Pareció que el regreso de un gobierno peronista pondría nuevamente en el centro de la escena política a las pequeñas y medianas industrias, es decir el 90 por ciento de la totalidad de unidades productivas del país y responsables del 75 por ciento del empleo privado. Más aún si se tiene en cuenta que Cristina Fernández de Kirchner, poco antes del anuncio de la candidatura de Alberto Fernández, elogio públicamente la figura de José Ber Gelbard, el histórico líder de la burguesía nacional.
Pero el respaldo del sector productivo al gobierno en su renegociación de la deuda, mediante un encuentro celebrado en Olivos el mes pasado, exhibió una nueva ausencia del espacio pyme, pues solo estuvieron la CGT junto a la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, y la Cámara de la Construcción. Es decir, los representantes del capital concentrado de la industria, el agro, y las multinacionales.
Sucede que desde el ámbito gremial pyme, aún no pudo conformarse una única central representativa del complejo mundo de las pequeñas y medianas empresas, pues su sector dirigente se encuentra actualmente dividido entre CGERA y CAME por un lado, y la Mesa de Unidad Pyme, por el otro.
Mientras que el primero de estos espacios afirma que el segundo no posee representatividad federal y que varios de sus integrantes son entidades de primer grado e incluso carecen de personería jurídica, los segundos señalan que la alianza de fines del años pasado entre CGERA y CAME, a la que también se sumó la CGE pero sin peso específico, no modificó la conducción de una CAME que efectuó un fuerte apoyo al macrismo. Brindan como ejemplo la presión para la rebaja salarial de un 25 por ciento en los empleados de comercio, una política en línea con el macrismo pero alejada del tradicional proyecto de alianza entre los pequeños y medianos empresarios con sus trabajadores.
Por eso, hoy la unidad parece una quimera, aunque dentro de CAME se organizó una corriente interna denominada CAME UNIDA que busca desplazar a la actual dirigencia para conformar una entidad afín al proyecto original de la pequeña burguesía local de apoyar medidas progresistas y favorables al consumo interno.
La cuestión es que resulta evidente la dificultad para el gobierno en encontrar un interlocutor frente a esta división y sus respectivas realidades. Al mismo tiempo, existe cierto reclamo entre las bases empresarias por la gestión oficial en una asistencia que, afirman, pese a haber estado bien orientada, se demoró mucho en su ejecución. Ponen como ejemplo el tiempo perdido con los créditos bancarios a tasa del 24 por ciento, que a raíz de las altas exigencias del sector financiero, e incluso con las garantías Fogar solo se ejecutara el 25 por ciento.
Ante esta evidencia, tres semanas más tarde el gobierno ofreció de forma directa los créditos ATP, que fueron solicitados por 500.000 compañías, cerca del 80 por ciento del total de empresas locales, aunque también aquí hasta el momento solo se les respondió al 50 por ciento del total. Tal situación explica en parte las razones por la que, según una encuesta de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) a 500 pymes, el 25 por ciento corre riesgo de cerrar definitivamente.
A estos factores se suma el hecho de que el gobierno haya permitido la ampliación del ATP a empresas con más de 800 trabajadores, entre las que se cuentan el Grupo Techint y el Grupo Clarín, a las que muchos dirigentes pymes consideran coresponsables de la crisis prepandemia.
Nadie duda de que el coronavirus fue un cisne negro que afecto a todas las partes, pero las dificultades de las entidades gremiales pymes para ocupar un espacio representativo, sumado a las dificultades del Gobierno para gestionar de forma acelerada la ayuda de estas unidades productivas, exhiben hoy un panorama muy alejado del proyecto original de enhebrar una alianza entre una burguesía nacional organizada y los trabajadores, también como vía de defensa frente a los grupos económicos que estuvieron en la reunión de Olivos.
