El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), ordenó ayer sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares estadounidenses, en un momento en que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.

En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación. La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos, lo que también afectará al resto de la familia de los funcionaros sancionados.

"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado. En ese texto, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.

El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en Afganistán. En marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán. Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne. "Es un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos", señaló.

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, a su vez acusó a Rusia de "manipular" la CPI. "Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para adelantar sus propios intereses", indicó Barr a los periodistas.

En cambio la ONG Human Rights Watch criticó la decisión del presidente estadounidense. "La orden de Trump demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global. Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia", afirmó en un comunicado.

En La Haya, un portavoz del tribunal indicó que estaban al tanto del anuncio en Washington y que emitirán una reacción tras examinar su contenido. 

La corte con sede en La  Haya, fundada en 2002, basa su investigación en que sí tiene jurisdicción sobre el país.El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán Omar al Bashir.

Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus críticas a la respuesta frente al coronavirus.

El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush, que alentó a los países miembros a cerrarla. Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.