El suspendido juez Luis Carzoglio, quien en 2018 había denunciado “presiones” del gobierno de Mauricio Macri para encarcelar a gremialistas, anunció que podría presentarse como querellante ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora que lleva la causa que investiga el mecanismo de espionaje ilegal del gobierno de Juntos por el Cambio.

Una de las razones por las cuales tomó esa determinación es porque durante la administración macrista comprobó que “agentes de inteligencia estuvieron en mi despacho” del Juzgado de Avellaneda, y considera que ello podría estar vinculado al espionaje ilegal que ahora investiga el juez Federico Villena.

“Vamos a ir a (el Juzgado de) Lomas de Zamora y si llegamos a encontrar algún indicio de que se involucra nuestro problema, nos vamos a presentar como parte querellante”, afirmó Carzoglio.

Otra de las razones es porque uno de los funcionarios de la AFI que él identificó entre quienes lo “apretaron” en 2018, Juan Sebastián Destéfano, sería uno de los responsables del dispositivo de escuchas a ex funcionarios detenidos en la cárcel de Ezeiza, descubierto en los últimos días en el marco de la investigación de Villena.

“Con mis abogados tenemos la decisión de presentarnos como querellantes” en esta nueva causa, insistió Carzoglio durante una entrevista por Radio Cooperativa.

En octubre de 2018, cuando Cambiemos (luego Juntos por el Cambio) era gobierno, Carzoglio había denunciado que dos funcionarios de la AFI, a los que después identificó como Destéfano y Fernando Di Pascuale, lo presionaron para dictar la prisión de los titulares del gremio de Camioneros , Hugo y Pablo Moyano, por una supuesta defraudación contra el club Independiente.

“Fui presionado para resolver en un expediente de determinada forma” y los ejecutores de ello “fueron Di Pascuale y Destéfano, que dijeron que venían con la orden del presidente Macri , que estaba obsesionado con Moyano”, recordó. Luego de esa visita, los agentes le enviaron el texto del auto de detención para que el magistrado solo las firmara.

Carzoglio se negó e hizo la denuncia pública de ese hecho. Luego recibió amenazas de muerte de anónimos y “presiones” tanto del gobierno macrista como de “medios de comunicación”. “Trataron de denominzarme y denigrarme, pero jamás me pudieron demostrar un acto de corrupción”, resaltó.

El caso fue presentado a la Justicia y un año después el juez Ariel Lijo sobreseyó tanto a Destéfano y Di Pascuale, como al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. La Cámara Federal porteña ratificó ese sobreseimiento.

Sobre el juez que analiza presentarse como querellante en la causa que investiga el espionaje ilegal del macrismo sigue abierta una causa en el Consejo de la Magistratura, impulsada desde que se negó a dictar la prisión contra los gremialistas. Está suspendido en el cargo y pesa sobre él un embargo del 40 por ciento de su sueldo y lleva dos años sin trabajar.

“Hace 10 días hice una presentación parar que se levante el embargo en mis haberes y que se me reintegre lo retenido”, afirmó y ratificó el relato de la presión que recibió por parte de la AFI. “Eso es totalmente cierto” y “no me arrepiento” de haberlo denunciado, concluyó.