El Tribunal Supremo (TS) de España abrió una puerta para avanzar en la investigación de los casos de bebés robados durante el franquismo. El fallo del Tribunal tiene que ver con el caso de Inés Madrigal
, la primera víctima en llevar adelante un juicio por apropiación. En 2018 Madrigal había conseguido que la Audiencia Provincial de Madrid declarara al médico Eduardo Vela culpable de haberla robado a su madre al nacer en 1969. Sin embargo, el hombre fue absuelvo ya que el tribunal madrileño determinó que la causa había prescrito. De esta manera cerró la posibilidad de seguir este caso así como otros cientos que se presentaron en toda España. Ahora, el fallo del TS, al no pronunciarse sobre la prescripción de los delitos de Vela, posibilita a que se avance en otras denuncias.
Búsqueda de la Verdad
El caso de Madrigal fue el primero en llegar a juicio por el robo de bebés durante el franquismo. Cuando la mujer cumplió 18 años, quien creía que era su madre biológica, Inés Pérez, le confesó que en realidad era adoptada. Pérez le dijo que en el proceso había intervenido un cura que conocía del convento, amigo del médico Eduardo Vela. Madrigal presentó una denuncia y en 2018 logró que la Justicia española se expida sobre su caso. El tribunal madrileño había considerado a Vela responsable de los delitos de falsedad, suposición de parto y detención ilegal, pero lo absolvió porque habían prescrito. El fallo fue apelado tanto por la Fiscalía como por la denunciante.
En julio del año pasado, tres meses antes del fallecimiento de Vela, Madrigal encontró a sus hermanos biológicos gracias a un banco de ADN. Ellos le dijeron que su madre biológica, ya fallecida, la había dado en adopción. Tomando estas novedades, el TS concluyó ahora que la detención ilegal no está probada, pero confirmó la falsedad documental y la ilegalidad de la adopción de la mujer. El acusado intervino tanto en la certificación falsa para inscribir a la niña en el Registro Civil, así como en toda la maniobra ilegal para entregarla a los padres adoptivos, sostuvo el TS.
Sin embargo, el dato a resaltar es que el Supremo no se pronunció sobre la prescripción de los delitos de Vela hace 25 años. Para la Justicia el hecho de que el hombre haya muerto volvió inviable el pedido de una condena. “Sería especular sobre una cuestión con finalidad puramente teórica", subraya el fallo. En cambio, sí analizó otras cuestiones que incidieron en el mismo una vez dictada la primera sentencia: el hecho de que la propia Fiscalía aportó un informe después de que la víctima encontró a sus familiares biológicos. Esta información aportó elementos para acreditar que Madrigal había sido entregada de forma libre y voluntaria con fines de adopción. En ese sentido, el Supremo concluyó que la hipótesis de que fue sustraída es tan probable como la contraria.
Los crímenes del franquismo
Al no pronunciarse sobre la prescripción, el Tribunal posibilitó que se puedan juzgar otros casos. De hecho, el próximo 30 de junio sus magistrados tendrá de deliberar sobre un recurso presentado por la Asociación SOS Bebés Robados Huelva, informó el diario El País de España. Este colectivo espera que la máxima instancia judicial española revoque la determinación de prescripción para todos los casos. La asociación representa a más de 180 familias.
En enero de 2011 se presentó la primera querella criminal conjunta en España por más de 200 casos de niños robados. Tres años después, las denuncias eran ya 4.000, pero el 80 por ciento habían sido archivadas. En 2014, los familiares de víctimas de la época de la dictadura se sumaron a la querella abierta en Argentina por los crímenes franquistas en aplicación del principio de Justicia universal. Al igual que en otras dictaduras, el robo de bebés fue una práctica empleada por el franquismo. Miles de niños de madres vencidas en la guerra civil (1936-1939) fueron entregados a instituciones públicas o religiosas, así como a otras familias. Pero lo singular en España fue que la trama institucional de apropiación surgida de la represión franquista se extendió hasta finales de la década de 1980. El robo de bebés se convirtió en un negocio rentable en el que estaban implicados médicos, enfermeras, curas y monjas. Se estima que unas 30 mil personas serían víctimas de estos hechos según organismos de Derechos Humanos.
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para que el gobierno retire condecoraciones otorgadas funcionarios y autoridades franquistas. El reconocimiento del Estado español será retirado a aquellos que hubiesen actuado en contra de los valores democráticos y de protección de los DDHH. La propuesta fue presentada por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP). El hecho se produjo a un mes de la muerte por coronavirus del ex policía Juan Antonio González Pacheco. Conocido con el alias "Billy el Niño", Pacheco había torturado a políticos opositores a la dictadura franquista. El ex policía murió sin ser juzgado y gozando de los beneficios que conllevaba haber sido condecorado con medallas durante su trayectoria. De esa forma pudo cobrar hasta un 50 por ciento más de pensión. La iniciativa presentada por el oficialismo español revocó esos beneficios.
