El 25 de marzo pasado la radio portátil con la que cuenta la comunidad wichí Vertiente Chica, del municipio Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, fue el medio por el cual avisaron al Hospital de Santa Victoria Este de la muerte de un bebé de un año y tres meses. Se estima que la causa del deceso fue la desnutrición. No hubo certificado de defunción, dado que ningún médico lo pudo observar y fue enterrado por sus padres. Al otro día, su hermanita de cinco años (que estaba postrada en un colchón), falleció también por una infección generalizada a causa de la desnutrición. Ella pudo llegar a ser atendida. Pero cuando el sistema de Salud llegó, ya era tarde.

El fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, ya imputó a siete agentes estatales en la causa que investiga la muerte de ambos niños.

“El cuerpo no estaba maduro”, contaron algunos referentes de la comunidad wichí al relatar la experiencia de este viernes, cuando el cuerpo del bebé fue desenterrado en el marco de la causa que investiga ambas muertes. La madurez del cuerpo refiere a cuando los restos quedaron reducidos a huesos. Pero la exhumación se realizó a poco más de dos meses del deceso y el entierro. Estas prácticas, que siempre son dolorosas para los familiares del fallecido, lo son aún más para la idiosincrasia de las comunidades indígenas. Sin embargo, el fiscal Cabot fue un día antes a hablar con la comunidad y logró contar con su consentimiento.

Referentes del Pueblo Wichí de Santa Victoria Este que fueron hasta Vertiente Chica cuando llegó el fiscal contaron a Salta/12 sobre el intercambio previo a la exhumación. En principio, la comunidad no daba acuerdo alguno. Pero Cabot se reunió con ellos, habló con los padres del nene; con el cacique de Vertiente Chica, Eriberto Frías, y otros referentes, y les explicó la importancia de la medida para encontrar más certezas en la investigación de estas muertes.

Los integrantes de la comunidad explicaron lo que para ellos implica una exhumación. Pero también aceptaron como alternativa un acceso a la justicia tantas veces obstruido. “Nunca se termina de saber por qué se mueren tantos chicos. Y acá (en Vertiente Chica), murieron muchos chicos. Quizás este (la intervención de la justicia), sea el camino para que por fin nos puedan dar alguna repuesta”, indicaron los referentes a Salta/12. Ninguno quiso ser citado con nombre y apellido. 

El fiscal escuchó todas las razones. Entre ellas, al parecer, se expuso la sospecha de la familia de “un mal” que “alguien” les hizo. Al parecer, esta es la única explicación posible que encontraron a las muertes, pues aún no entienden por qué pese a ir al Hospital, “no consiguieron medicamentos para sus hijos y los chicos se murieron igual”.

“Vertiente Chica es donde más chicos se mueren y parece que hay que ajustar algunas cuestiones legales no para perseguir, pero para que siempre se esté controlando o verificando para que las cosas salgan de la mejor manera”, dijo uno de los referentes. Sostuvo que esta intervención judicial sea tal vez la alternativa para que exista un real acceso a la Justicia de las comunidades. La mayoría de las veces, cuando hay denuncias, es desde el sistema de Salud culpando a los padres y madres por las muertes de sus hijos. Incluso en esta causa uno de los imputados, el médico que atendió a la niña que luego falleció, también denunció a los padres.

Los referentes también entendieron este como un camino “para que la Provincia mejore la calidad de vida de pueblos originarios. Teniendo en cuenta la mortandad de los chicos chiquitos habría que intervenir legalmente”.

Sostuvieron que Cabot aclaró a las comunidades que no está en su facultad dar soluciones que debe otorgar el sistema de Salud. Pero explicó que de todos modos hará lo posible por llegar a tener certezas en la causa. Y la exhumación es necesaria para esa certeza. Ante ello la comunidad consintió la práctica.

El viernes se hizo la exhumación del cuerpo con un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), y se logró completar la medida. Fuentes judiciales afirmaron que tanto el cacique Frías como los padres “comprendieron la necesidad de hacerla, así que no hubo inconvenientes”. Se espera contar con los resultados del estudio, que serán informados a la comunidad, y se relacionará con la documentación que envíe el Ministerio de Salud de la provincia respecto de la situación del niño.