A los 700 trabajadores del Ferrocarril Belgrano Cargas que realizaban tareas de remodelación del tramo que va de Anta a Pichanal y que la empresa contratista quiere despedir por falta de presupuesto, se suman los más de 600 obreros de Mansfield que quedaron sin empleo en dos tandas, la primera durante la cuarentena, bajo la excusa del parate dispuesto por Nación y Provincia, y esta segunda, en donde se desvinculó una contratista en quiebra.
La crisis económica derivada de la gestión presidencial anterior, sumada a la millonaria deuda externa que generó y la situación actual de cuarentena primero y protocolos de distanciamiento y reducción de personas en muchos espacios laborales después, generó un coctel explosivo que está repercutiendo principalmente en la construcción, producto de un convenio colectivo de trabajo al que no alcanza el DNU presidencial.
El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en Salta, Rubén Aguilar, reconoció a Salta/12 que “es todo un misterio” saber cuántos trabajadores de la construcción han sido cesanteados desde que comenzó la cuarentena, “porque hay empresas que están todavía pagando el 75%, otras que aún no han notificado a los trabajadores sobre su situación, estamos atrás de ese tema pero es muy difícil saber en detalle cuántos son”.
De todas maneras indicó que calculan que ya se reincorporó a un 75% de los trabajadores registrados por el gremio, lo que equivale a unas 7.000 personas. Y estimó que los despedidos superan los mil, “600 de Mansfield (en dos tandas)” y otros tantos que quedaron en la calle de distintas obras privadas.
Aguilar señaló que no computa los puestos del Ferrocarril Belgrano, porque "no están perdidos aún" debido a que hay un proceso de conciliación obligatoria y que “tenemos otras reuniones y vamos a ver qué ofrece el Estado”.
A pesar de estar vigente el decreto emitido por Alberto Fernández, que prohíbe los despidos en todo el territorio nacional, el convenio colectivo de trabajo de los obreros de la construcción (que data de 1975) corre por una vía paralela a la del común de los trabajadores, permitiendo las cesantías en cualquier momento, para ello prevé un fondo especial de desempleo en caso de despido o a cobrar una vez finalizada la obra.
El pago de ese fondo es parte de lo que hoy están reclamando los más de 300 trabajadores de la mina Lindero, contratados por la Electrificadora del Valle SA (Edvsa) para realizar el montaje de la planta de extracción de oro en el yacimiento Lindero, que opera la minera Mansfield.
El secretario general de la UOCRA explicó que en la reunión que mantuvieron con la Secretaría de Trabajo de la provincia “la empresa dijo que les pagó el despido, pero no les dieron la documentación correspondiente por lo que no pudieron cobrar el fondo especial”.
Para hoy está convocada una nueva audiencia, en donde la contratista deberá presentar todos los comprobantes de pago, “para demostrar que la desvinculación está hecha”. A su vez, Aguilar agregó que desde el gremio reclaman que la empresa no podía despedir antes del 27 de abril, fecha en que se desvincula de los servicios que prestaba a Mansfield, “por lo que tendrán que pagar hasta ese día y no menos”.
En el medio de la cuarentena decretada por el avance de la Covid-19, Edvsa empezó a cerrar sus operaciones en distintos puntos del país, “porqué tuvo problemas en Vaca Muerta y quedó en convocatoria de acreedores, por eso Mansfield le pidió la desvinculación”, aclaró Aguilar.
La empresa contratista tiene una deuda millonaria con Pymes que le prestaban sus servicios en Neuquén, con una deuda que supera los $700 millones, y entró en concurso de acreedores.
Con respecto a los 700 empleados que realizaban tareas en el Ferrocarril Belgrano Cargas para la contratista UCSA, Aguilar informó que “están sin trabajar porque la empresa no les otorga ninguna tarea”. A pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, la UTE (unión transitoria de empresas) que se encarga de avanzar en la renovación que une las estaciones Nuestra Señora de Talavera con Pichanal aduce que ya no posee recursos para continuar con el proyecto.
Mientras los directivos de UCSA afirman que el Estado nacional les debe más de $1.500 millones desde noviembre, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (AdIFSE), apunta hacia una firma China CMEC, por haber cortado la financiación comprometida.
Aguilar explicó que de las reuniones entre las partes, se supo que los capitales chinos estarían retaceando el faltante del crédito acordado, en principio debido a la renegociación de la deuda argentina que el ministro Martín Guzmán está llevando adelante, pero también debido a la crisis mundial desatada por el coronavirus.
“En la última reunión logramos destrabar el pago de un 30% de lo adeudado por la última quincena de mayo”, dijo, y agregó que hoy se reunirán nuevamente la empresa junto con las autoridades nacionales de la AdIFSE para analizar la situación y las posibles vías de financiamiento. Mientras, el miércoles se retomarán las negociaciones a la que se sumará la cartera de Trabajo y el sindicato.
