En quince provincias, más del 80 por ciento del empleo privado está habilitado para trabajar. En otros seis distritos, entre el 75 y el 80 por ciento de los trabajadores están en esa condición. En cambio, el AMBA y Chaco están por debajo del 70 por ciento. En todo el país, salvo en el AMBA, la industria manufacturera está plenamente habilitada para producir. Si se incluye al AMBA, la excepción a la cuarentena en la actividad industrial está en el 80 por ciento, mientras que el 20 de marzo, con el inicio del aislamiento social, ese ratio era del 54 por ciento. Algo similar ocurre con el comercio: al principio de la cuarentena, estaba habilitado aproximadamente en un 50 por ciento y actualmente ese guarismo ronda el 85 por ciento, con 20 provincias por encima del 95. “En la gran mayoría del país la reapertura ha sido pronunciada. En el AMBA se dio a un ritmo menor debido a las mayores dificultades para controlar la pandemia”, concluye el informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP) que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.
En paralelo a la reapertura de industrias y comercios, queda en evidencia que la crisis no se resuelve solo con relajamiento de la cuarentena. La caída de los ingresos, la pérdida de empleo, el temor al contagio y las restricciones que definen los protocolos componen un conjunto de factores que imposibilitan una recuperación rápida de la actividad, más allá de que el aislamiento continúa en AMBA y otros distritos y sobrevuela el fantasma de la “vuelta atrás” ante el ascenso de la curva de contagios.
Según información oficial, entre febrero y abril alrededor de 15 mil empresas (casi el 3 por ciento del total) dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP. En hoteles y restaurantes, el 8 por ciento no presentó esas planillas. “Si bien es prematuro catalogar esto como cierres definitivos, es un dato que ilustra el daño que ha generado la covid-19”, indica el CEP. Tanto en marzo como en abril, el empleo formal tuvo las mayores caídas mensuales desde 2002. Esas bajas no se explican por despidos, que están prohibidos y contenidos por los programas de ayuda oficial, sino por la parálisis en las contrataciones. En el sector informal, si bien hay muchos menos datos disponibles, es esperable que haya habido una fuerte caída de los ocupados.
El Estado respondió a la crisis con una serie de herramientas de apoyo a las personas y empresas, entre las cuales se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP). Para retratar el impacto del IFE en los sectores de más bajos ingresos, el CEP calculó que mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) permite llegar al 60 por ciento del decil 1 (el 10 por ciento más pobre), el IFE permitió llevar esa cifra al 90 por ciento. “El IFE, con otras medidas de ayuda como la duplicación de la AUH y la Tarjeta Alimentar en marzo y abril, evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre”, detalla el informe.
En tanto, 2,34 millones de ocupadas y ocupados que trabajan en alrededor de 245 mil empresas cobraron la ATP para salarios devengados de abril. El sector industrial concentró el 27,1 por ciento del total de los beneficiarios de la ATP, con más de 630 mil asalariados. Esos empleados industriales son el 67,3 por ciento del total que postularon a la ATP, lo que en otros términos implica que dos tercios de las firmas industriales inscriptas fueron aprobadas. En segundo lugar, se encuentra el sector de comercio, con casi 559 mil empleados beneficiarios (casi el 60 por ciento del rubro fue aprobado para la ATP). En tanto, más del 80 por ciento del rubro de hoteles y restaurantes y de servicios culturales, deportivos y de esparcimiento que se presentaron a la ATP fueron aprobadas para recibir el beneficio. Se contabilizan casi 190 mil empleados beneficiarios de la ATP en hoteles y restaurantes. Le siguen en importancia los sectores de construcción, en donde hay 182 mil empleados que recibieron la ATP; transporte y almacenamiento, con 131 mil empleados; salud y servicios sociales (110 mil), servicios profesionales, científicos y técnicos (74 mil), servicios culturales, deportivos y de esparcimiento (64 mil) e información y comunicaciones (58 mil).
El otro componente de la ATP es el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos. Hasta el momento, se aprobaron 479 mil créditos por un monto de 52.272 millones de pesos, de los cuales ya se otorgaron alrededor de 340 mil créditos. "Sobresalen los monotributistas y autónomos de servicios profesionales, científicos y técnicos (con un 17,1 por ciento del total), destacándose en particular servicios jurídicos, de contabilidad, ingeniería y arquitectura", detalla el CEP.
