“Lo que atacan es nuestra forma de trabajo, la lógica interdisciplinaria y territorial”, señaló a Página/12 Dolores, trabajadora social del Programa de atención domiciliaria psiquiátrica, psicológica y social (Adopi) de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajadoras y trabajadores del programa denuncian que recibieron “amenazas" sobre el cobro del salario y un cuestionamiento al modo de trabajo, que es la base sobre la que se sostiene el programa. “En lugar de mirar las historias clínicas que hacemos de los pacientes, la Dirección de Salud Mental empezó a llamar uno por uno a ver si estábamos realmente atendiendo”, relató Dolores. Por el reclamo de los trabajadores, la Dirección de Salud Mental amenazó con cerrar las admisiones y con una modalidad de pago “por paciente atendido”. 

En sintonía con la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, el programa aborda cuadros de pacientes en situaciones vulnerables, que por imposibilidad física o psicológica, no pueden trasladarse hasta un centro de salud o un hospital de la Ciudad. “Trabajamos con personas que tienen padecimientos silenciosos, generalmente alojados por años dentro de las familias”, detalló Claudia, médica y psicóloga que trabaja en el programa desde sus inicios, en 2003, y explicó que “el objetivo es sostener dispositivos alternativos a la internación, con la perspectiva de desinstitucionalización de la salud mental”.

Si bien el rol de los equipos es, en la mayoría de las situaciones, lograr que las personas puedan superar el aislamiento que padecen, “durante la cuarentena lo que estamos sosteniendo es la necesidad de que los avances que el paciente había logrado no retrocedan”, explicó la psicóloga. La atención, en el marco del aislamiento, pasó a ser por teléfono. “Desoyendo lo que informamos en las historias clínicas, que están disponibles de forma digital para el control por parte de las autoridades, llamaron uno por uno a nuestros pacientes”, relató Dolores, trabajadora social, y explicó que “según su mirada, si a un paciente lo está siguiendo la psicóloga, entonces el resto de los profesionales no hacemos falta. Lo que pasa es que esta mirada no coincide con el espíritu y el objetivo del programa”.

“Esos llamados atentan contra un vínculo y una confianza construida, que es un trabajo de meses o incluso de años en algunos casos”, señaló Claudia y agregó que, en los casi 17 años de existencia del programa, “a pesar de las gestiones, algunas peores que otras, nunca nos habían hecho algo así”.

Desde hace 15 años, los 18 equipos interdisciplinarios que conforman el Programa Adopi lo sostienen “a base de nuestra voluntad y trabajo”, señaló Dolores y explicó que “siempre estuvimos en condición de precariedad, pero especialmente desde el 2013, cuando empezamos a cobrar mediante la modalidad de guardias aplanadas”. Esta modalidad implica que les trabajadores no tengan acceso a ningún tipo de licencia, por enfermedad o por maternidad, ni una actualización del salario, que se mantiene sin modificaciones desde hace tres años. “Es parte del parche que demuestra el mal funcionamiento del sistema de salud en la Ciudad”, afirmó la trabajadora social y detalló que “cobramos 8 mil pesos mensuales y nos pagamos los viáticos y el teléfono con el que hacemos constantemente llamadas a los pacientes”. Actualmente, de los 52 trabajadores del programa, 46 cobran mediante esta modalidad.

Además de las condiciones laborales, desde el inicio del aislamiento obligatorio los equipos dejaron de recibir nuevos pacientes. “Nos dijeron que las admisiones eran ahora para los paradores, cuando bien saben que esa no es nuestra área de trabajo, además de que implica ir directo al foco de contagio sin tener ningún tipo de licencia o amparo”, explicó Dolores y aseguró que “si yo me enfermo y no puedo trabajar, ese mes no lo cobro”.

“La función de la incertidumbre y la amenaza es generar miedo, quitarle potencia y achicar el dispositivo, que es único en el país y uno de los pocos que hay en el mundo”, señaló Claudia, y agregó que “estamos seguros de que la circunstancia requiere de nuestro trabajo, sin embargo estamos desactivados por la falla en la gestión de las autoridades de la Ciudad”.

Dolores trabaja en el programa desde el 2010, y en su función de trabajadora social no solamente visita a las personas sino que se vincula con los espacios que el paciente habita, como puede ser una escuela o la Iglesia del barrio. “Si el programa se cae se queda sin atención todo un sector vulnerable de la sociedad”, señaló la profesional y relató que “desde principios de año venimos presentando cartas al ministerio para reclamar por nuestra situación, pero no recibimos soluciones”.

Según Dolores, la actitud de la Dirección de Salud Mental de la Ciudad apunta a “reducir el programa a una lógica cuantitativa”, y agregó: “Lo están dejando caer”.

Informe: Lorena Bermejo