Los jueces de la Sala VII del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta condenaron ayer al productor rural de origen alemán Hartmut Torsten Theobald a la pena de prisión perpetua tras declararlo "autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Ramón Ignacio Casas (56), y por tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Benito Soraire (70)".

El tribunal, integrado por el juez Francisco Mascarello y las juezas Paola Marocco y María Livia Carabajal, también hizo lugar a la demanda civil de los familiares de Casas y condenó a Theobald a pagarles $9 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses correspondientes. La familia de Casas también fue querellante en el proceso y en los alegatos, pronunciados ayer mismo, sus representantes legales, los abogados José Teseyra y Alejandro Tapia, adhirieron al pedido de prisión perpetua realizado por el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio. 

Las hechos se cometieron en octubre de 2018, en la finca El Salto, en el paraje Palomitas del departamento General Güemes, de propiedad de la familia Theobald, a poco más de 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Casas, de 56 años, y Soraire, de 70 años, trabajaban en esa finca, que se dedicaba a la producción de verduras y hortalizas y también comercializaba ganado vacuno. 

Los dos fueron envenenados al consumir carne impregnada con un pesticida que les había entregado el productor rural, enojado porque Casas lo había denunciado ante la AFIP por la evasión impositiva que implicaba que no estuvieran registrados formalmente y no realizara los aportes de jubilación y obra social. Es más, Soraire ni siquiera recibía dinero de manos del productor rural y trabajaba solo por alimentos y un lugar donde residir. Casas murió por efecto del veneno. 

Soraire logró sobrevivir porque sospechó de la calidad de la carne debido a que sintió que tenía un olor fuerte, igual que le resultó extraño el gusto de la comida que preparó con ella, luego, al probarla, le sobrevino una descompostura, con lo que no consumió más. Tanto los perros de Casas como los de Soraire murieron envenenados con la misma carne. En las cercanías del ranchito que ocupaba el segundo peón, también murieron un par de zorros que consumieron la carne envenenada. 

Antes de ir a un centro sanitario en busca de ayuda, Soraire arrojó al techo unos chorizos que le había entregado el finquero junto con la carne impregnada con el pesticida. Una vez que el caso comenzó a investigarse, restos de esos chorizos fueron sometidos a pruebas y se determinó que efectivamente contenían un poderoso veneno. 

Matar para no pagar 

En su alegato el fiscal Ramos Ossorio sostuvo que el móvil del crimen cometido por Theobald fue la denuncia realizada por Casas ante la AFIP por irregularidades en el pago de su salario como empleado de la finca. Para el fiscal, el finquero intentó deshacerse del trabajador, que llevaba ya cinco años de trabajo en la finca, para no tener que pagarle una indemnización. 

Y, luego, sostuvo el fiscal, al advertir que si la denuncia de Casas prosperaba Soraire también podría resultar beneficiado y en su caso tenía más de 25 años de trabajo semiesclavo, también decidió matarlo. Ramos Ossorio mantuvo la calificación inicial de la acusación y solicitó la pena de prisión perpetua. 

La defensa, a cargo de los abogados Marcos Molina y Luis César Fernández, pidió la absolución lisa y llana por inocencia o, en subsidio, la absolución por el beneficio de la duda. 

Antes de que el tribunal pasara a deliberar Theobald intentó reforzar los alegatos de sus abogados afirmando que es inocente, dijo que se debe seguir investigando y ofreció ayuda para ello. También pidió que los jueces pregunten "quién es el alemán en la cárcel", dando a entender que podrán conocer otro aspecto de su personalidad porque, dijo, él ayuda mucho muros adentro. 

Tras deliberar, los jueces decidieron la pena de prisión perpetua y la indemnización de 9 millones. Y ordenaron que el ahora condenado sea trasladado a la Unidad Carcelaria 1, la cárcel de Villa Las Rosas.

El debate fue presencial, pero no público, dado que por las restricciones impuestas por el coronavirus, el tribunal no permitió el acceso del público, ni de la prensa. Tampoco se transmitió vía online.