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Tres conceptos centrales del caso Vicentin expuso Alberto Fernández en la conferencia de prensa anunciando el rescate del conglomerado industrial de productos primarios de exportación:
1. Empresa testigo.
2. Planificación estratégica de los mercados de cereales y cambiario.
3. Soberanía alimentaria.
La reacción discursiva violenta por parte del corazón del establishment a esa decisión, que preserva los patrimonios públicos (créditos de la banca estatal) y de decenas de proveedores y productores, no tiene que ver con la preocupación por la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, las finanzas públicas y, mucho menos, por el cuidado de la Constitución.
La reiteración de esas consignas de corporaciones y de fuerzas políticas de la oposición están ya bastante gastadas cuando se refieren a iniciativas de regulación de mercados dispuestas por gobiernos que no son liberales-autoritarios (dictadura militar, menemismo y macrismo). Se mantienen en el espacio público porque sólo son amplificadas por el dispositivo mediático conservador.
En esta oportunidad, el cacareo de los lugares comunes de la derecha política y económica tiene su motivo en el pavor que les provoca ese esquema conceptual presentado por Fernández para explicar la intervención de Vicentin.
Tomando el control de la compañía a través de YPF Agro el Estado ingresaría como participante activo en el núcleo del negocio de mayor rentabilidad de la Argentina: producción agropecuaria, complejo agroexportador y mercado cambiario con la generación de dólares comerciales.
Cuando se concrete el desembarco legítimo y legal en Vicentin en defensa de los intereses patrimoniales del sector público, ahora sí la disputa por la construcción de un proyecto de país de desarrollo nacional con inclusión social no será por la captura de una porción de la renta agraria extraordinaria (como lo fue la resolución 125), sino que las necesarias transformaciones estructurales del funcionamiento de la economía local se podrán desplegar desde el mismo interior del poder económico concentrado.
Para esa tarea la guía es el modelo Kulfas de desarrollo productivo.
Médula
Cada uno de los miembros de ese establishment desaforado participa, directa o indirectamente, en la médula de la acumulación de las rentas más abultadas de la economía argentina.
Los controles y regulaciones frágiles que realiza el Estado les permiten subfacturar exportaciones, retener cosechas, vender una parte de la producción en negro, presionar por devaluaciones con el manejo de la liquidación de dólares, triangular operaciones con firmas offshore para eludir pago de impuestos y fijar precios internos que perjudican a productores y consumidores.
Pese a ello se quejan siempre de la intervención estatal, protestas que en realidad apuntan a que no se perfeccionen los mecanismos de fiscalización.
Si exageran por esa débil injerencia del sector público en la actividad es comprensible que se muestren desesperados ante la eventualidad de que el Estado sea parte, como actor de referencia y partícipe pleno, de una de las fuentes de ganancias fabulosas que ofrece la economía local.
La perspectiva de que se convierta en un jugador testigo de la cadena de producción agropecuaria, en el comercio exterior y en la generación de divisas por exportaciones significaría para el Estado ingresar en forma directa en el centro del poder económico en Argentina.
Es una posibilidad que desespera a los tradicionales actores de esa estructura de poder y dinero porque los dejaría a la intemperie. O sea, quedaría expuesta la forma en que hacen negocios, que no es transparente ni colabora para el desarrollo productivo integrado.
Confesión
Los presidentes de corporaciones reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial emitieron sendos comunicados rechazando la expropiación de Vicentin.
Ambos contienen la confesión de lo único que les preocupa: quedar expuestos con su peor rostro de elusión, evasión e irregularidades en sus operaciones productivas y comerciales. Por eso no quieren al Estado en su negocio y muchos menos en una actividad exportadora.
AEA, con los titulares de Clarín, Techint y Arcor a la cabeza, lo dice abiertamente: "La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es el sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir y administrar a las empresas en la Argentina"
El Foro de Convergencia Empresarial donde participan diversas cámaras sectoriales advierte que "la intervención del Estado se da en el sector de agronegocios, uno de los más dinámicos y competitivos de la economía".
La Bolsa de Cereales emitió un confuso comunicado que por un lado reconoce implícitamente la administración financiera desastrosa de Vicentin, pero sentencia lo que en realidad pretende: "Es importante tener en cuenta que el objetivo final no debe ser la expropiación, sino garantizar una mejor negociación entre las partes involucradas acreedores, trabajadores y grupos económicos interesados en adquirir la firma".
O sea, que el Estado haga todo lo que tenga que hacer para salvar a la empresa, a los trabajadores, a los acreedores y a los productores, pero que no desembarque en el sector. Que se ocupe de ordenar la empresa para que sea entregada a otro grupo privado (extranjero).
De ese modo, cada uno de los eslabones de la cadena podrá continuar con impunidad participando en la dinámica opaca del negocio agropecuario.
Es lo que hay
Como se mencionó al comienzo, la reacción furiosa del establishment no tiene que ver con la seguridad jurídica o con el respeto a la propiedad privada. Cada uno de sus miembros fue entusiasta soporte del gobierno de Macri, que fue el más antiempresas desde la recuperación de la democracia.
La administración macrista persiguió empresarios, los metió presos, incentivó a procesar a decenas con fotocopias de cuadernos, intentó que amigos suyos se quedaran con compañías, despreció a industriales, utilizó a miembros del Poder Judicial para apretarlos, los espió en forma ilegal y les hizo perder plata como nunca.
Pese a todo esto, no hubo ni un comunicado del establishment en los cuatro años del macrismo cuestionando ese dispositivo oficial de intimidación y persecución.
Con Vicentin, las corporaciones y cámaras empresarias muestran entonces lo que son: ideologizados al extremo hasta apoyar gobiernos que los perjudican personal y patrimonialmente, carentes de criterios industrialistas y muy débiles soportes del desarrollo nacional. Defienden además a empresarios acusados judicialmente de fraude financiero, vaciamiento y triangulación de operaciones para la evasión de impuestos.
El peronismo, en el primer y segundo gobierno, el ciclo político del kirchnerismo y ahora la gestión de Alberto Fernández muestra una vocación por desarrollar la producción nacional y las empresas que ni la dictadura militar, ni el menemismo en los '90 ni el macrismo tuvieron.
La identificación del establishment con esas traumáticas experiencias políticas es pura ideología de derecha y trasnacionalizada. Una ideología conservadora desatenta de los proyectos que proponen crecimiento y desarrollo de la economía nacional.
Alberto Fernández les dice que es capitalista y proempresas, y la respuesta que recibe es la difusión de proclamas políticas patéticas. Hablan de seguridad jurídica cuando han apoyado a administraciones que la han avasallado.
Esas corporaciones demuestran una vez más que son parte del núcleo central de la decadencia económica argentina. La ausencia de una clase empresaria con conceptos básicos de soberanía y compromiso con el desarrollo nacional explica el prolongado estancamiento económico.
Con la convicción de que hay que construir con lo que se tiene, Alberto Fernández hace esfuerzos políticos en convocarlos a un contrato social para superar esa histórica limitación del desarrollo. La respuesta que está recibiendo a esa invitación es una señal que deberá tener en cuenta.
Modelo Kulfas
El análisis perezoso empuja a señalar al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner para explicar la decisión de Alberto Fernández. Es la obsesión patológica con CFK. Pero sin mucho esfuerzo podrían enterarse que la estrategia económica que el gobierno se propone con YPF Agro en Vicentin es el modelo Kulfas. No es necesario encarar ninguna investigación especial para descubrirlo porque ya está escrito.
En el posfacio "Pensar la economía después de Cambiemos", capítulo que se sumó en octubre de 2019 a la segunda edición de su libro Los tres kirchnerismos (Siglo XXI), lanzado en 2019, estaba precisada cuál iba a ser la hoja de ruta del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En ese texto señala que el principal problema de la economía es la restricción externa, que es la escasez relativa de divisas, o sea que no hay dólares para todos quienes lo demanden en la cantidad que quieran en todo momento.
Para relajar esa restricción y avanzar en el desarrollo económico, una de las vías que proponía Kulfas era la construcción de "clusters" en torno a los recursos naturales.
Clusters tecnológicos y de ingeniería ligados al agro, el petróleo y la minería, con la expectativa de romper de esa manera la tradicional dicotomía entre recursos naturales versus industria.
Oportunidad
El Estado desembarcando en Vicentin es la oportunidad extraordinaria para acelerar ese proceso de desarrollo planteado por Kulfas. El ministro ya lo tenía planeado realizar con YPF Agro, pero ahora incorporando Vicentin a su administración lo podrá hacer más rápido.
El objetivo es convertirla en empresa testigo de un sector clave del crecimiento y de la provisión de divisas.
Con una managment profesional, a través de YPF Agro se abre un amplio abanico de posibilidades para una intervención estatal eficaz y eficiente en el comercio exterior de granos y la regulación de sus precios para toda la cadena productiva y para el consumo interno.
La idea de empresa testigo es clara: un actor que observa cómo funciona el mercado e interviene en forma directa, sin esperar que el resto de las compañías del sector relaten a los funcionarios lo que está pasando.
La transparencia en los precios será una tarea esencial en un mercado opaco junto con el fomento de la formalidad en las transacciones cuando es habitual que una parte se comercialice sin registrarla.
YPF Agro podrá determinar costos, precios y cadena de proveedores, actuar en forma contracíclica y definir políticas específicas para pequeños productores.
Como empresa testigo facilitará la planificación estratégica del Estado en los mercados de cereales y cambiario.
Ante conflictos que puedan darse, por ejemplo con el trigo, cuando los molinos dicen que no hay harina y entonces sube el precio del insumo y el consiguiente del pan y las pastas, YPF Agro podrá tener un diagnóstico preciso y, por lo tanto, capacidad de intervención amortiguando costos sociales y económicos, puesto que será una empresa estatal que podrá anticipar cómo viene la producción, lo que implicará mayor estabilidad, protección al consumidor y mayor rentabilidad para el pequeño productor.
En definitiva, participar y conocer la cadena de producción desde adentro permitirá planificar mejor la oferta.
El rescate estatal de Vicentin facilitará desplegar esa estrategia con YPF Agro y evitará además una mayor concentración y extranjerización en un sector clave de la economía nacional.
La oposición del establishment a esa posibilidad confirma la existencia de una burguesía fallida, que permite comprender el estancamiento económico y la dificultad para impulsar un proceso dinámico del desarrollo nacional. Ahora se abre la posibilidad de encontrar la salida a ese laberinto de la economía argentina.
