La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al concejal de Guachipas, Héctor Sebastián Cari, por el delito de fraude a la administración pública, por haberse inscripto, y cobrado, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Gobierno Nacional para aquellas personas que no cuentan con otros ingresos, en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. 

La fiscala actuó de oficio, tras publicaciones en distintos medios de comunicación sobre el presunto cobro del IFE por parte del edil.

En el decreto de imputación se reseña que Cari, "en su carácter de concejal del municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a sabiendas de que no podía serlo" y con ello "hizo incurrir en error a la Administración", ya que para postularse para ser beneficiario de este subsidio se requiere contar con la foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién una vez incluídos estos requisitos, se puede ingresar a la solicitud.

La Fiscalía destacó que el accionar de Cari no se detuvo allí, pues tras ser notificado de que el beneficio le había sido acordado, "se presentó personalmente ante las oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, a sabiendas de que no le correspondían".

Y luego, al ser señalado por los vecinos que lo conocen y advirtieron que estaba accediendo a una operatoria que no le correspondía, "intentó encubrir la maniobra ardidosa mediante la presentación de una nota ante el Concejo Deliberante en la que puso a disposición la suma referida".

Esta es la segunda investigación penal en la provincia por delitos vinculados a la operatoria del IFE. La primera, radicada en realidad en la Justicia Federal en Buenos Aires, tuvo efecto directo en la provincia con la detención, a finales de abril, del presidente del Club Central Norte de Embarcación, Jorge Moya, y otras dos personas vinculadas, acusados de cometer una estafa a personas vulnerables que pugnaban por obtener el IFE, también se lo acusó por defraudación a la administración pública. En este caso, estas personas cobraban un porcentaje por tramitar el subsidio.