Desde que se inició la cuarentena obligatoria por la circulación del coronavirus, el funcionamiento presencial de los organismos estatales se vio afectado. Tal fue el caso de la Secretaría de Defensa del Consumidor perteneciente al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta. La Caja de abogados de Salta denunció el miércoles que en Salta Capital existen más de dos mil audiencias suspendidas en el organismo y que la actual gestión a cargo de Pía Saravia prioriza el carácter recaudador por encima de los derechos del consumidor.

El vicepresidente de la Caja de Abogados de Salta, Ramiro José Maury, dijo a Salta/12 que la Secretaría es una herramienta "muy necesaria para tratar de hacer una mediación previa” ante las denuncias de los consumidores, pero consideró que con la nueva gestión “se fue dejando de lado la importancia de las audiencias mermando su número”, situación que se “agravó más” con el virus que provoca la enfermedad Covid-19.

Maury trabajó con este tema en la función pública por más de 10 años. Su último cargo fue en el 2017 como jefe del Programa Fiscalización y Control de la Secretaría de Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de Gobierno.

“Desde el 16 de marzo suspendieron la toma de audiencias y todas las denuncias que habían recibido y tenían fecha (de audiencias) no se hicieron”, aseguró. Como integrante de la Caja de Abogados, Maury tiene a su cargo el trámite de varias denuncias de consumidores. Contó que por esta razón se dirigió en reiteradas oportunidades a las oficinas del organismo, ubicadas en España 1350, e incluso constató el miércoles último que no había atención al público aún en esta nueva fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio que transita la provincia.

La última respuesta que tuvo fue que “todavía no tienen fecha (de retorno a la atención presencial) y que están trabajando para volver mediante la modalidad de conciliación virtual”.

De acuerdo a lo que le informaron desde la Secretaría, durante de marzo a mayo se suspendieron más de 2 mil audiencias en Capital. “Uno trataba de comprender por la situación que estamos atravesando, pero la respuesta siempre es la misma”, cuestionó el abogado.

Recién ayer la Secretaría informó que “las empresas que tenían fijada audiencia de conciliación" que "fueron suspendidas por el Covid, podrán presentar sus propuestas de conciliación por escrito en folio cerrado y desinfectado o enviarlas al email  a [email protected] ”. Según aclararon desde el organismo, de esta manera se tramitará el acuerdo. A su vez, se informará vía mail o WhatsApp sobre la reprogramación de las audiencias correspondientes.

Para el abogado, “no se está buscando un método alternativo a pesar de que suspendieron también la toma de denuncias y a las que ya se habían hecho no les dieron una posible solución”, enfatizó.

Maury explicó que al "consumidor al presentar una denuncia se le otorga, en virtud de la ley provincial 7402, una audiencia de conciliación que le permite poder estar frente a frente con la empresa denunciada y mediante la intervención de un funcionario que dirige la audiencia, tratar de llegar a un acuerdo”.

Contó que entre el inicio de la denuncia y el llamado de audiencia, las empresas realizan presentaciones a los fines de aportar información o propuestas y según Maury, esta información está siendo “cajoneada ya que el organismo no se dignó siquiera a tratar de correr el traslado de las mismas y así intentar conciliar de manera remota mediante las presentaciones por escrito”.

Relató que las veces que fue a las oficinas vio a consumidores que querían hacer denuncias, pero el personal le informaba que solo se recibían “denuncias sobre precios porque era lo único que estaban accionando”. “No hay atención al público, no hay revisión de escritos y tampoco hay audiencias”, señaló el ex funcionario provincial.

A pesar de que Defensa del Consumidor informó ayer sobre el retorno de las audiencias, el abogado sostuvo que “al parecer estaban convencidos de que es su derecho de no trabajar por la excusa del coronavirus. Y ahora su excusa es que están trabajando en una plataforma virtual”. Cuestionó que el organismo adopte la medida virtual cuando en realidad “la gente quiere sentarse con alguien físicamente para que se sienta escuchado”. “El consumidor se sentía contenido en cuanto a lo que era su reclamo”, afirmó.

En esa línea afirmó que hasta el propio Ministerio de Justicia volvió ayer a las mediaciones presenciales y Defensa del Consumidor, que pertenece a dicho Ministerio, recién está por implementar una salida virtual. 

Además, sumó que la prioridad que demuestra la actual gestión es “darle importancia a la parte recaudatoria del organismo”, por las inspecciones sobre los precios en los comercios y que en algunos casos conllevan multas. “Hay una falta de idoneidad en la labor”, aseveró. “Un 90% del personal es nuevo en la Secretaría y este afán por cambiar la modalidad no está siendo estudiado porque no hay conocimiento de lo que es una audiencia”, finalizó Maury.

Según informó la Secretaría, la atención establecida para los usuarios aún se sostiene a distancia por el correo electrónico y WhatsApp a los números 3875058277 y 3875058279 o por teléfono al 4317599, de 8.30 a 14. Pía Saravia indicó que estas medidas y canales de atención son en virtud del distanciamiento social, preventivo y obligatorio y hasta que el organismo finalice con el desarrollo de su plataforma virtual.

Estafas virtuales y sin actas de poder

Por su parte, la integrante de la Asociación de Usuarios y consumidores unidos (UCU) de Salta, Ivana Crescini, dijo a Salta/12 que la no atención al público implica “una situación complicada” por la cantidad de compras virtuales que se han realizado durante la cuarentena y que implican el uso de medios de pagos diferentes al efectivo. “Deja expuesto al consumidor a estafas”, aseguró la letrada.

Contó que en su Asociación hubo denuncias de estafas por mail clonados, como ser por la plataforma de Netflix. “Las personas colocan sus datos y se producen las famosas estafas electrónicas y como no se podía salir a denunciar los consumidores quedaron más expuestos por parte de oportunistas”, dijo Crescini.

Para la abogada, “es preocupante” que no haya atención presencial en el organismo. “Quedaron más expuestos a la vulneración de sus derechos y que la autoridad no esté abierta no hace más que generar desprotección en el ejercicio de sus derechos”, cuestionó.

Además, contó que las “actas de poder” no pudieron ser concedidas a los consumidores durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio porque su retiro era únicamente presencial. El acta de poder es el instrumento legal que tiene el consumidor para delegar en su abogado la representación en la causa judicial.

"No se podían retirar las actas antes y tampoco se podían bajar de la web”, enfatizó la abogada.

En el parte de prensa que emitió recientemente, Defensa del Consumidor informó que ahora estas actas ya se podían retirar en el propio edificio. Los consumidores deben concurrir en el horario de 9 a 13 con el documento nacional de identidad para certificar su firma.