El actual intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, conversó con Salta/12 sobre la denuncia penal que realizó contra su antecesor y tres veces mandatario de aquella localidad, Ernesto "Kila" Gonza. Se basa en una serie de irregularidades que se encontraron en la auditoría que realizaron de su última gestión.

Entre las faltas detectadas, la más llamativa para Saravia fue una especie de “caja chica” comunal, cuyos recursos el ex intendente; su secretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, y el concejal Aldo Gonza, hermano del ex mandatario, usaban sin justificar los gastos ni rendir cuentas.

Los únicos papeles que quedaron, y según Saravia los encontraron “metidos en una bolsa en un cajón”, fueron 90 recibos “truchos” que servían de constancia interna y que sólo indican la fecha de retiro de dinero, el nombre y firma de quien lo hacía y un breve comentario.

“Nosotros encontramos estos 90 que se olvidaron, que van del 2017 al 2019, seguramente había más del período 2016”, dijo intendente. 

En algunos casos, los montos superan el millón de pesos, con justificativos tales como “elecciones”, “lota”, “tablets”. “Eso viola totalmente la normativa del manejo de fondos públicos”, explicó Saravia. A veces, esos recibos ni si quiera llevaban una explicación, sólo el nombre del hermano del intendente, “Aldo”.

“El concejal Aldo Gonza no podía tener injerencia en las arcas municipales, ya que no era parte del Ejecutivo y, sin embargo, firmaba y retiraba grandes sumas de dinero que luego no se rendían”, contó el denunciante.

Entre los recibos, Saravia mostró uno por $130.000 que reza “compra de camioneta municipal”. Según los empleados, era una camioneta vieja pero remodelada, que estuvo un tiempo en el municipio, sin embargo hoy brilla por su ausencia y su paradero es desconocido, “al igual que la cantidad de neumáticos y autopartes que compraron”, agregó mientras mostraba una fotografía que retrata el estado de abandono en que dejaron el parte automotor del municipio.

Meses después, se pagó una orden de compra por un equipo de GNC, “para esa misma camioneta”. Ese equipamiento tampoco quedó en el municipio.

“Gastaron $100.000 en tablets días antes de las elecciones, sin siquiera una licitación y no quedó ninguna, tampoco hay facturas de la compra”, manifestó el intendente. Según la versión de los trabajadores municipales, esos equipos se utilizaron para indicar a los lugareños “cómo realizar el voto electrónico”.

Otra de las irregularidades que denunció el actual intendente está vinculada al manejo que se hacía del dinero que enviaba la provincia para la obra pública y la forma de rendirlo. “Pagaban sumas millonarias en efectivo y otras menores en cheques diferidos o al portador, es decir, que se cobraban de inmediato en ventanilla”, algo que no se estila y que, insistió, demuestra las irregularidades y la falta de bancarización total de la gestión anterior.

Una de las sumas que quedó sin rendir fue de $12 millones para “asistencia crítica y programas sociales” que había girado el Ministerio de Asuntos Indígenas. Según Saravia, el 10 de diciembre el municipio recibió un pedido de rendición de cuentas de parte de la saliente ministra Edith Cruz.

Sin embargo, dos secretarias de la cartera de Desarrollo Social del municipio, respondieron que sus computadoras habían sido borradas por completo el 8 de diciembre, dos días antes del traspaso de mando, por lo que no había registros contables del destino de ese dinero.

El jefe comunal prefirió mantener en el anonimato a las funcionarias por miedo a que sufran represalias, sin embargo aseguró que una de ellas firmó la declaración de sus dichos como prueba de los manejos de la gestión anterior.

Explicó que no tiene un número total del desfalco a las arcas municipales en los últimos cuatro años de la gestión de Gonza, “porque hay muchos montos que deberá estimar la justicia en su investigación”.

“La auditoría llevó tiempo porque había mucha documentación de muy difícil interpretación por la informalidad de los movimientos que se realizaban y mucha otra faltante”, informó Manuel Saravia. Luego vendría la cuarentena y la feria judicial, “pero finalmente se presentó toda la prueba documental y ya está en manos de la justicia”, sostuvo.

Por último, adjuntó en su denuncia un informe de la misma Auditoría General de la provincia, en la que consta, a través de resolución N°159/19, la presentación de dicho organismo al Ministerio Público Fiscal, en donde le hace saber que la administración Gonza no les permitía acceder a la información requerida.

Ernesto “Kila” Gonza fue intendente en tres períodos, de 2003 a 2011, y de 2015 a 2019. Ya en 2018 recibió una denuncia que aún se tramita en la Fiscalía Penal N° 1,  por realizar maniobras fraudulentas para desviar fondos de la comuna destinados a la construcción de módulos habitacionales.

A su vez, sobrevivió a dos juicios políticos, en uno de ellos (2017), el caso llegó a la Corte de Justicia, que nunca tomó una decisión al respecto y finalmente fue el mismo pueblo quien decidió reemplazarlo. En ese momento, su abogado, Carlos “Uluncha” Saravia, hoy a cargo del Ente Regulador de Servicios Públicos, había objetado el proceso de destitución por supuestas irregularidades.

Amenazas sospechosas

Desde hace una semana, el intendente de San Lorenzo se mueve con custodia policial personal y también en su domicilio debido a mensajes que recibió en su celular particular con amenazas de muerte hacia él y su familia.

Si bien no sabe si tendrían vínculo directo con estas investigaciones, Saravia consideró que es llamativo que sean en el mismo momento que estaba por presentar la denuncia en la justicia. Por lo que el fiscal penal Horacio Córdoba, decidió aignarle la consigna policial.