El Ministerio de Trabajo de la Nación y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) inspeccionaron ayer la finca Don Félix, de propiedad del ex intendente de Pichanal, Julio Jalit, para verificar las condiciones en que trabajan las personas ocupadas en la produccion de verduras y hortalizas.
La inspeccion se hizo con una orden juidicial, en compañía de miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque el finquero impidió otros dos relevamientos que intentaron realizar a instancias de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio que viene denunciando salarios por debajo del convenio, trabajo no registrado y falta de condiciones mínimas en el lugar de trabajo, sin agua potable ni baños, ni lugar donde comer.
La medida despertó la atención de los habitantes de la zona. La finca, una extensión de unas dos mil hectáreas, se encuentra cerca del pueblito Pedro Lozano, a la vera de la ruta provincial 53, a 14 kilómetros de Embarcación, en el norte salteño. El secretario general de la Seccional 318 de UATRE, Sebastián Cáceres, informó a Salta/12 que la presencia de la PSA se debió a que ya en dos oportunidades anteriores, a principios de abril y el pasado 4 de junio, el ex intendente impidió que los organismos de control ingresaran a relevar las condiciones de los trabajadores rurales. La última vez, según consta en el acta labrada por Trabajo, tras hablar por teléfono con el dueño, el portero, que se identificó como José Luis López, les dijo que solo podrían ingresar con una orden judicial. Entonces Trabajo, el Renatre y el sindicato hicieron una denuncia, y regresaron ayer con la orden judicial.
Cáceres celebró esta decisión, destacó que vienen con recurrentes inconvenientes con Jalit. Ya en 2018 el empresario fue denunciado por las malas condiciones en que tenía a sus trabajadores, incluso con camas armadas sobre recipientes de pesticidas, y en espacios muy reducidos, a pesar de las altas temperaturas de la zona. La llegada de los inspectores motivó ayer que un grupo de trabajadores se escondiera para no ser relevados y evitar así malquistarse con el propietario.
El 5 de mayo último, 80 trabajadores realizaron un paro en reclamo por los jornales por debajo de las escalas salariales, la no registración de muchos de ellos, la falta de baño y agua potable y la no entrega de elementos de seguridad e higiene.
Por ley el jornal es de $1300, pero en Don Félix cobraban $900 por jornada y media, es decir que por jornada se pagaba menos de la mitad de lo establecido. Aquella medida de fuerza se levantó con la firma de un acuerdo por el que el empresario se comprometió a regularizar la situación de los peones.
Sin embargo, el 15 de mayo la UATRE notificó que iban a reiniciar las medidas de fuerza, ante el “incumplimiento del acta de acuerdo” y ante “el conocimiento de los despidos masivos”.
En ese contexto, Cáceres destacó que el hecho de que el empresario no permitiera realizar los relevamientos afecta la actividad sindical, porque es la forma que tienen para demostrar las condiciones laborales. Dijo que se trata de una "obstrucción que está haciendo la empresa". En declaraciones a radio Panamericana, de Embarcación, sostuvo que Jalit hizo esto sabiendo que "acá no se está dando cumplimiento a lo que es la reglamentación de la resolución 01/20, la ley de contrato 20.744 y la del estatuto del peón que es la 26.727". Razonó que si el empleador no tuviera "nada que esconder" hubiera podido "dejar ingresar a la gente que tiene poder de policía para ver la situación de los trabajadores”.
Ya hablando con Salta/12 detalló que en la inspección se pudo constatar que los trabajadores no cuentan con agua potable, que la traen desde Embarcacion o Padre Lozano; "no tienen lugar para comer", tampoco tienen sanitario, "hay un solo baño que solamente lo ocupa el personal jerárquico", que cobran un jornal por debajo de la escala salarial del estatuto del peón. Y muchos de ellos no están registrados, "sin tener obra social" ni aportes jubilatorios.
En la finca se cultivan hortalizas y verduras en unos 20 invernaderos, y a campo abierto se siembra cebollas. También hay plantaciones de citrus.
Al principio, se estima que había unos 40 trabajadores, pero luego el número subió a 80. Aunque al tratarse de actividades estacionales, el número de peones suele oscilar, el delegado gremial afirmó que la ocupación ronda las 70 personas, y que en la inspección habrían encontrado "más de 30" sin registrar. Los trabajadores de la finca son habitantes indígenas de Lozano (a 7 kilómetros) y criollos de la zona.
Al principio la empresa los buscaba en un camión, que luego, tras un reclamo del sindicato, cambió por un colectivo. Los busca a la mañanita y los regresa al anochecer. En el campo la finca no provee comida, por lo que cada trabajador compra el almuerzo a personas que se acercan a venderlas. "Es cuestión de economía para ellos y el trabajador que se joda", criticó el sindicalista.
Cáceres dijo que como gremio esperan que Jalit "tome conciencia de la situación, si quiere seguir trabajando con la actividad". Dijo que la UATRE hará un seguimiento del expediente que se tramita, y del resultado de esta inspección, con el fin de exigir que las patronales cumplan con las leyes laborales.
Para dar una idea de esta necesidad, contó que en la zona hay varias fincas grandes que contratan a trabajadores rurales, en Embarcación son tres; en Pichanal, 15, y un número similar hay en Orán. Dijo que algunas cumplen las normas, pero otras "juegan con la necesidad del trabajador". Y puso de relieve que alguien que fue funcionario público incumpla las leyes.
Contaminación ambiental
El gremio también acusó a Jalit de violar las normas previstas para el tratamiento y eliminación de desechos de agroquímicos. "Hay infracción en cuanto al almacenamiento y manipulación de agroquímicos", sostuvo Cáceres,
El 4 de junio, en el segundo intento de inspección, vieron los recipientes de agroquímicos tirados justo frente a la finca. El sindicato presentó ese mismo una denuncia en el área de Bromatología e Higiene de la Municipalidad de Embarcación, que realizó una inspección de inmediato.
“De acuerdo a inspección ocular se pudo constatar que lo aducido (en la denuncia de UATRE) es correcto, se encontraron tachos de diferentes productos químicos", se sostiene en el acta que labró el área de Bromatología municipal.
En el acta se reseñan una lista de insecticidas y herbicidas, y se destaca que "estos productos son un peligro para el medio ambiente y la salud para quienes transitan constantemente por este lugar", la gran mayoría habitantes de Pedro Lozano y de Hickman.
En las fotos que se tomaron ese día se aprecia un montón de envases arrojados a campo abierto.
