Mientras se desarrollaba la novena sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de Salta, afuera se desataba una represión contra los remiseros que acampaban en la puerta de la Legislatura pidiendo que se ponga fin a la explotación a la que se encuentran sometidos por parte de las agencias propietarias de licencias.

Sin embargo, ningún legislador realizó una mención al respecto, y en el recinto se sesionó como si nada sucediera. Solo el representante por el departamento Guachipas, y secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, se refirió al conflicto de fondo y al pedido de los taxistas de impedir el ingreso de Uber a la provincia, y aseguró que “es un problema de índole nacional y no sólo de la Autoridad Metropolitana de Transporte”.

Pasaron casi tres horas de jornada legislativa para que llegara el momento esperado. La sesión especial para el nombramiento de los tres jueces de Corte propuestos por el Ejecutivo. Luego de las entrevistas y la evaluación de antecedentes por parte de la comisión de Justicia de la Cámara, se aprobaron, como estaba previsto, los pliegos de los dos nuevos letrados que ampliarán la Corte de Justicia de Salta, y un tercero que reemplazará al saliente Guillermo Posadas.

El representante de Rosario de la Frontera, Javier Mónico, evaluó la iniciativa como un avance que le "dará celeridad al proceso", y destacó la idea de conformar salas para ello.

Sólo el legislador del Frente de Todos, Manuel Pailler, se opuso en dos de los nombres propuestos por considerar que se “mezclan” los poderes del Estado y la Justicia por los vínculos existentes. A su vez, recordó que a principio de año había votado en contra del proyecto de ampliación de la Corte, que pasa de tener siete miembros, a nueve.

Sobre la postulante Adriana Rodríguez Faraldo, quizá la menos criticada por ser la que ocupará un puesto preexistente, Silvina Abilés destacó su curriculum vitae y su antecedente en la docencia tanto pública como privada, así como su extenso recorrido dentro del Poder Judicial. “Sin lugar a duda la doctora ha recorrido todos los cargos del Poder Judicial y la conoce acabadamente”, argumentó la legisladora en su defensa.

María Alejandra Gauffín fue una de las objetadas previamente por ser la hermana del ex secretario de Hacienda municipal, Pablo Gauffín, quien es uno de los apuntados como responsable de la emisión de facturas apócrifas desde la intendencia para justificar pagos de obras que nunca se hicieron, con empresas falsas cuya cabeza era el empresario Matías Huergo.

A su vez, Alejandra Gauffín viene de cumplir funciones como secretaria de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y estuvo en el ojo de la tormenta cuando concursó para jueza de esa cámara.

En esa instancia, fue acusada de haber sido favorecida en el examen escrito porque se hizo sobre la base de un fallo que ya se había resuelto justamente en la Sala en donde cumplía tareas. El escándalo mediático que representó esta situación, obligó al por entonces gobernador, Juan Manuel Urtubey, a retirar su pliego a los pocos días de haberlo enviado.

Sobre estos últimos argumentos se sostuvo el voto negativo del representante por el departamento San Martín. “La comisión omitió el pequeño detalle de que esta profesional en el 2017, cuando se presentó a rendir un cargo a jueza, ya antes había recibido el cuestionario del concurso”, manifestó Pailler.

En tanto el presidente de la comisión de Justicia, Jorge Soto, defendió el dictamen favorable a Gauffin al indicar que fue empleada administrativa judicial incluso antes de haberse recibido de abogada y luego ocupó distintos cargos en la Justicia.

Por último, se aprobó el pliego de Horacio Aguilar, quien se convertirá en juez de Corte a pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos, que lo impugnaron por haber defendido a imputados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, al dueño de la empresa Ledesma, en Jujuy, Carlos Blaquier.

Pailler agregó otras objeciones, dijo que Aguilar “es el abogado personal del gobernador Sáenz y amigo del ex gobernador Urtubey”, por lo que puso en duda su independencia como juez del máximo tribunal salteño.

La ampliación de los integrantes de la Corte, de siete a nueve miembros, no estuvo exenta de cuestionamientos debido al costo que sobrevendrá al levantar una estructura alrededor de los nuevos magistrados, ya que implica una erogación para los nuevos cargos de alrededor de un millón de pesos mensuales por cada uno con su respectivo equipo.

Pero además se objetó el sentido de la oportunidad para presentar y aprobar esta ampliación, ya que el Ejecutivo provincial ingresó el proyecto de ampliación en plena emergencia socio sanitaria por la muerte de niños wichis en el norte provincial. Ahora, en medio de una crisis económica y sanitaria que atraviesa Salta por la pandemia del coronavirus, se aprobaron los pliegos que designan a esos nuevos jueces.

Pedido para reabrir escuelas rurales

Se elevó al Ejecutivo provincial un pedido para que se reabran las escuelas rurales y se  retomen las clases cuanto antes. La solicitud de los legisladores está vinculada a la falta de inclusión y de igualdad en cuanto a la posibilidad de acceso a internet y de la educación virtual en los parajes del interior.

Todos los senadores acordaron que debido a la situación epidemiológica de Salta, sin circulación viral autóctona en la mayoría de los municipios, los niños de escuelas rurales podrían volver a las clases presenciales con los protocolos y cuidados correspondientes.

A su vez incluyeron en sus alocuciones la necesidad de avanzar en la inclusión digital para toda la población, ya que este semestre desenmascaró la desigualdad existente entre las grandes ciudades y las pequeñas localidades del interior, donde es imposible el acceso a internet y el uso de telefonía móvil, dificultando el dictado de clases de manera virtual.

Cornejo llevó su cacerola

Como todos los jueves, Guillermo Durand Cornejo, en busca de protagonismo, se sumó a las polémicas nacionales y defendió en este caso, la libertad de empresa y la propiedad privada.

Con su mirada abiertamente anti estatista, aprovechó la sección de homenajes, para sumarse al coro de caceroleros que repudia la intervención del Estado Nacional en la empresa santafecina Vicentín.

El legislador provincial utilizó los mismos argumentos que los representantes de la Sociedad Rural o la Unión Industrial. Indignado, denunció la “intromisión” del Gobierno Nacional en asuntos privados e “individuales”, y defendió la “libertad de empresa”.

“Después de esto van por su banco, por su campo, su negocio, señor presidente”, le dijo al vicegobernador, Antonio Marocco.

Más tarde hizo una férrea defensa de los derechos individuales y arremetió contra la decisión del Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia de disponer límites horarios para realizar actividades gastronómicas y sociales hasta las 24.

Y nuevamente, junto a los que denuncian una “infectadura” por parte de los epidemiólogos que aconsejan al jefe de Estado y al gobernador, declaró, “no sea que nos salga el enano fachista de impedir nuestra libertad de circular”.

“¿Dónde está el virus? ¿o acaso quien gobierna la provincia es el COE?”, se preguntó más adelante, al defender el proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo el retorno a clases presenciales de las escuelas rurales en la provincia.