banda que respondía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se autodenominaba Super Mario Bros, se detectó la presencia de Fernando Carra, un asesor del titular del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco. Hay testimonios de que Carra participaba de sesiones de "ablande" con algunos de los internos a los que querían convencer de "arrepentirse", jugando el papel de "policía bueno". Blanco renunció hace diez días y con el decreto de designación de Garrigós se concreta su desplazamiento.

Las ilegalidades en el SPF registran pocos antecedentes. Se intervinieron los teléfonos públicos de los pabellones con el argumento de que se querían frustrar planes de narcos, pero la realidad es que se escuchaba ilegalmente a los ex funcionarios y empresarios. Se llegó al colmo de difundir, a través de periodistas alineados con Cambiemos, diálogos del constructor Lázaro Báez con su abogada; del ex número 2 del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, con su hijo pequeño; del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, con amigos y compañeros de fuerza política. Todo violatorio de la intimidad, el derecho a la defensa y los derechos humanos. El papel del juez Villena no está claro en esa maniobras: no faltan quienes lo acusan de haber autorizado ese espionaje. El magistrado lo niega.

En las últimas semanas todo explotó cuando el propio magistrado encabezó la investigación y descubrió a la banda de espionaje ilegal con terminal en el director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, y con participación de ex penitenciarios, policías, abogados, barras bravas y hasta narcos.

Pero los problemas en las cárceles no fueron sólo esos delitos. En abril, en el marco de la crisis del coronavirus, se produjo un motín en todos los pabellones del penal de Devoto, con reclamos por la falta de medidas sanitarias, alimentarias y la exigencia de excarcelación para presos por delitos no violentos o con condenas ya casi cumplidas. El SPF mostró desorganización y falta de conducción, por lo cual se necesitaron varias reuniones con los delegados de los pabellones para desactivar el conflicto. En la respuesta al motín, hubo dos presos heridos, uno de ellos con heridas que le impiden volver a caminar, producto de balas de plomo que salieron de armas de los penitenciarios.

Malala, como le dicen a Garrigós, tendrá entonces la tarea de "normalizar" el SPF y la situación en los penales. A diferencia de lo que ocurre en la Provincia de Buenos Aires, donde la superpoblación es mayor al 110 por ciento --50.000 presos en 24.000 plazas--, en los penales federales las condiciones son algo mejores, aunque también existe superpoblación porque se consideran plazas normales a las cuchetas agregadas en las celdas. Garrigós fue presidenta de la Cámara de Casación ordinaria y encabezó Justicia Legítima, una corriente democratizadora surgida a raíz del alineamiento del aparato judicial con los poderes más tradicionales y corporativos. Con el tiempo, quedó clara la necesidad de una corriente de ese estilo como reacción frente al sistema tradicional. Está claro que la justicia terminó jugando un papel decisivo en las persecuciones políticas, tanto en la Argentina como especialmente en Brasil o Ecuador y hoy en Bolivia. Desde ese lugar pionero en la democratización, Garrigós abordará una tarea que no será para nada fácil.