La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga movimientos dudosos de dinero de la empresa Vicentin en el exterior. El organismo trabaja con la hipótesis de que cerealera simuló su estado de cesación de pagos y sospecha que fugó y lavó dinero. Por eso se presentó con un pedido para ser querellante en la causa cuyo punto de partida es la investigación de préstamos irregulares por 18.100 millones de pesos que le hizo durante el gobierno de Cambiemos el Banco Nación, cuando lo presidía Javier González Fraga. Por lo pronto el juez federal Julián Ercolini habilitó la feria para agilizar el expediente y le delegó la investigación al fiscal Gerardo Pollicita. Uno de los próximos pasos sería la inhibición general de bienes de González Fraga y de los responsables de la firma, Gustavo Nardelli y Alberto Padoán, una de las medidas pedidas por la UIF, también para el ex presidente Mauricio Macri y otros funcionarios.

Desde febrero están imputados en la causa González Fraga y los empresarios por la presunta defraudación al Estado, lo que surgiría de informes elaborados por Claudio Lozano, uno de los directores del Nación, que pusieron a la vista que la agroexportadora –principal aportante a la campaña de Juntos por el Cambio el año pasado– había recibido préstamos por 18.100 millones de pesos, por sobre los montos habilitados y obteniendo un refinanciamiento sin haber cancelado sus deudas. Es más, 5.600 millones, es decir un tercio del total de créditos fue recibido por Vicentin cuando Macri ya había perdido las elecciones. Pero el incumplimiento con los pagos fue casi simultáneo con las PASO y luego se declaró en situación de estrés financiero hasta pedir el concurso de acreedores. Sin embargo, entre 2015 y 2018 la empresa había dado un enorme salto en su facturación, hasta llegar a ser la primera en el rubro cerealero.

La presentación de la UIF, a la que accedió Página/12 por allegados a la causa, señala que Vicentin forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. Tiene un rol importante la firma Renova, donde es socia del grupo Glencore (que terminó adquiriéndola), que ya es investigada en el país por lavado de activos por transferencias realizadas a la Universidad de Tucumán por Yacimientos Mineros de Aguas Dionisio. Renova (productora de biodisel y harina y aceite de soja, canalizadora de los negocios de granos), señala la presentación, es la firma que habría fugado ganancias de la firma al exterior. Mientras Renova crecía y se ocupaba de exportaciones, Vicentin entraba en cesación de pagos. A Glencore la vincula con firmas off shore en Bermudas, Islas Caimán y otros paraísos fiscales, según surgió en los Paradise Papers. “Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”, dice la UIF. Según este planteo, la defraudación al Estado a través de los créditos millonarios “serían delitos precedentes de maniobras de lavado”.

La hipótesis de la UIF es que “el grupo empresario que integra (Vicentin) contaría con una situación económico-financiera saludable y habría remitido buena parte de sus ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como sospechosas”. Pide una investigación profunda sobre la vinculación entre Vicentin y Glencore y “determinar la trazabilidad del dinero que debió utilizarse para pagar las obligaciones que la firma había contraído con el Banco de la Nación Argentina”.

El fiscal Pollicita armó un grupo de cinco colaboradores para analizar toda la documentación sobre los créditos que fue entregada finalmente ayer por el Banco Nación en el expediente. A partir de este estudio comenzará a pedir declaraciones testimoniales, para cotejar cómo fue la operatoria y cómo era el vínculo entre la Casa Rosada, González Fraga y la empresa agroexportadora. Al parecer, por los informes de Lozano, las autoridades del banco trataron de no dejar huellas, haciendo figurar las decisiones a cargo de los titulares de gerencias del Banco Nación. Pero las directivas habrían llegado desde la Presidencia de la Nación. El fiscal ya había dictaminado que dudaba sobre “la repentina crisis” de Vicentin y advertía sobre empresas controladas en el extranjero.

Es probable que la UIF sea aceptada como querallante y que se amplíe el objeto de la investigación hacia el lavado y la presunta salida de dólares hacia el exterior. También se presentó para participar la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El organismo antilavado pidió la inhibición general de bienes de Macri, del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, de González Fraga, Nardelli y Padoán. Es posible que se disponga para estos últimos. La querella de la UIF debe ser aceptada por el juez Ercolini. La causa parecía en un impase en medio de la pandemia, pero se activó en plena discusión sobre la intervención y el proyecto expropiación de la empresa. Recién cuando sea parte, la UIF aportará sus informes.