El 7 de junio siete policias, seis varones y una mujer, detuvieron a la estudiante Micaela Yanet García de su casa, aduciendo que estaba sin tapabocas, en violacion al decreto de necesidad y urgencia 255 del gobierno provincial, que otorga más facultades represivas a la Policía de Salta. También la denunciaron por resistencia, y dijeron que intentó robar el arma de uno de ellos.
La madre de la joven, la referente barrial Celina Ferreira, denunció que la detención se produjo dentro de la casa, sin orden judicial, y que su hija fue golpeada. García estuvo detenida, la fiscala penal Gabriela Buabse le imputó los delitos de atentado a la autoridad agravado, amenazas, daños calificados, robo en grado de tentativa, en concurso con violación a las medidas adoptadas para impedir la propagación de una enfermedad y desobediencia policial. Recién le dio la libertad el viernes por la noche.
La Mesa Provincial de Derechos Humanos emitió un comunicado denunciando estos "graves hechos de abuso policial en el marco del cumplimiento del cuestionado decreto 255 del gobernador Saénz". Asimismo, puso de resalto que el relato policial invierte los hechos para justificar la agresión a la joven, todo lo cual señaló como otras formas de ejercicio de la violencia institucional.
La Policía se llevó a García de la puerta de su casa en el barrio Puerto Argentino el pasado 7 de junio a las 1.30. La madre relató que habían limpiado la casa, que su hija fue a sacar la basura y se quedó a fumar un cigarrillo en el escalón de la puerta de entrada. "Llegó la Policía de la Comisaría del barrio Grand Bourg, mi hija estaba sola, no estaba molestando a nadie. Hubo forcejeos, ella intentó entrar y se la llevaron de adentro de la propiedad. La placa de una policía, Cecilia Rodaz, quedó adentro. Es una detención ilegal. Para entrar y sacarla de la casa tenían que tener una orden firmada por un juez", sostuvo Ferreira.
García tiene 28 años y es estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Salta. La madre explicó que la joven no tiene antecedentes y que la Policía esgrimió que no tenía puesto el barbijo cuando la detuvo. Aclaró que su hija ni siquiera estaba en la vereda.
Ferreira explicó que los policías del operativo denunciaron a la joven y dijeron que quiso sustraerles un arma. "¿Cómo una mujer flaquita como mi hija y estando esposada pudo haber atentado contra 6 policías masculinos y una femenina? Es imposible. La fiscal y el juez le creen más a los policías corruptos que a una indefensa mujer", manifestó.
La madre identificó el móvil 1682 de la Comisaría de Grand Bourg como el que se usó en el operativo y en el que se llevaron a García detenida. Aunque cuando fue a buscarla en esa dependencia, que les corresponde por jurisdicción, no la encontró. Se la habían llevado a la Comisaría del barrio Palermo.
Ferreira indicó que el oficial de esta comisaría la denunció por amenazas. La mujer dijo haber manifestado solo que "no quedaría impune" lo que estaban haciendo con su hija.
La madre lamentó el accionar policial en Salta. Responsabilizó también al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad, pidió que "el gobernador tome cartas en el asunto". El viernes, cuando todavía se esperaba la liberación de García, su madre dijo que temía por el estado de salud físico y emocional de su hija. Ese día el padre la había ido a visitar a la Alcaidía, pero solo pudo verla a través de un vidrio y hablaron por un teléfono.
Represalia por denuncias
Ferreira fue presidenta del Centro Vecinal de su bario. Contó que a comienzos de este año pidió audiencia con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, aunque la derivaron para hablar con el secretario de Seguridad, Benjamin Cruz. La mujer fue a manifestarle a las autoridades del área la problemática de la venta de drogas en el barrio ya que asegura es zona liberada por la Policía.
Por esto Ferreira relacionó la detención de su hija con una posible represalia por sus reclamos sobre la venta de drogas. La mujer relató que viene siendo amenazada y que ya le han envenenado a dos perros en el fondo de su casa. Después de su conversación con el funcionario de Seguridad tampoco tuvo ningún tipo de protección. “Tengo miedo de estos grupos y policías que están prendidos en ese tema, que le puedan hacer daño a mi hija o me pueda pasar algo a mí”, afirmó.
Anoche, volvió a hablar de temor. Relató que su hija está "destrozada, por lo que le hicieron", que "no está bien", igual que ella misma. "Ahora tenemos miedo de salir a la calle, de que quieran tomar represalias" por la denuncia sobre la detención y la agresión, dijo.
Una vieja excusa policial
La Mesa de Derechos Humanos de Salta emitió un comunicado por la situación de García. "La fuerza policial invierte los hechos y la ciudadana es presentada como la agresora, que sola frente a siete policías (supuestamente entrenados para contener actos delictivos con el mínimo uso de la fuerza pública), logra asestarles golpes de puños y patadas y hasta casi logra 'robarles' un arma", sostuvo.
En el mismo sentido, añadió que "Por si fuera poco" todo lo anterior," los agentes relatan que la propia víctima dio cabezazos intencionales contra el patrullero, lo cual explicaría las lesiones producidas". La Policía de Salta tiene historia en este tipo de excusas. En abril de 2004, luego de que el albañil Isaac Castillo, que había sido detenido en averiguación de antecedentes, apareciera muerto con un traumatismo encéfalo craneano en una celda de la Comisaría Segunda, la versión oficial fue que él mismo se había golpeado en el piso hasta provocarse la muerte.
Para la Mesa de DDHH, lo ocurrido con García y la "manipulación en el relato" que hizo la Policía, "constituyen claramente actos de tortura en los términos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, instrumento con jerarquía constitucional en la Argentina".
La Mesa también recordó que ya advirtio "que este tipo de situaciones se agudizarían tanto por la designación del negacionista Pulleiro al frente del Ministerio de Seguridad como por la ampliación de facultades desmedidas a la Policía". Y destacó en este sentido el amparo que el 21 de abril pasado presentó junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación Pensamiento Penal "solicitando que el Poder Ejecutivo Provincial se abstenga de aplicar el procedimiento previsto como régimen excepcional en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 255/2020 por ser contrario a las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio". Y añadió que "a casi dos meses de su presentación la Corte de Justicia de Salta" no ha resuelto todavía, "dilatando el proceso con diversas maniobras" y "colocando a toda la ciudadanía en un potencial riesgo de vulneración de derechos fundamentales".
