El jueves 12, mientras sesionaban los senadores provinciales, en las puertas de la Legislatura salteña la Policía de Salta reprimía a remiseros que se encontraban en su tercer día de protesta. El resultado fue la detención de siete trabajadores que aún continúan en la Alcaidía de Ciudad Judicial. Sus familiares se movilizarán hoy desde las 9.30 pidiendo su inmediata liberación.

La represión además, dejó cuestionamientos sobre el uso del Palacio Legislativo como base de la policía, las amenazas que recibió un trabajador por parte de un custodio del vicegobernador Antonio Marocco. Y también dos policías heridos y ninguna imputación hacia las fuerzas policiales por las lesiones a los remiseros.

Ese mismo jueves a la noche Ludmila Salvador se enteró que su pareja, Joel Salvador, había sido detenido frente a la Legislatura. Por los medios de comunicación supo que los hechos ocurrieron pasadas las 14 y que su pareja y seis trabajadores más estaban en la Alcaidía de la Ciudad Judicial. “No nos dejaron hablar el primer día, ni el segundo y recién lo pudimos hacer el tercer día”, contó a Salta/12.

“No pudimos verlos a ellos en los primeros días, tampoco nos dejaron hablar ni con la fiscal ni con el juez” y "nos dijeron que seguían detenidos porque el juez no tuvo tiempo de leer los legajos", afirmó. En el caso intervienen la fiscala penal Mariana Poma (tras una primera intervención de Gabriela Buabse) y el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino. 

Además de Salvador, están detenidos Marcos Angel José Carabajal, Juan Vega, Hugo López, Francisco Flores, Martín Cruz y el delegado de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (UCRAS), Sergio Salinas. Los choferes de remises se habían movilizado el martes con el pedido puntual de que se cambie la modalidad de entrega de licencias y que sean otorgadas a los trabajadores y no a las agencias de remises, tal como sucede ahora. Los remiseros denuncian que son explotados por las 53 remiseras que existen en la Capital, que les cobran un canon diario para permitirles trabajar con sus licencias.

Asumió la defensa de los trabajadores el abogado Rodrigo Franco Anachuri, quien también fue el defensor de los familiares de los brigadistas fallecidos en el incendio ocurrido en el departamento de Guachipas en 2015.

“Los vi el jueves en el San Bernardo”, contó Anachuri. Todos fueron revisados ese mismo día en el Hospital público. El abogado afirmó que “están gravemente golpeados por la Policía” y de acuerdo a lo que pudo reconstruir en su corto diálogo con los detenidos, a Juan Vega, “lo siguieron golpeando adentro de la Legislatura”. 

Al día siguiente de la represión se llamó a los detenidos a una primera audiencia. Desde las 13 hasta las 17 se hicieron las audiencias de imputación; los siete trabajadores fueron acusados de coacción agravada, resistencia a la autoridad, daños calificados y lesiones en perjuicio del personal policial.

Ludmila recién vio a Joel el sábado. “Lo golpearon en las costillas y en la cara. Le sacaron la ropa que tenía”, contó. Dijo que “los tienen en un calabozo a los siete. Están sin comer, en remera y con frío”. Además sostuvo que uno de ellos “está muy mal”. Es Carabajal, según sus compañeros fue operado hace pocos meses de la columna y en la represión vieron que un Policía lo tenía contra el piso y con un pie encima del pecho.

Anachuri contó que Carabajal tiene lesiones de consideración. Agregó que “había sido rameado (arrastrado), tenía el pantalón roto y una fisura en el cráneo”. El trabajador quedó internado ese jueves, pero fue dado de alta al día siguiente y de inmediato fue llevado al mismo destino que el resto de sus compañeros.

En la breve visita que realizaron los familiares el sábado, Ludmila dijo que quiso dejar una manta. “No me dejaron, solo atiné a que acepten un paquete de galletas dulces y uno salado”. Joel le contó que habían sido golpeados en el trayecto de la Legislatura hasta la Alcaídia. “Están en condiciones infrahumanas”, aseguró su pareja. “Tampoco cuentan con los protocolos de higiene por el coronavirus. Ellos estaban sin barbijo al igual que los policías”, afirmó.

Los familiares solo reúnen dichos y uno de ellos es que "no los iban a liberar hasta dentro de 15 días para que tengan un escarmiento”. Las familias no saben si esto es cierto, pero es lo único que les llega.

Inmediatamente después de las detenciones, las familias se organizaron y participaron de la marcha contra el gatillo fácil que hubo el viernes 13 en la ciudad de Salta. Hoy harán lo mismo en las puertas de Ciudad Judicial desde las 9.30. También, la delegada de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (UCAIRRA), Patricia Paz, brindará una conferencia de prensa hoy desde las 10 frente a la Legislatura de la ciudad, en razón de la represión sufrida por los trabajadores remiseros. 

Habeas corpus

Luego del pedido de libertad que realizó, el abogado Anachuri anunció a este medio que presentarán también un habeas corpus. “Hay dos policías heridos y siete personas imputadas, pero hay siete personas heridas del otro lado y no hay imputados”, cuestionó.

En varios videos se vio que efectivos policiales no tenían las insignas con sus nombres. “Se sacan las placas porque alguien dio la orden de reprimir”, argumentó Anachuri. Para el abogado, se trata de “una causa política” porque “esto es más que una causa judicial”, aseguró. “El motivo de su protesta va en contra de los actuales intereses políticos. Ellos se manifiestan pidiendo ser dueños de las licencias” y eso no es escuchado, insistió. 

También, sostuvo que el reclamo viene a cuenta de la situación “casi de esclavitud” a la que están sometidos los remiseros. “Están obligados a pagar el canon de la remisera y prácticamente trabajan para los dueños de las remiseras, donde las mismas agencias llegan a ser dueñas de casi 200 licencias”, criticó.

“Cada hora que los trabajadores están detenidos, el juez (Rodríguez Pipino) le está sacando el pan de la boca de sus hijos”, finalizó el abogado.

"Te voy a arrancar la cabeza"

Durante la represión del jueves los celulares fueron usados para tener los registros sobre lo que sucedió ese día. En unos de los videos que circuló, uno de los remiseros grabó a un efectivo policial que estaba sin identificación ni uniforme mientras lo amenazaba. El vicegobernador Antonio Marocco confirmó que se trataba de su custodia personal.

El custodio amenazó con arrancarle la cabeza al remisero que lo estaba filmando. El video comienza con el diálogo ya iniciado. "No te hagás el campeón conmigo", recomendó el policía acercándose al remisero: "Te voy a arrancar la cabeza", le advirtió. "No te hagás el campeón conmigo porque después nos vamos a ver en otro lado", remató.

Otro trabajador que era testigo del intercambio le señaló que se trataba de "una amenaza directa". Acto seguido, los dos hombres le pidieron al policía que se identificara pero no obtuvieron resultados. 

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Marocco fue consultado en la feria del municipio de Campo Quijano y le confirmó al periodista del portal digital El Tintero de Salta, Ramiro Jiménez, que “es un policía, que estaba allí cubriendo su función”. “Te digo además, es de mi custodia. Estaba custodiando el Palacio Legislativo como hacen todos los jueves cuando estoy presidiendo las sesiones”, enfatizó. Sin hacer referencia a las amenazas emitidas por el efectivo hacia el remisero, le dijo al periodista: “para que te quede claro y para que no busques otra fuente, te la doy yo”.