La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó las primeras medidas de prueba en la causa por espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista contra más de 400 periodistas, académicos, empresarios y dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) durante el gobierno de Mauricio Macri. El planteo, que incluye un pedido de información a la propia AFI, ahora intervenida, y al Ministerio de Seguridad, debe ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El diputado nacional Rodolfo Tahilade, por su parte, le reclamó al mismo juez pero en otra causa por espionaje, que tiene como fiscal a Jorge Di Lello, que no encomiende las pericias informáticas a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) por su “falta de imparcialidad”.

La causa que impulsa la fiscal Ochoa se inició a partir de una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a partir del hallazgo de medio millar de fichas elaboradas durante la gestión de Gustavo Arribas con motivo de la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio en 2017 y la Cumbre del G20 un año después. Los registros con información personal sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil fueron confeccionados por la “dirección de eventos especiales” de la central de espías y fueron visadas por su área de contrainteligencia. Contienen datos sobre sus “vinculaciones con los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en erdes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cual supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”, explicó la interventora Caamaño en su denuncia, que también incluye un dossier especial sobre el PTS vinculado con un encuentro de sus militantes en el Hotel Bahuen en septiembre de 2017.

El diputado Tailhade, en tanto, hizo una presentación en la causa en la que oficia como querellante, iniciada también por una denuncia de Caamaño a partir del hallazgo de un disco externo con información sobre dirigentes tanto de la oposición como del oficialismo, además de periodistas, un ex jefe de la policía bonaerense y hasta una oficina de esa fuerza. El legislador del Frente de Todos, que integra la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, recusó a la DaJuDeCO por considerar que “existen sospechas fundadas acerca de su falta de imparcialidad”. “Es de público conocimiento” que ese organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia “no cumple correctamente con las normas de cadena de custodia y resguardo de la información privada”, señaló, y reiteró el pedido para que la pericia informática sobre el disco rígido que entregó Caamaño en su denuncia la realice “personal especializado de la DATIP”, es decir la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que forma parte del Ministerio Público Fiscal.